Policías y militares: sueldos de hambre Luis García Miró Elguera

La “sociedad civil” –madriguera de las oenegés, los cívicos, los progre, los caviares, etc.– es ejemplo de hipocresía. Por un lado exige a la Policía y a los miembros de la Fuerza Armada que se desempeñen profesionalmente con valores, eficiencia, ética, entrega y desprendimiento por sus vidas. Es decir, cero corrupción y servicio como si fueran la Guardia Suiza. Sin embargo les asigna sueldos de hambre, equipos obsoletos, y hasta les cobra las municiones que usan. Pero las cosas no quedan allí. Encima de ese atropello la “sociedad civil” mantiene con rienda corta a nuestros defensores con el estigma de la violación de los derechos humanos de los delincuentes a los que, por cierto, obliga a enfrentar. O ¿acaso nuestros uniformados no viven amenazados con sentencias por violación de dd hh? Sucede claramente en el caso de los terroristas. Esto no es algo imaginario ni tampoco una invención de la derecha. Es la cruda, fría y cruel realidad peruana. Es la paradoja más miserable –fruto de exigencias “políticamente correctas”– que la “sociedad civil” impone al Estado como parámetro dentro del cual pueden desenvolverse los militares y policías peruanos. Es decir, honorabilidad, eficiencia, y sacrificio de su vida y salud, a cambio de mendrugos. En otras palabras, la esclavitud más canallesca, la humillación más vil y el abuso más repudiable a un ser humano impuesto por quienes trafican con la defensa de los derechos humanos. En contraste con esta explotación, la “sociedad civil” se hace pagar decenas de miles de dólares por realizar inútiles, interesadas asesorías para ese mismo Estado al que luego obliga a remunerar con sueldos de hambre a nuestros defensores del orden. Más de una vez hemos publicado pactos suscritos por el Estado con la oenegé Comisión Andina de Juristas –uno de los portaviones de la “sociedad civil”– para “asesorar” al gobierno de Fujimori en la reforma del Poder Judicial. En un caso el contrato fue por 300 mil dólares, cantidad con la que el país hubiese podido pagar la planilla de 1,500 policías a lo largo de todo un mes. Es decir, con ese presupuesto el Estado pudo mantener a 6,000 personas dependientes de 1,500 custodios del orden, expuestos 18 horas al día a las peores amenazas del hampa, a la tentación del narcotráfico, a la metralla terrorista, etc. O sea remuneraciones miserables que difieren como el día y la noche de las cifras siderales que se hacen pagar las oenegés, manejadas por un puñado de gente que vive como millonaria y protesta como proletaria. Cada año la “sociedad civil” se lleva buena parte del dinero de los contribuyentes. Pero jamás protesta contra la explotación al policía y al soldado, ni reclama por la violación de sus derechos humanos. Sólo se preocupa de los derechos de los terroristas. Policías y militares son simples vasallos al servicio de los cívicos, condenados a trabajar en forma incorruptible, aunque ganando sueldos de hambre. Incluso los cívicos promueven esa parafernalia de leyes que prohíben a los policías hacer uso de sus armas –en defensa de la sociedad–, bajo amenaza de procesarlos por violar dd hh de los pobres criminales a los que se les obliga a enfrentar. ¿Hasta cuándo el Perú va a seguir haciéndole caso a estos abusivos que pretenden controlar al Estado sin autorización del pueblo?