Es necesario que el Congreso de la República desestime esta semana el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el 2011, presentado por la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, porque es injusto, discriminatorio e inconstitucional respecto de los militares y policías.
Son varios los motivos que amparan esa urgencia. En primer lugar, porque se propone la eliminación de la mal llamada cédula viva para los actuales pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales, cuando se sabe que en el Perú, como en otros países, los militares y policías tienen un régimen especial, según lo establece la Constitución.
Se trata de un derecho adquirido que les da la prerrogativa de recibir una pensión renovable de acuerdo con un régimen laboral diferente a cualquier civil. Dicho régimen se aplica por las condiciones de su trabajo, por ejemplo, riesgo de vida, disponibilidad permanente, no cobro de horas extras, trabajo en zonas de emergencia, entre otras. Además, los uniformados no tienen 14 sueldos al año ni CTS.
De otro lado, resulta preocupante que el proyecto plantee la liquidación de la Caja de Pensiones Militar-Policial, cuando esta se constituye en la base previsional de las Fuerzas Armadas y policiales.
Llama la atención que no se haya tomado en cuenta que desde el 2006 los ministros de Defensa Allan Wagner, Ántero Flores-Aráoz y Rafael Rey elaboraron una propuesta de reestructuración salarial y previsional que establecía la homologación de sueldos y un ordenamiento que preveía incrementos escalonados en cinco años.
Así, en lugar de plantear la desaparición de la Caja de Pensiones Militar-Policial, lo que corresponde es que el Estado acuda en su auxilio, empezando por abonar las deudas que mantiene con ese fondo. De esta manera, no se afectaría el Tesoro público ni el derecho de los jubilados actuales, y más bien se podrían dar los pasos que corresponden para poner fin a las pensiones renovables de manera progresiva.
De otro lado, ha causado explicable preocupación que el anteproyecto anuncie el recorte de las partidas presupuestales para el VRAE, la suspensión por dos años del ingreso a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas y una disminución de sus presupuestos en más de 700 millones de soles. Como se ve, medidas todas que frenarían la lucha contra flagelos que los institutos armados tienen que seguir combatiendo, empezando por el terrorismo.
Ante esto y como ha señalado el comandante general de la Marina, Rolando Navarrete, en carta dirigida al ex ministro Rafael Rey, el proyecto del Ejecutivo “no forma parte de una reforma integral de los sistemas remunerativos, pensionarios y de personal de las Fuerzas Armadas y, por el contrario, contraviene disposiciones expresas”.
Es más, con respecto a las medidas que podrían afectar el quehacer de las FF.AA. y PNP, tiene razón cuando señala que no ha se consultado al Consejo de Seguridad, “instancia a la que le corresponde aprobar la política de seguridad y defensa nacional que incluye el planeamiento estratégico personal”.
Lo que corresponde es, pues, que el Gobierno cumpla lo prometido: solucionar el problema estructural de las Fuerzas Armadas y policiales. Como hemos postulado es responsabilidad del Estado Peruano realizar acciones concretas para mejorar el nivel de vida de los militares, hacer transparente la política de sueldos y propiciar mecanismos de control, internos y externos, para fiscalizar el manejo de recursos e inversiones de los institutos armados.
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