EL COMERCIO. EDITORIAL. 25 Set 2010.

EL COMERCIO. EDITORIAL. 25 Set 2010.


RINCÓN DEL AUTOR
Otra bomba de tiempo a la vista
Por: Hugo Guerra
Sábado 25 de Setiembre del 2010


El Gobierno vuelve a equivocarse peligrosamente al tratar a militares y policías de manera injusta,
discriminatoria e incluso inconstitucional.
En el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el 2011, trabajado por la ex
ministra de Economía Mercedes Aráoz, se persiste, efectivamente, en propuestas absurdas:
Primero, se postula la eliminación de la mal llamada cédula viva para los actuales pensionistas
de FF.AA. y PNP, lo cual es demagógico porque en el Perú militares y policías tienen derecho
adquirido a una pensión renovable debido a que su régimen laboral es totalmente diferente al
de cualquier personal civil (incluso las normas los consideran como funcionarios de Estado y no
funcionarios públicos). Esto se explica, entre otras cosas, por el riesgo de vida, disponibilidad permanente, no cobro de horas extras, trabajo en zonas de emergencia, no deliberancia,
imposibilidad de sindicalizarse, etc. Además, los militares no tienen 14 sueldos al año ni CTS y su régimen es práctica común en casi todos los ejércitos del mundo porque jamás podrá haber una AFP para este sector.


Luego, se plantea la liquidación de la Caja de Pensiones Militar-Policial, sin recordar que desde
el 2006 los ministros de Defensa Wagner, Flores-Aráoz y Rey trabajaron una propuesta de
reestructuración salarial y pensional que se resume en una viable homologación de sueldos y con
ordenamiento total a través de incrementos escalonados en 5 años. Para eso no es necesario que
se liquide la caja, sino que el Estado le reconozca y pague progresivamente su deuda ascendente
a más de 1.300 millones de soles (acumulados entre 1980 y enero de 2010), que el Fedadói le
devuelva los 240 millones de soles recuperados de los corruptos y que los aportes se incrementen
(de 6% a 15% a cargo del Estado, de 6% a 12% a cargo del personal, más un aporte adicional de
los jubilados).


Solo manteniendo la vigencia de la caja se garantizaría un sistema previsional, sin afectar al tesoro
público ni el derecho de los jubilados actuales, y estableciendo el fin de las pensiones renovables
recién a partir de fecha futura.
La tercera propuesta, de recortar las partidas presupuestales para el VRAE es nefasta y sería una
afectación maliciosa de la seguridad y la defensa nacional en la lucha contra el narcoterrorismo.
La cuarta propuesta, de suspender por dos años el ingreso a las escuelas de formación de las
FF.AA., es peligrosa. La dotación de personal no se establece al azar, sino a partir de planes
institucionales estratégicos de largo plazo, y de un análisis de las amenazas para el país. Por
tanto, se afectarían directamente los lineamientos de la Política de Defensa Nacional a través de
una ley presupuestal que, por la puerta falsa, modificaría inconstitucionalmente nada menos que el
rol de las Fuerzas Armadas.


La quinta propuesta consiste en una disminución presupuestal el 2011 en más de 700 millones de
soles, porque el eventual incremento salarial selectivo, proyectado antitécnicamente, implicaría
recortar las partidas operativas de los institutos armados. Baste un solo ejemplo: si se aprueba
el proyecto de ley, el Ejército debería reducir en 50% sus tropas del servicio militar voluntario,
se tendrían que replegar las bases contra terroristas en el Huallaga, los puestos de vigilancia en
el Putumayo, la cordillera del Cóndor, y no se podrían garantizar las elecciones generales del
próximo año.


Reiteradamente el presidente García ha ofrecido solucionar el problema estructural de FF.AA. y
PNP, el ex primer ministro Velásquez Quesquén se comprometió a no afectar a los jubilados, sin
embargo, el nuevo Gabinete recibe –bajo forma del proyecto de ley presupuestal– una bomba de
tiempo que afectaría desde las condiciones de vida hasta la moral del personal y sus familiares (en
total más de dos millones de personas).


Los argumentos económicos esgrimidos son inconsistentes, las cifras oficiales incorrectas (por ejemplo se ha dicho que un general de división gana S/.13.817 y es falso porque nadie
percibe más de S/.8.875, frente a los 7 mil dólares de un general chileno). Si a eso se suma el maltrato político, legislativo y jurídico que llevó a abortar una norma esencialmente buena perodesnaturalizada como el D.L. 1907 –que injustamente le costó el cargo de ministro a Rafael Rey–, cabe volver a preguntarse si todo este maltrato obedece a una cuestión ideológica, incomprensión de roles, odio, incompetencia o intereses ocultos.


La democracia en el Perú jamás será sólida si no integra plenamente a sus FF.AA. y policiales, porque en el mundo (y ojo que Costa Rica no es una excepción) no existe un solo Estado que
pueda, realmente, prescindir de ellas, salvo que esté dispuesto a perder su plena soberanía.