Abogado de García gasta 500 millones sin control

Presidente de Distriluz, Genaro Vélez, ha promovido un régimen de excepción para empresas de energía.

La Noticia (1) El abogado del presidente es una joyita. (2) Salud, compadre. El parlamentario Vásquez eveló que en una reciente entrevista con el director ejecutivo de ProInversión, Jorge León Ballén, este funcionario declaró que la permanencia de dichas 4 empresas eléctricas en el ámbito de la actividad privada era una decisión “política” del Directorio de ProInversión, y no de él. DETALLE El Directorio de ProInversión se reunirá hoy para decidir sobre la sexta postergación de la entrada en vigencia del Acuerdo Nº 156-05-2006 o, como todo el país espera, por el término de esta situación de privilegio, disponiéndose -de una buena vez- que las empresas de distribución eléctrica Electrocentro, Electronorte, Hidrandina y Electronoroeste, sean excluidas del régimen de la actividad privada, que es uno que no les corresponde y, de inmediato, que éstas retornen al régimen de las empresas estatales. En los cuatro años y medio de este gobierno, el asesor legal del presidente Alan García, el abogado Genaro Vélez Castro, ha promovido una anormal situación en el sector de distribución de electricidad del Perú, gestionando que las cuatro empresas estatales agrupadas en el denominado Grupo Distriluz -del que es presidente- se mantengan fuera del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), del Organismo Supervisor de las Compras Estatales (OSCE), de las exigencias de la Ley de Contrataciones del Estado e inmunes a cualquier medida judicial o administrativa, gracias a la vigencia de una norma creada en las mejores épocas del Fujimorismo. Según informaron fuentes del sector, este escudo protector es el Decreto Ley N° 25604, cuya aplicación a favor del Grupo Distriluz, ha sido inexplicablemente prorrogado por acuerdos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, PROINVERSIÓN, hasta en cinco oportunidades en este gobierno, creando una situación de excepción y privilegio que no ha traído ningún beneficio a las cuatro empresas estatales ni a los usuarios de Distriluz que se distribuyen en 12 departamentos del país. Gracias a estos acuerdos de ProInversión, las empresas Electronoroeste S.A. (Enosa), Electronorte S.A., Hidrandina S.A., Electrocentro S.A., a pesar de ser empresas del Estado, son tratadas como si fueran entidades en proceso de privatización, además de ser manejadas como si fueran “privadas”. Es, entonces, una condición anómala, de “pseudo” proceso de privatización que no les corresponde pues las citadas cuatro empresas fueron devueltas al Estado hace casi diez año s atrás (2001), luego de que se frustrara su adquisición definitiva por el Grupo Gloria. Cinco Acuerdos Lo extraño es que los ministros de Economía, Transportes y Comunicaciones,energía y Minas, Vivienda y Agricultura que, por Ley, integran el Consejo Directivo de ProInversión, han estado prolongando esta anormal situación, al solo pedido del presidente de Distriluz, Genaro Vélez Castro. En sucesivas oportunidades, estos funcionarios han estado modificando la entrada en vigencia del Acuerdo de ProInversión N° 156-05-2006, del 18 de octubre del 2006, por el cual las empresas eléctricas del Estado comprendidas dentro del proceso de la inversión privada (incluyendo las 4 empresas del Grupo Distriluz), dejaban de estar incluidas dentro de los alcances del D. Ley No. 25604. Este Acuerdo debió entrar en vigencia, a partir del 1 de enero del año 2007, pero dicha vigencia fue postergada hasta en cinco oportunidades, a pedido del presidente del Grupo Distriluz. Los acuerdos de ProInversión establecían que el primero (el que ordenó que las empresas regresen a una situación normal) entraría en vigencia, sucesivamente, el 1 de enero del 2008, el 1 de julio del 2008, el 1 de enero del 2009, el 1 de enero del 2010, lo cual demuestra que no existe ninguna intención -de parte de ProInversión- de poner fin a este estado de excepción, totalmente injusto e ilegal. Esto equivale a que estas cuatro empresas eléctricas tengan una “corona” frente al resto de casi 25 empresas estatales que, a la fecha, existen en el Perú (Sedapal, SedaChimbote, Electrosur Este, Electrosur, Electro Oriente, ENAPU, EGEMSA, SEAL, EGASA, entre otras). El último acuerdo de prórroga fue adoptado el 29 de diciembre del 2009, dos días antes de que entre en vigencia el Acuerdo N° 156-05-2006, disponiendo que -este último- entre en vigor el 1 de enero del 2011. Se teme que los directivos de ProInversión -accediendo a un nuevo pedido del abogado de Alan García- una vez más, mediante un nuevo Acuerdo, posterguen la entrada en vigencia de dicha norma, en el último semestre del gobierno aprista. En efecto, en los cinco acuerdos sucesivos, como único fundamento se precisa que los mismos fueron adoptados “de acuerdo a lo solicitado” por el ministro de energía o por el presidente de Distriluz. Por lo tanto, hasta hoy, las empresas que conforman este consorcio se encuentran bajo los alcances del D. Ley 25604 que, en 1992, en pleno apogeo del gobiernoFujimorista, determinó la intangibilidad de los activos de propiedad de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, comprendidas en el proceso de privatización. 500 millones sin control Esto significa, tal como lo señala esta norma, que sus activos son intangibles y que, por lo tanto, no pueden ser afectados por ninguna medida judicial ni administrativa. Las empresas del Grupo Distriluz compran en estos momentos bienes y contratan servicios sin observar las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Las acciones administrativas del Grupo Distriluz se encuentran, además, fuera del ámbito y control del SNIP y del OSCE, como sí lo están todas las demás empresas del ámbito estatal. Sobre la base de información de las operaciones de las cuatro entidades que conforman el Grupo Distriluz, las compras de bienes y contratación de servicios no personales ascienden a un monto de S/. 500’000,000.00 (quinientos millones de nuevos soles) anuales, sin control de ningún tipo. En el año 2008, las compras de bienes y servicios realizados a los 50 principales proveedores representaron más de 383 millones de nuevos soles. Mucho más grave aún son las deficiencias que padece el servicio que brindan dichas 4 empresas, a pesar de ser el más grande consorcio de suministro de electricidad del país, el mismo que cuenta con más de un millón 400 mil usuarios. Osinergmin, organismo supervisor del Estado, también ha protestado porque sus resoluciones, derivadas de incumplimientos -de carácter técnico, económico o deseguridad- son “inejecutables” debido al blindaje que tiene el consorcio que dirige elabogado de Alan García. En diversas comunicaciones cursadas a ProInversión, el ente regulador ha mostrado su preocupación señalando que “esta situación viene poniendo en serio riesgo la confiabilidad y seguridad del suministro de energíaeléctrica en el país, ya que al resultar inejecutables las resoluciones que este organismo expide, y viéndose las citadas 4 concesionarias, liberadas de responsabilidad, éstas carecen de incentivos para actuar dentro del marco legal que las regula, lo cual pone en serio riesgo el servicio público de electricidad”. El congresista nacionalista Rafael Vásquez ha solicitado que el ministro de Economía, Ismael Benavides, se presente en el Congreso para que explique la situación anormal en que se mantienen las empresas que conforman Distriluz y ha solicitado que la Contraloría inicie una investigación sobre el singular manejo de este grupo de empresas.