D.L. 1097, EDITORIAL DE EL DIARIO EL COMERCIO.Gobierno y derechos humanos Jueves 09 de septiembre de 2010 - 07:03 am

(Editorial) D.L. 1097, Gobierno y derechos humanos

Jueves 09 de septiembre de 2010 - 07:03 am

La ratificación en el cargo del ministro de Justicia, Víctor García Toma, por parte del jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, no ha logrado despejar las serias dudas sobre la pertinencia y posibles perjuicios del Decreto Legislativo 1097, que apunta, entre otras cosas, a sobreseer (cesar) algunos casos de violaciones de derechos humanos.

¿A quién se pretende beneficiar? ¿Por qué se da en este momento, a diez meses de concluir el Gobierno? ¿Y, sobre todo, qué necesidad había de promover una iniciativa de este tipo, en un tema tan sensible, que marcó la historia reciente del país, vinculado al respeto a los derechos humanos, la justicia, la lucha contra la impunidad y el complejo proceso de reconciliación nacional?

Estas cuestiones se tornan mucho más preocupantes por el modo en que se ha pergeñado la mencionada norma, en un clima de confusión, marchas y contramarchas al interior del Poder Ejecutivo, que incluso llevaron al doctor García Toma a tener que anunciar su posible renuncia “si no se enviaba al Congreso la exposición de motivos del Ministerio de Justicia”.

Al parecer, eso es lo que finalmente se hizo, dejando de lado el documento del sector Defensa. Pero, por encima de detallismos legalistas sobre la argumentación del D.L. 1097, lo cierto es que este aún sigue vigente, es decir tiene vida propia y, según la interpretación de tal o cual juez, abre un abanico de opciones de impunidad para los acusados de delitos contra derechos humanos, sobre todo militares y policías.

El ministro de Justicia ha dicho que esta norma solo surtiría efecto para los procesos en etapa de instrucción, por lo que no aplicaría para los miembros del destacamento Colina –que de inmediato han invocado el decreto para pedir el archivamiento de su caso– ni para el ex presidente Alberto Fujimori o cualquier otra persona responsable de delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, sí podría ser accionado para decenas o cientos de procesados por derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), lo cual sería realmente perturbador para el sistema de justicia y el Estado de derecho.

Habría que preguntarse el porqué de un decreto que parece direccionado. ¿Acaso no habría bastado la aplicación de cuerpos normativos vigentes penales, procesales o de ejecución penal?

El tema, como se puede ver, no está agotado, y puede afectar también la imagen del país en materia de derechos humanos. Como bien ha advertido la Defensoría del Pueblo, es obligación del Estado garantizar “el respeto del derecho a la verdad y la tutela judicial efectiva de las víctimas y familiares de estas graves violaciones a los derechos humanos”, por lo que exhorta a la Comisión de Constitución del Congreso a realizar “el control político previsto [...], a fin de garantizar su validez y compatibilidad con las normas y principios constitucionales”.

Si el Gobierno no deroga el controvertido decreto, el Congreso tiene, pues, que asumir su responsabilidad de revisarlo o de plantear acciones de inconstitucionalidad, para garantizar el imperio de la justicia y del respeto a los derechos humanos, en los que el Estado democrático no puede permitir retrocesos.