Jueves 11 de noviembre de 2010 - 07:03 am
No son los mejores tiempos para la prensa en América Latina. Las conclusiones de la Asamblea General 66 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Mérida, son más que preocupantes.
Se denuncia, por un lado, la gravísima amenaza del crimen organizado y del narcotráfico, que ha puesto en la mira a los hombres y mujeres de prensa que los investigan y, por otro lado, el censurable intento de algunos gobiernos autoritarios que no soportan la critica independiente, por controlar y regular la opinión y el flujo informativo libre.
En cuanto a lo primero, el caso de México, donde 106 periodistas han sido asesinados desde 1987 a la fecha, es realmente espantoso. En este clima de impunidad, que no es afrontado debidamente por el gobierno de ese país, solo medran la autocensura y la información mediocre, sobre todo en la prensa regional, que no tiene las mínimas garantías. Honduras y Colombia son otros dos países donde varios periodistas han sido vilmente asesinados por mafias criminales.
El otro vector de preocupación es la acción reprobable del Estado. En la asamblea se expusieron varios casos de acoso judicial y utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, principalmente en Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Estos abusos y excesos atentan directamente contra los principios de la Declaración de Chapultepec y contra la libertad de empresa y el pluralismo.
Peor aun, en la Argentina sigue en curso una “campaña oficial contra la prensa que ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial”, y el intento de controlar la provisión de papel periódico. El gobierno de Evo Morales en Bolivia, por su parte, insiste en una ley contra el racismo que es un caballo de Troya para controlar a la prensa. Y qué decir de los gobiernos de Cuba y Venezuela, donde se dan los casos más extremos de monopolio informativo y ataques directos a la prensa que han llegado al extremo de la confiscación y la violencia.
El Perú, aunque guardando las proporciones, también ha sido objeto de evaluación crítica. En primer lugar, por la polémica decisión judicial en torno al crimen del periodista Alberto Rivera, ante lo que la SIP ha advertido que la impunidad sentaría un “nefasto precedente para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión”. Luego, ha solicitado a la Oficina de Control de la Magistratura una investigación, acogida prontamente, sobre las presuntas irregularidades en la sentencia de la jueza Flor La Rosa contra el bloguero José Alejandro Godoy. Y, adicionalmente, sigue pendiente el caso de la emisora La Voz de Bagua, por todo lo cual se estudia la posibilidad de enviar una nueva misión al Perú.
Nuestro director, Francisco Miró Quesada Rada, presente en la cita de Mérida, ha propuesto un plan de acción sistemático y constante para denunciar los delitos contra la libertad de prensa, y la creación de una fiscalía para delitos contra la libertad de prensa promovidos por dictaduras y gobiernos autoritarios.
En suma, debemos permanecer vigilantes. Bien por los avances económicos, pero sin descuidar el respeto a las libertades fundamentales, como las de opinión y expresión, sustento de la democracia y la convivencia libre y civilizada. Como bien advierten la SIP y entidades locales como el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS, queda mucho por hacer para erradicar los abusos, las amenazas y la impunidad con que las lacras criminales y ciertos gobiernos quieren acallar a la prensa, lo que afecta el intrínseco derecho de los ciudadanos a informarse y opinar libremente.
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