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Amnistía para Antauro
Javier Valle-Riestra
Pido amnistía política para Antauro y otros. Se objeta que como esto es una democracia no puede ser pasiva de rebelión ni delito político. Eso es falsísimo. Veamos ejemplos históricos. Franco, en 1936, se sublevó contra el legítimo Estado Republicano democrático y lo sustituyó a sangre y fuego por el Estado Nacional del cual es sucesor el Estado monárquico actual. Técnicamente el Generalísimo era un delincuente político.
Pero como venció, pasó a héroe. Así que los Estados democráticos o seudodemocráticos son susceptibles de golpes de Estado, de rebeliones, de sediciones y de motines, cuando los factores reales de Poder se desplazan a otros sectores. Esto no quiere decir que si el sujeto activo de un delito político es sometido a juicio se le absuelva. No. Será condenado.
La diferencia entre los delitos políticos y comunes está en que el primero por su ausencia de dolo es estimado éticamente en forma distinta y de vencer pasa a entenderse como heroísmo. Allí están las revoluciones francesa, rusa, cubana, etc. ¿Que hay muertos? En todos esos procesos los hay. Y no es lo mismo matar por la espalda y por codicia que hacerlo en combate. Testifican así los compañeros apristas que asaltaron el cuartel O’Donovan el 7 de julio de 1932. Lógicamente hubo muertos, pero no eran asesinatos. Como sí fueron los fusilamientos de vencidos y desarmados enviados al paredón aquella fecha por el militarismo.
Finalmente, nuestra Constitución distingue el delito político del común en su artículo 37° y señala que no se consideran tales el genocidio, el magnicidio o el terrorismo. Obviamente los etnocaceristas no perpetraron genocidio (exterminar por razones religiosas, raciales o nacionalistas). Tampoco magnicidio (matar al Jefe de Estado). Y menos terrorismo, que se caracteriza por métodos vesánicos. Pero, ¡he ahí la clave! El movimiento humanista reprimido tenía raíces ideológicas y Antauro no mató ni mandó matar a nadie.
Humala perpetró una rebelión sancionada con veinte años de cárcel. Pero esa infracción es un delito político. Ruiz Funes decía que son delincuentes de esa naturaleza quienes el ardor de la pasión ideológica los lleva a infringir el Código. Otros dicen que es el acto que tiene el fin inmediato de turbar o mutar de modo violento el orden político o social del Estado o dañar las instituciones o personas que las dirigen.
Los jóvenes licenciados que participaron en los hechos de Andahuaylas creen tener una concepción patriótica, andina, nacionalista del Perú y no ser gamberros ni canallas. Creen que ese sentimiento pertenece a las mayorías y del que solo está excluida la vieja casta política, vinculada únicamente a sus privilegios. Esto se resume en una palabra: política.
