miércoles, 4 de abril de 2012

Procuradora cuestionó a fiscal por archivar caso Sánchez Paredes: "Es un revés nefasto"

Sonia Medina advirtió que lucha contra el lavado de activos se quiebra en el Ministerio Público. Fiscal Maguiña también archivó proceso contra otros miembros del clan el año pasado

Miércoles 04 de abril de 2012 - 01:46 pm

Procuradora antidrogas Sonia Medina (izquierda) y Manuel Sánchez Paredes (derecha). (Fotos archivo El Comercio)

ROCÍO LA ROSA (@chiolaro)
Redacción online

¿Cómo toma la Procuraduría Antidrogas que la fiscal adjunta superior María Maguiña Torres haya archivado la investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico contra la familia Sánchez Paredes, impidiendo el inicio del juicio oral?
La procuraduría esperaba que se llegue hasta las últimas consecuencias. Es decir, que haya una judicialización completa; ergo, llevarlo a un juicio oral donde se delimiten las responsabilidades penales. Sin embargo, hemos tenido el revés nefasto de parte de la fiscal Maguiña.

Llama la atención que la fiscal haya archivado en pocos días un caso cuyo expediente tiene aproximadamente un millón de folios
Realmente ella nunca conoció este caso. Creo que ni la pasta la conoce, me atrevo a decir eso y con ello no quiero ser irreverente. Supongo que solo conoce el número del expediente, pero aun así ha habido el atrevimiento, la osadía de archivar un megaproceso como este, de más de mil tomos. No creo que esta señora haya podido hacer un análisis sesudo en veinte días para decir que no hay delito o que las pruebas no ameritan, cuando el expediente está plagado de evidencias y pruebas que ameritaban un juicio oral.

¿Usted, que ha acompañado las investigaciones, garantiza la contundencia de las pruebas contra esta familia?
Nada menos que el actual coordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado (Jorge Chávez Cotrina) denunció en su momento, él sabe perfectamente que sí hay pruebas. Caso contrario no habría habido denuncia ni judicialización del caso. Estábamos en vísperas de entrar a un juicio oral.

“EVALUAREMOS ACCIONES”
¿La procuraduría interpondrá alguna queja contra la magistrada Maguiña ante la OCMA?
Oficialmente no hemos sido notificados (del archivamiento del caso), nos hemos enterado el viernes por una nota periodística. El Ministerio Público está en completa reserva. Nos tienen que notificar y una vez que lo hagan evaluaremos. Queremos saber bajo qué términos se ha determinado este archivo, que no es definitivo por supuesto (el dictámen de la fiscal Maguiña pasará a la Sala Penal Nacional). Guardamos la mínima esperanza de que los fiscales supremos tengan otro criterio.

¿Considera que el presidente Humala debe separar a su asesor Eduardo Roy Gates, que ha sido abogado de los Sánchez Paredes, a fin de evitar suspicacias de injerencia política en el caso?
Yo no voy a hablar sobre personas en particular. Como procuradora del Estado pido que las autoridades se pronuncien sobre el riesgo del sistema contra el lavado de activos. No es el primero ni será el último caso archivado. Hace rato que el Ministerio Público ha dado muestras de estos criterios. La mitad de casos está en riesgo de ser archivado.

SE QUIEBRA EL SISTEMA
El el caso de los Sánchez Paredes la policía hizo su trabajo, la fiscalía venía haciendo lo propio y ahora es la propia fiscalía la que archiva. Dónde está fallando esta lucha
Se quiebra el sistema en el propio Ministerio Público, contradictoriamente. Yo no puedo entender que tras cuatro años de investigación de una policía especializada, que mereció la denuncia de un fiscal, ahora el Ministerio Público retroceda y diga que no hay delito. ¿Contra qué hemos estados peleando estos cuatro años? Hay cuatro señores que dicen que no tienen desbalance patrimonial, cuando las pericias policiales determinaron lo contrario. Entonces que se demuestre, por qué el miedo.

¿Tiene la fiscal Maguiña experiencia en casos de lavado de activos, ha llevado algún otro caso?
No se cuánto pueda tener de experiencia. No es la primera vez que ella archiva un caso de lavado de activos, también archivó definitivamente el caso de los Sánchez Miranda. Se podía deducir que estábamos frente a una muerte anunciada.

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Miércoles 04 de abril de 2012 - 01:46 pm Comentar Valorar

Garantes: entre la prudencia y los excesos

Hugo Chávez y Lula da Silva, las dos caras de la participación internacional en las liberaciones. Venezuela con mayores pretensiones y Brasil, ejemplo de prudencia, según expertos.

Más allá de los gestos de las FARC, la liberación de todos los secuestrados políticos desde el 2008 tuvo éxito gracias a la labor de varios países. España, Francia, Suiza, Venezuela, y sobre todo Brasil, fueron determinantes en estos procesos.

Lunes 2 Abril 2012

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Después de las heridas del frustrado proceso de paz del Caguán (1998 – 2001), la desconfianza recíproca entre el gobierno colombiano y las FARC creció a tal punto que los diálogos entre las partes eran casi imposibles.

Y en la mitad de esa desconexión, más de una veintena de secuestrados, entre miembros de la fuerza pública y dirigentes políticos, seguían padeciendo el calvario de ver pasar los días "pudriéndose en lo profundo de la selva", como alguna vez lo dijo Alan Jara.

Hoy, cuando las FARC ya no tienen bajo su poder a ninguno de los 'secuestrados políticos', aquellos que hacían parte de la lista de los canjeables en un eventual intercambio humanitario, hay un actor fundamental: los garantes. Gobiernos de otros países que pusieron de su parte para poner fin a un drama que se extendió por más de diez años, al tratar de mediar entre el gobierno colombiano y la guerrilla.

Hay quienes como el congresista Iván Cepeda (Polo) califica la labor de quienes han oficiado como garantes como "invaluable" y "determinante", al punto que afirma que sin esa participación hoy sería imposible pensar en que los secuestrados políticos estuviesen en sus hogares.

Jaime Bernal Cuellar, exprocurador y exintegrante de la llamada ‘Comisión Facilitadora’ de la sociedad civil con el ELN, es más mesurado al evaluar esa misión, pues considera que la función de los garantes solo fue determinante para "verificar y constatar" los acuerdos de las partes para proceder a las liberaciones.

Por ejemplo, dice Bernal Cuellar, vigilar que la Fuerza Pública no adelantara operativos militares durante las liberaciones; que ambas partes cumplieran las reglas en el marco del conflicto para este tipo de misiones humanitarias; que se respetara el Derecho Internacional Humanitario; y comprobar las condiciones en que los secuestrados regresaban a la libertad.

El porqué los garantes

Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la labor del comisionado de paz se concentró en el proceso de paz con las Autodefensas. Era el primer punto de su agenda, mientras los acercamientos con las FARC parecían olvidados.

Eran momentos en que los secuestros de Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos -Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes- eran la circunstancia para que la Comunidad Internacional ejerciera presión al gobierno colombiano para lograr las liberaciones a toda costa. Con ellos secuestrados, el asunto tenía mayor interés de países extranjeros.

En principio, tres países mantenían su papel de "facilitadores". Francia, España y Suiza eran conocidos como los tres "países amigos" que propusieron desde una zona desmilitarizada en el Valle del Cauca, cuyo epicentro sería El Bolo Azul, hasta la liberación de Rodrigo Granda (el canciller de las FARC) y un grupo de guerrilleros detenidos en Cómbita, la cual se produjo en 2007 y tiempo después se conoció que había sido una petición del presidente Nicolás Sarkozy a la cual accedió el presidente Uribe.

Mientras tanto el gobierno colombiano priorizaba la mediación de la Iglesia Católica a la hora de acercarse a las FARC, pero el secretariado de esa guerrilla nunca aceptó al Clero como interlocutor.

La entonces senadora Piedad Córdoba, respaldada por muchos colectivos sociales, entre ellos las familias de los secuestrados, emergía como la abanderada de las liberaciones y de una salida política y negociada al conflicto, cuando ese escenario parecía un 'tabú' pues el gobierno de mano dura de Uribe tenía contento a una mayoría del país.

Córdoba, en el segundo semestre de 2007, adelantó sus propias gestiones. Incluyeron desde visitas a alias 'Simón Trinidad' y alias 'Sonia', detenidos en cárceles de Estados Unidos, quienes siempre habían encabezado la lista de guerrilleros canjeables por secuestrados. Piedada buscaba "mover los inamovibles” que siempre habían obstaculizado las posibilidades de libertad de los secuestrados: el mencionado canje de "prisioneros", una zona desmilitarizada, y la renuncia de la guerrilla a las prácticas de terror, como el secuestro.

Unos inamovibles que se hicieron más rígidos desde junio de ese año, cuando el país conoció la noticia de la masacre de once de los doce diputados del Valle a manos de las FARC.

Los excesos de Chávez

Piedad Córdoba consiguió que el presidente Álvaro Uribe la autorizara como facilitadora para las liberaciones de los secuestrados. Una labor que tuvo el acompañamiento de un actor extranjero, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

La labor de Chávez fue muy polémica, pues además de las buenas intenciones y del carácter humanitario de la gestión, tuvo sus excesos.

A finales del 2007 Chávez apareció en el palacio Miraflores junto a Piedad Córdoba y un miembro del secretariado de las FARC, Iván Márquez. El presidente venezolano empezó a ir más allá y hasta ofrecer sus buenos oficios para la paz definitiva, mientras el gobierno colombiano, que lo había autorizado, empezaba a sentir mayor desconfianza.
Sin embargo, la logística de esas liberaciones contó con el liderazgo y la condición de garantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuya misión siempre ha sido la de ofrecer imparcialidad en todos los procesos en el mundo.

Fue en enero de 2008 que sucedieron las primeras liberaciones unilaterales de las FARC. Se anunció el regreso de Clara Rojas y su hijo Emmanuel (nacido en cautiverio), y la congresista Consuelo González de Perdomo.

Un proceso que tuvo muchas dificultades. El 28 de diciembre del 2007, y como si se tratara de una inocentada, se conoció la noticia de que el niño Emmanuel no estaba en poder de las FARC. Luego apareció bajo la custodia de una familia campesina y luego en poder del Bienestar Familiar. A pesar de la desconfianza el proceso siguió adelante y culminó con éxito.

Pero días después de lo que Uribe calificó de ‘show mediático’, cuando Chávez recibió a Piedad Córdoba y a los secuestrados, el presidente de Venezuela sorprendió cuando, en plena Asamblea de los Diputados (el Congreso venezolano), abogó porque las FARC dejarán de ser consideradas terroristas.

Tal anunció motivó a que Uribe, en medio de una presión política interna, diera por concluida la facilitación de Piedad y Chávez.

Posterior a esa decisión, el Ejército y la Policía colombiana asestan el mayor golpe a un miembro del secretariado de las FARC. El 2 de marzo del 2008, en la provincia de Sucumbíos (Ecuador) dan de baja a alias 'Raúl Reyes' en un operativo que minó las relaciones de ambos países al ser considerado por el presidente Rafael Correa como violación a la soberanía.

El gobierno reveló el contenido de uno de los computadores de Reyes, en los que había correos electrónicos que probaban supuestamente las relaciones de Chávez con las FARC.

La guerrilla, en un gesto de respaldo al presidente venezolano, anunció la entrega de otros cuatro secuestrados políticos. Los excongresistas Jorge Eduardo Géchem, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco y Orlando Beltrán fueron liberados y entregados a Piedad y Chávez.

Iván Cepeda admite que la labor de Chávez "pudo tener sus excesos", pero advierte que en ese momento la situación de los secuestrados estaba en una "sin salida" porque Uribe se había negado a la mediación de España, Francia y Suiza, mientras que las FARC se oponían a que fuera la Iglesia.

Por eso, dice Cepeda, la participación de Venezuela fue decisiva porque "descongeló unos procesos humanitarios que parecían imposibles, y que permitieron la libertad de todos los secuestrados políticos".

Jaime Bernal Cuellar dice que la mediación de Venezuela sobrepasó los límites. Porque no se conformó con su papel de ofrecer garantías y mantener neutralidad, sino que "tomó partido" al respaldar a las FARC. "En ese momento Venezuela quiso tomar parte en el conflicto interno colombiano".

La aparición de Brasil

Finalizada la mediación de Venezuela, y tras el congelamiento de las relaciones entre los gobiernos de Chávez y Uribe, Piedad Córdoba sigue trabajando por las liberaciones. Cruza cartas al secretariado de las FARC y ambienta la plataforma de Colombianos y Colombianos por la paz, que en principio buscaba las firmas de ilustres personalidades en el mundo para presionar las liberaciones de todos los secuestrados.

En eso andaba Piedad cuando entre junio y julio del 2008 el Ejército colombiano dispuso una operación de inteligencia militar que culmina con el rescate de Ingrid Betancourt, los tres contratistas estadounidenses y once uniformados.

La operación de inteligencia fue muy controvertida, pues el Ejército colombiano acondicionó helicópteros y hasta utilizó los símbolos de la Cruz Roja para encubrir una operación militar detrás de una operación humanitaria, que en principio tenía el objetivo de trasladar a los secuestrados de un campamento de las FARC a otro.

La llamada Operación Jaque, aplaudida por todo el planeta, generó mayor desconfianza de las FARC, incluso con la Cruz Roja.

Por eso durante ese año no se volvió a hablar de liberaciones hasta que en diciembre Piedad Córdoba reveló un anuncio de las FARC de liberar al exgobernador del Meta Alan Jara, al exdiputado del Valle Sigifredo López, y a cuatro uniformados.

Las FARC condicionaban la liberación a la participación de Venezuela. El gobierno Uribe rechazó la exigencia. Pero se insistió en el papel de algún país para ser garante de este nuevo proceso.

Brasil y Argentina (que en ese momento era interlocutor entre Colombia y los gobiernos de Venezuela y Ecuador) aparecían entre las posibilidades. El gobierno Lula da Silva se ofreció para participar en la operación humanitaria.

Brasil dispuso de helicópteros y pilotos que sólo se encargaron de ir a las coordenadas que las FARC entregaron a la Cruz Roja y a Piedad Córdoba. Y así, en enero del 2009, se produjeron, en varias etapas, las liberaciones de los soldados Walter José Lozano Guarnizo, Juan Fernando Galicia , Alexis Torres Zapata y William Domínguez.

Con la participación de Brasil como garante, recuperaron la libertad el soldado Josué Calvo (28 de marzo del 2010), Pablo Emilio Moncayo (31 de marzo del 2010) y las FARC entregaron los restos del mayor Julián Ernesto Guevara (1 de abril del 2010). El concejal de Garzón Armando Acuña (10 de febrero del 2011) y los policías Guillermo Solórzano y Salín Antonio Sanmiguel, también volvieron a sus hogares.
Estas últimas liberaciones se produjeron como un gesto de las FARC en reconocimiento a Piedad Córdoba, que en septiembre del 2010 recibía su mayor golpe político. La procuraduría la inhabilitaba por 18 años al señalar que sus gestiones como facilitadora entre el gobierno y las FARC trascendieron los límites de la función humanitaria.

'Colombianos y colombianas por la paz' se convirtió en la única plataforma de Piedad Córdoba para seguir su trabajo por la libertad de los secuestrados, pero nunca obtuvo el aval del presidente Juan Manuel Santos.

Este lunes 2 de abril, y con la participación de Brasil como garante, fueron liberados los últimos 10 uniformados que las FARC mantenían en cautiverio.

Iván Cepeda, al calificar la función de Brasil, dice que se limitó al asunto logístico, pero que su concurso fue determinante para el desarrollo de estas misiones humanitarias. "Sin Brasil hubiera sido imposible", dice al recordar que las FARC no aceptaron el concurso de funcionarios colombianos ni la única garantía de la Cruz Roja. Sino que la presencia de un país extranjero permitió que este tipo de operaciones pudiera realizarse.

Bernal Cuellar califica la función de Brasil como "ejemplar" porque siempre fue neutra y no tomó parte de ninguna de las posiciones del conflicto. "Brasil entendió que su misión era la de ser testigo, de que las partes cumplieran las reglas, y esa función la hicieron a cabalidad".

¿Cómo sería un proceso de paz entre Santos y las FARC?

Si el presidente Juan Manuel Santos quiere firmar la paz, el gobierno y las FARC tendrían que adelantar un proceso cuyos términos han sido fijados por una ley vigente y que se complementarían con dos proyectos que actualmente discute el Congreso.

Archivo SIG Si el presidente Juan Manuel Santos quiere firmar la paz, el gobierno y las FARC tendrían que adelantar un proceso cuyos términos han sido fijados por una ley vigente y que se complementarían con dos proyectos que actualmente discute el Congreso.

NEGOCIACIONESEn una eventual negociación, el gobierno puede autorizar voceros para adelantar acercamientos. Eso sí, no habrá despejes ni zonas desmilitarizadas en el país. Los diálogos serían en el exterior. Se suspenderían órdenes de captura y se ofrecerían penas alternativas a quienes dejen las armas.

Miércoles 4 Abril 2012

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Políticamente, hablar de un proceso de paz entre el gobierno y las FARC se advierte prematuro. Pero después de la liberación del último de los secuestrados 'políticos' en poder de la guerrilla, el escenario parace más cercano. O por lo menos, hay un tibia esperanza de que así pueda suceder.

El presidente Juan Manuel Santos valoró "en toda su dimensión" el gesto unilateral de la guerrilla de liberar a los 10 uniformados que continuaban secuestrados. Lo calificó como "un paso en la dirección correcta", pero "insuficiente".

Sin embargo, el presidente de la República reiteró a las FARC las otras condiciones que faltarían para acordar una solución dialogada al conflicto como fórmula para alcanzar la paz.

Además de cumplir con la promesa de no volver a recurrir a la práctica del secuestro, Santos exigió la liberación de "todos los secuestrados civiles" que aún estén en poder de las FARC.

Y aunque no lo dijo en su alocución del pasado lunes, en reiterados discursos (por ejemplo en el de su posesión el 7 de agosto del 2010) Santos también le ha pedido a las FARC cesar los ataques terroristas contra la población civil, el desminado de territorios, y poner fin al reclutamiento de menores para la guerra.

Esas serían las condiciones para que, en palabras de Santos, "se inicie un proceso que lleve a la terminación del conflicto". Pero, ¿cómo sería ese eventual proceso de paz?
En diciembre del 2010 Santos sancionó la prórroga a la Ley de Orden Público. La misma que en 1997 posibilitó el despeje de una zona comprendida entre San Vicente del Caguán (Caquetá) y otros cuatro municipios en el departamento del Meta, pero que el Congreso modificó precisamente atendiendo las peticiones del actual gobierno.

Esa ley es la que delimita los alcances de cualquier futuro proceso de paz. Y al tener vigencia hasta el 21 de diciembre del 2014, podría entenderse como la ‘hoja de ruta’ del actual gobierno para alcanzar la paz, pero por la vía negociada.

Los acercamientos
La ley faculta al presidente de la República de autorizar a "representantes" para realizar actos tendientes a propiciar acercamientos y adelantar diálogos previos con los grupos armados ilegales.

Esos acercamientos tendrán fines específicos. "... Obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de estos grupos o lograr su sometimiento a la ley, enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan por un orden público, social y económico justo".

El presidente Santos, de momento, no ha autorizado a ningún "representante". Es más, ni siquiera ha encomendado el cargo de Comisionado para la Paz. El lunes, tras la liberación, dijo que ese tipo de acercamientos, autorizados por la Ley, no se han adelantado.

Incluso Santos asegura que cuando haya las condiciones para un proceso de paz "el país lo sabrá", y por eso manifestó que todo lo que se ha dicho, que Santos viajó a Cuba también para pedir algunas gestiones reservadas al gobierno de Raúl Castro, "no son más que especulaciones".

Sin 'caguanes ni 'ralitos'
Santos le pidió al Congreso la prórroga de la Ley de Órden Público pero eliminando la facultad al presidente de despejar o desmilitarizar cualquier zona del territorio colombiano. Es decir un eventual proceso de paz no repetiría ni zonas de despeje como las del Caguán, ni zonas de concentración como la de Ralito, donde se firmaron los acuerdos con las Autodefensas.

"... En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional", dice el texto de la mencionada ley.

En consecuencia, cualquier mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC sólo podrá tener lugar en el exterior.

¿Quiénes participarían de los diálogos?

Una mesa de diálogo estaría integrada, además del gobierno, por los ‘miembros-representantes’ de las FARC y los ‘voceros’ de esa guerrilla.

La ley define a los ‘miembros-representantes’ como la persona que el grupo armado designe como representante para participar en los diálogos, en la negociación o en la suscripción de acuerdos. Pueden ser los mismos miembros del secretariado.

Y los ‘voceros’ son definidos como aquellas personas de la sociedad civil que sin pertenecer al grupo armado ilegal, pero con el consentimiento expreso de este. No podrán ser voceros, dice la ley, aquellas personas que antes del inicio de los diálogos tenga vigente una resolución de acusación en su contra. La exsenadora Piedad Córdoba perfectamente podría participar en este tipo de negociaciones.

Las garantías
La foto de Santos dialogando con Timochenko podría ser posible en la medida en que la Ley de Orden Público pide a las autoridades judiciales suspender las órdenes de captura vigentes contra quienes representen a la guerrilla.

Y además se suspenderán las ordenes de captura que se puedan producir contra voceros del grupo armado ilegal con posterioridad al inicio de los diálogos y negociaciones.

La suspensión de las órdenes de captura será exclusivamente por el tiempo que duren los diálogos.

Sin indultos ni amnistías
Jurídicamente, el gobierno no puede ofrecerle nada distinto a los miembros de las FARC que su sometimiento a la justicia o la reincorporación a la vida civil, siempre que abandonen las armas.

Pero Colombia, por haber suscrito el Tratado de Roma en 1998 que le dio vida a la Corte Penal Internacional, ya no puede culminar ningún proceso de este tipo con amnistías, indultos o leyes de perdón y olvido.

Los crímenes de lesa humanidad, según ese tratado, tienen que ser judicializados. Por eso el gobierno Santos ha apostado por ofrecerle a la guerrilla la posibilidad de pagar "penas alternativas" a las contempladas por el Código Penal, que para muchos delitos de lesa humanidad, alcanzan los 60 años de prisión.

La ley de Justicia y Paz contempló este mecanismo para la desmovilización de las Autodefensas y algunos miembros de la guerrilla que abandonaron las armas de forma individual.

Pero los actuales miembros de la guerrilla no pueden acogerse a este proceso, porque dicha ley solo cobijó a quienes abandonaron las armas antes del 2006.

En consecuencia, Santos no tenía más salida que ofrecer el sometimiento a la justicia.

Por eso aceptó el llamado marco legal para la paz, que no es más que el establecimiento en la Constitución de mecanismos de justicia transicional (como los contemplados en la Ley de Justicia y Paz).

Ese proyecto lo podrá tener Santos en el mes de junio.

Y le permitiría entregarle a los miembros de las FARC la

posibilidad de pagar condenas de máximo ocho años,

a cambio que dejen las armas, se comprometan con

revelar la verdad de los hechos y resarcir a las víctimas.

Las pretensiones de las FARC
El canje de prisioneros, el despeje de una zona del territorio, antiguas exigencias de las FARC, quedaron en el pasado.

El más reciente comunicado del jefe de la guerrilla, alias ‘Timochenko’, pide al gobierno retomar ‘la agenda del Caguán’.

"Nos interesa tratar en una hipotética mesa de conversaciones. De cara al país. Poner en cuestión las privatizaciones, la desregulación, la libertad absoluta de comercio e inversión, la depredación ambiental, la democracia de mercado, la doctrina militar", dijo 'Timochenko' el pasado 9 de enero.
Mientras tanto, 'mano dura'
Para el gobierno, las FARC han dado pasos en la dirección correcta, pero aún insuficientes. Y mientras no cumplan con las otras condiciones que Santos ha enunciado, la política del gobierno será la de "enfrentar a los violentos con toda la firmeza, con toda la contundencia y con toda la efectividad, y en esa política vamos a seguir", como lo reiteró el lunes el presidente de la República .

Pero muchos consideran que esa política es insuficiente para poner fin al conflicto por la vía militar.Y por eso el gobierno trabaja para fortalecer el fuero militar que le de seguridad a la tropa en su ofensiva contra la subversión.

Ese fortalecimiento del fuero, que para muchos significa la vía libre a una ofensiva final en el conflicto, estaría listo en el 2013. Hasta allá el gobierno confía en que la guerrilla “no deje pasar el tren” y pueda sentarse a dialogar con el gobierno.

Por eso todos los mecanismos de paz, la prórroga de la ley de orden público, y probablemente el marco legal para la paz tendrán como fecha de vigencia límite el 2014. Precisamente el término del gobierno de Juan Manuel Santos. Si no se reelige. De reelegirse, y si no ha conseguido la paz, esta legislación tendría que actualizarse.

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