OPINIÓN | Mar. 19 oct '10
n nuestro país nunca ocurriría una fuga masiva de prisioneros, no tendría porqué darse, ya que en nuestras cárceles los delincuentes tienen todas las facilidades para seguir operando en sus actividades criminales.
Incluso, además de esa libertad para actuar, el contribuyente les paga la comida, el alojamiento, la protección policial; es más, se les permite la ocasional fiesta bailable. ¡Qué van a querer dejar la comodidad y seguridad de ese oasis!
Es un verdadero escándalo la situación de penales como Piedras Gordas, Picsi o El Milagro. Desde allí, con el uso de celulares, se coordina asaltos, secuestros y hasta alianzas electorales entre grupos subversivos criminales. Todo ello a la vista y paciencia de funcionarios del INPE, en evidente complicidad con los delincuentes.
Más aún, en Piedras Gordas no hay falta de infraestructura. Es un penal moderno con tecnología de punta, pero con corruptos empleados que apagan, malogran o simplemente desenchufan los equipos bloqueadores de celulares. En realidad, no importa cuánto invierta el Estado en mejorar las cárceles si el que está a cargo es un corrupto. La inversión se ha desperdiciado.
Así que sin la excusa del hacinamiento o la falta de recursos de otros penales, en Piedras Gordas se ha desnudado al INPE como una institución corrupta hasta los huesos.
Por otro lado, en la primera gestión de la ministra Fernández se propuso la concesión de las cárceles, pero como existe poca convicción dentro del gobierno en desprenderse de funciones, se daba todo tipo de explicaciones –“solo se encargarán de construirlos... el Estado seguirá a cargo”– como que no quisieran hacerlo. Resultado de esa falta de convicción es que recién, luego de más de tres años, se va a entregar el primer contrato, cuando lo que debería hacerse es cerrar el INPE, y para ello les puede ser muy útil el sector privado.
Administrar un centro penitenciario no es un rol fundamental del Estado; en muchos países las empresas lo hacen adecuadamente. Lo que tiene que hacer el Estado es fiscalizar que el concesionario cumpla su función; de existir ineficiencia o malos manejos, se cancela el contrato, se ejecuta la fianza y se otorga a otro concesionario. Con rapidez y transparencia, sin políticos o sindicatos de por medio, permitiéndonos de esa manera reemplazar al ente estatal a cargo de las cárceles –el ineficiente y corrupto INPE– que no tiene arreglo
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Incluso, además de esa libertad para actuar, el contribuyente les paga la comida, el alojamiento, la protección policial; es más, se les permite la ocasional fiesta bailable. ¡Qué van a querer dejar la comodidad y seguridad de ese oasis!
Es un verdadero escándalo la situación de penales como Piedras Gordas, Picsi o El Milagro. Desde allí, con el uso de celulares, se coordina asaltos, secuestros y hasta alianzas electorales entre grupos subversivos criminales. Todo ello a la vista y paciencia de funcionarios del INPE, en evidente complicidad con los delincuentes.
Más aún, en Piedras Gordas no hay falta de infraestructura. Es un penal moderno con tecnología de punta, pero con corruptos empleados que apagan, malogran o simplemente desenchufan los equipos bloqueadores de celulares. En realidad, no importa cuánto invierta el Estado en mejorar las cárceles si el que está a cargo es un corrupto. La inversión se ha desperdiciado.
Así que sin la excusa del hacinamiento o la falta de recursos de otros penales, en Piedras Gordas se ha desnudado al INPE como una institución corrupta hasta los huesos.
Por otro lado, en la primera gestión de la ministra Fernández se propuso la concesión de las cárceles, pero como existe poca convicción dentro del gobierno en desprenderse de funciones, se daba todo tipo de explicaciones –“solo se encargarán de construirlos... el Estado seguirá a cargo”– como que no quisieran hacerlo. Resultado de esa falta de convicción es que recién, luego de más de tres años, se va a entregar el primer contrato, cuando lo que debería hacerse es cerrar el INPE, y para ello les puede ser muy útil el sector privado.
Administrar un centro penitenciario no es un rol fundamental del Estado; en muchos países las empresas lo hacen adecuadamente. Lo que tiene que hacer el Estado es fiscalizar que el concesionario cumpla su función; de existir ineficiencia o malos manejos, se cancela el contrato, se ejecuta la fianza y se otorga a otro concesionario. Con rapidez y transparencia, sin políticos o sindicatos de por medio, permitiéndonos de esa manera reemplazar al ente estatal a cargo de las cárceles –el ineficiente y corrupto INPE– que no tiene arreglo
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