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viernes, 1 de octubre de 2010

Perseguidos esperan justicia, caviares exigen venganza



 Por Víctor Robles Sosa
 Los slogans recurrentes de la izquierda que trafica con los derechos humanos recogen un supuesto anhelo de justicia de las víctimas de la “violencia política” que -según ellos- obliga a la justicia a ser implacables con los victimarios, a darles el castigo más duro posible.
Pero resulta que las víctimas de la “violencia política” no son solo las que murieron asesinadas por policías o militares, sino también, y principalmente, las que fueron exterminadas por los terroristas, que fueron muchísimas más.
Una de las justificaciones de la ex Comisión de la Verdad para lavarle la cara al MRTA dice que los miembros de esa banda respetaron las leyes de la guerra al comienzo, pero después fueron devorados por la dinámica cruel de la lucha, y acabaron convertidos en terroristas.
Este atenuante, según la ex CVR y de quienes han heredado el encargo de ejecutar su informe final, solo vale para los terroristas del MRTA, no para nuestros policías y soldados. ¿Por qué la diferencia?
Es injusto porque los policías y soldados defienden la democracia con las armas cumpliendo un mandato constitucional. Si algunos se convirtieron en asesinos en los años 80’ o 90’ no fue por dinero, o porque fueran sicópatas; fueron víctimas de la vorágine de la guerra., como les pasó a los del MRTA.
Es mentira eso de “guerra sucia” porque en la historia de la humanidad jamás hubo una “guerra limpia”. ¿O acaso creen hubo “guerra limpia” en Rusia, China, la Camboya de Pol Pot, o la Cuba del paredón”. ¡Por favor!
Los más crueles asesinos en aquella lucha fueron los terroristas de Sendero Luminoso, fanáticos que mataron de manera premeditada, a sangre fría, para imponer mediante el terror un régimen totalitario y genocida.
¿Asesinaban a policías humildes con crueldad solo para robarles el arma? No, lo hacían por consigna, para desmoralizar a la policía, es decir con total premeditación, alevosía y ventaja.
¿Acaso el obispo Bambarén no sabe que cuando Sendero embosca a nuestros soldados no deja sobrevivientes? Los reclutas de 18 o 19 años son rematados de un balazo en la cabeza, con el mismo fin de crear miedo.
¿Hemos borrado de nuestra memoria el horror de la calle Tarata contra civiles inocentes, o el siniestro ritual senderista de dinamitar los cuerpos de sus víctimas emblemáticas después de asesinarlas, como a María Elena Moyano?
Si muchos de los que cometieron actos tan execrables e inhumanos reciben hoy un trato benévolo del estado, ¿por qué los policías y soldados que cometieron excesos deben ser juzgados sin ningún atenuante?
No hay justicia si les damos beneficios penales a los peores asesinos y se los negamos a quienes delinquieron por defender a su país. Tampoco la hay cuando se juzga rápido y con mano blanda a los terroristas; y con lentitud y el máximo rigor a los policías y militares.
Tampoco se puede violar los derechos fundamentales del ser humano y pasar por encima de los principios del derecho universal con el pretexto de la impunidad, como pretenden las ONG rojas y sus socios locales y extranjeros.
El fin no justifica los medios. No se puede condenar a nadie atropellando las leyes ni los derechos humanos. Toda persona tiene derecho al debido proceso, que no existe si se violan los plazos razonables de investigación y juzgamiento, por eso el Código Procesal Penal de 1999 fija plazos limitados.
El pretexto de que se trata de delitos contra los DDHH tampoco resiste el menor análisis, pues los terroristas cometieron esa misma clase de delitos y sin embargo son liberados al vencer el plazo razonable de juzgamiento sin sentencia o al prescribir las acusaciones penales en su contra. No puede haber un trato discriminatorio así a favor de los peores asesinos.
El escollo legal que impedía acabar con esta injusticia era la tipificación de los excesos policiales y militares como delitos de lesa humanidad, por eso el ministro Rafael Rey atacó el problema mediante el DL 1097 que aclara la aplicación de ese tipo penal.
La figura de lesa humanidad entró en vigencia el 9 de noviembre de 2003 y sin embargo se estaba aplicando de manera retroactiva lo cual es ilegal, como ha aclarado bien el presidente Alan García al respaldar a su ministro de Defensa.
De otra parte, el fujimorista reciclado Álvarez Rodrich y el caviar Jorge Bruce se han sumado al coro oportunista para atacar a Rey, gritando a los cuatro vientos que hay una “amnistía encubierta para violadores de DDHH” (AR) y un “retroceso en lo avanzado en desarrollo humano” (JB).
Ignorante el primero porque habla de amnistía cuando ésta solo puede ser otorgada por en Congreso. Ataca ahora que forma parte de un poderoso aparato mediático-político, pero se calló cuando se produjeron los excesos que condena. Jamás protestó, más bien trabajó para Fujimori, que le pagó bien.
¿De qué avances en desarrollo humano habla Bruce, acaso se refiere a la liberación de más de cuatro mil terroristas convictos y confesos al amparo del andamiaje jurídico montado por su mentor ideológico Diego García Sayán? ¿O se refiere al “avanzado” sistema judicial de derechos humanos que juzga y encarcela durante siete, ocho o nueve años a ciudadanos acusados sin pruebas? ¿O a la excarcelación de Lori Berenson, los chilenos del MRTA y del senderista reincidente Atilio Cahuana? ¡Grandes avances señor Bruce!
Repito: La mayor impunidad ha sido la liberación de más de cuatro mil terroristas probados, y ante ella Álvarez Rodrich y Bruce no han dicho nada, por lo tanto no tienen autoridad moral para criticar.
Lo que nadie puede negar es que hay cientos de militares y policías injustamente perseguidos y procesados durante largos años porque se acusa a las fuerzas del orden de ser una organización criminal, lo cual es una injusticia y una ilegalidad que deben acabar.
Mientras esta injusticia persista no habrá reconciliación posible y se mantendrán abiertas las heridas que dejó la agresión terrorista.
El gobierno ha mostrado que sabe diferenciar entre el costo político momentáneo que supone hacer justicia, y el costo histórico que debería asumir si no lo hace. Esperamos ahora que el Congreso haga lo mismo y no ceda a las presiones de los grupos interesadas en enlodar a nuestra democracia y sus fuerzas del orden.

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