Vale preguntarse si las agrupaciones políticas han sopesado el impacto de las alianzas electorales que están suscribiendo en estos días, con miras a los comicios generales del próximo año. Si bien algunas confluencias son pertinentes por las coincidencias ideológicas, programáticas y trayectorias de las fuerzas involucradas, otras son como el agua y el aceite.
No se necesita ser analista para identificar las razones que conducen a estos partidos, movimientos y frentes a consolidar acuerdos tan ‘convenientes’. Todo indica que siguen subestimando la capacidad pensante de los votantes, la indignación que les genera la componenda electoral, así como el hartazgo que genera la insolvencia e incoherencia de nuestra política.
Lo que sorprende al ciudadano de a pie es la capacidad camaleónica de algunos políticos para firmar acuerdos con quienes ayer sostuvieron encendidas discrepancias, como es el caso de la Alianza Fuerza Social (Fuerza Social, el Movimiento Nueva Izquierda (MNI), el Partido Fonavista del Perú, el Movimiento Tierra y Libertad y la Democracia Cristiana) o la Alianza Nacional Solidaridad Nacional (Todos por el Perú, Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, UPP y Cambio 90).
Para el elector esto es una muestra más de que: “se busca el poder a como dé lugar”.
En el fondo estas alianzas reflejan algo más grave: la crisis partidaria y la falta de representatividad en la que se hallan inmersas nuestras organizaciones políticas. También son una burla más a la Ley de Partidos Políticos (Ley 28094) en lo que corresponde a la valla electoral. Como se sabe, el artículo 13 de esa norma establece que la inscripción de una agrupación puede cancelarse si esta no alcanza el 5% de los votos válidos en el ámbito nacional.
La ciencia política moderna incorpora en su clasificación de partidos a los ‘atrapalotodo’, es decir, a aquellos que incluyen en sus listas a invitados comprometidos con los mismos postulados e idearios políticos. Pero nada justifica que en el Perú se cocinen alianzas para sacarle la vuelta a una norma que básicamente se creó para evitar la dispersión en el voto.
Hasta hoy tenemos cuatro alianzas, sin contar a los candidatos que van solos a la contienda, y una diáspora electoral peligrosa basada en coaliciones transitorias que en lugar de sumar pueden restar posibilidades a un buen candidato.
Que asuman los políticos las consecuencias de estas alianzas forzadas. Ya es hora de que en el Perú las propuestas electorales se reduzcan a dos o tres partidos, como sucede en países con una democracia representativa, madura y consolidada.
TC: GANARON LA RAZÓN Y LA LIBERTAD DE PRENSA
Finalmente, prevaleció el peso de la razón y la presión de la opinión pública en el Tribunal Constitucional. Según dio a conocer el magistrado Ernesto Álvarez, el pleno del TC ofrecerá al país una aclaración de oficio sobre el impertinente fallo que prohíbe a la prensa difundir audios y videos interceptados, sin autorización de los involucrados o de un juez.
Finalmente, prevaleció el peso de la razón y la presión de la opinión pública en el Tribunal Constitucional. Según dio a conocer el magistrado Ernesto Álvarez, el pleno del TC ofrecerá al país una aclaración de oficio sobre el impertinente fallo que prohíbe a la prensa difundir audios y videos interceptados, sin autorización de los involucrados o de un juez.
Como señalamos en esta columna apenas conocida la desafortunada e impertinente sentencia, la única salida era rectificar o anularla. Al parecer, el tribunal ha optado por lo primero, con lo cual se daría marcha atrás sobre un asunto que la Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado como un “retroceso a la libertad de prensa” en el Perú. La salud democrática y la transparencia saldrán ganando si el TC cumple con corregir este exceso en sus atribuciones. Estamos ante un error garrafal reprobado por organismos nacionales y extranjeros porque contiene restricciones que amenazan la libertad de expresión, instaura una censura previa que nuestras leyes no admiten, penaliza hechos que no tipifican como delito según la normativa vigente e impone un corsé inadmisible a la prensa para difundir contenidos de relevancia e interés público en la lucha contra la corrupción.
Aunque el confuso fundamento de un fallo referido a otro caso no es vinculante y ni siquiera refleja el pensamiento de todos los miembros del TC, es necesaria una anulación de ese fundamento que pretende sentar nefasto precedente contra la libertad de prensa y expresión, y el derecho a la información
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