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lunes, 6 de diciembre de 2010

(Editorial) Hacia una verdadera seguridad ciudadana


Domingo 05 de diciembre de 2010 - 08:00 am

La impecable operación que liberó a los rehenes del asalto a una entidad bancaria en Gamarra, en La Victoria, ha mejorado la imagen de la Policía Nacional del Perú, PNP.
Esto coincide con la toma de mando del nuevo ministro del Interior, general Miguel Hidalgo, y con el nombramiento como jefe de la policía del general Raúl Becerra. Ahora hay que replantear la política de seguridad ciudadana, en la que deben unir esfuerzos las municipalidades, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el sector Justicia, con el concurso de la sociedad civil organizada, representada en primera instancia por los gremios empresariales y colegios profesionales.
Las encuestas demuestran que el tema es de principal preocupación y los hechos revelan una innegable escalada de violencia. Urge entonces un fuerte liderazgo para devolver el orden, la paz y la tranquilidad a las calles y garantizar la vida, la integridad, la propiedad y el libre desplazamiento de los peruanos.
La operación Gamarra, planificada y ejecutada para salvaguardar a los rehenes, demuestra que contamos con cuerpos policiales de primer nivel.
Hace pocos días saludamos también la notable operación Eclipse: se capturó a un grupo de cocaleros asociados al narcotráfico y colaboradores de Sendero Luminoso. Un golpe durísimo a la macabra alianza narcotráfico-terrorismo que está permitiendo detectar a importantes nexos en esferas insospechadas.
Debe solucionarse el hacinamiento de los penales, ‘universidades del crimen’, donde circula la droga, las bandas de secuestradores –vía celulares– planean sus fechorías e inclusive los internos perpetran asesinatos en las instalaciones. Especial atención merece el pandillaje para evitar los extremos que asuelan a México o Brasil, y los grupúsculos de jóvenes satánicos cuyos asesinatos rituales han sido noticia.
El narcotráfico debe afrontarse con inteligencia y con todo el peso de la ley. Lo mismo al gran narco que al pequeño microcomercializador que con su ilegal mercadería corrompe el espíritu y la mente de la juventud.
La política de seguridad ciudadana ha de incluir la erradicación de la violencia familiar, pues en el hogar se deforma –con el mal ejemplo, el abuso y la ausencia de valores– la personalidad de quien pudo tener un mejor destino que la delincuencia.
LEY RELIGIOSA: SEPARAR LA PAJA DEL TRIGO
El dictamen congresal de la ley de libertad religiosa reafirma el reconocimiento del Estado de todas las creencias y confesiones, en igualdad de condiciones. La Constitución de 1993 reconoce tales prerrogativas entre los derechos fundamentales, al precisar que la educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de conciencias. Así, muchos de los derechos de la nueva ley ya se estaban dando.
La nueva norma, según los congresistas apristas que la impulsaron, permitirá al Estado asumir su responsabilidad con todas las religiones. La comunidad evangélica ha exigido al Congreso pronunciarse sobre los beneficios a la Iglesia Católica y que las nuevas reglas de juego deben favorecer a todas las confesiones. Para monseñor Luis Bambarén, no debe mezclarse a las iglesias serias con “sectas que se multiplican como células”, mencionando que al menos hay dos mil “iglesias, solo por los diezmos”.
Es positivo garantizar la igualdad religiosa y el respeto a las creencias más íntimas de los peruanos y peruanas. No puede, sin embargo, dejar de recordarse que la mayoría de peruanos se identifica como católicos y que la Iglesia Católica tiene un antiguo predicamento en la formación de la peruanidad y sus valores

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