ACTUALIDAD | Mié. 01 dic '10
BOMBAS DE TIEMPO. Población de 46 mil presos arrasa los controles de seguridad en 66 penales del país donde ingresan desde un USB hasta armas de fuego.
El asesinato de la joven Leslie Paredes Silva (22), cometido el 28 de agosto pasado por el interno holandés Jason Staling Conquet (32), quien la enterró en su propia celda del penal San Pedro, ex Lurigancho, y que fue descubierto el lunes último por la misma Policía, puso nuevamente en tela de juicio la seguridad de ese y otros 65 establecimientos penitenciarios en el país que albergan a una superpoblación de más de 46 mil presos.
Reportes mensuales de inteligencia policial, a varios de los cuales accedió Perú.21, dan cuenta de que en estos centros penitenciarios, principalmente Lurigancho, se produce constantemente la violación de su seguridad interna y externa.
Según estos documentos clasificados, durante los tres días de visita en Lurigancho (14 mil mujeres, miércoles y sábados; y 2 mil varones los domingos), se produce el ingreso de licores, laptops, celulares, USB con Internet, armas de fuego, drogas y otros artículos prohibidos por el INPE y la Policía Nacional.
A estas irregularidades en el ingreso de productos no permitidos se suma la visita de personas indocumentadas y menores de edad, para lo cual pagan a los efectivos entre 30 y 40 soles por cada uno, vulnerando la revisión de paquetes, la revisión corporal y de identificación.
“No tenemos escáner, no hay lector óptico, ninguna lectora de DNI ni un elemento de alta tecnología para controlar las miles de visitas. Nuestras policías no tienen ni guante para revisar las partes íntimas de las visitantes para detectar el ingreso de droga u otros artículos prohibidos”, manifestó un oficial.
Tras lamentar el crimen de la muchacha a manos del reo extranjero, el presidente Alan García reconoció que “los penales aquí y en todas partes son siempre centros de alta violencia y puede ocurrir, como este caso que sobre 600 mil visitas anuales, se produzca uno como este”, aunque considero que ello no debe ser considerado como un “alarmismo”.
Otro de los informes de Inteligencia da cuenta de un escándalo con dotes de creatividad e impunidad: El sentenciado por narcotráfico Lucio Tijero Guzmán, quien purga prisión en el penal Miguel Castro Castro, habría alquilado un inmueble nada menos que frente a ese establecimiento, ubicado en San Juan de Lurigancho, para usarlo como centro de acopio y facilitar el ingreso de los artículos prohibidos. Para tal fin, usaría como arrendatario a uno de sus familiares más cercanos.
Tijero, quien deberá cumplir 35 años de prisión por ese delito, es sindicado por la Policía de tener “privilegios otorgados por las autoridades de ese centro de reclusión”.
Lurigancho está bajo la custodia de 262 policías que trabajan el turno 24 por 24 (150 un día y 112, otro) para 'velar’ por la seguridad de 8,071 presos. Es decir, un efectivo tiene a su cargo a 54 presos en promedio. El control se ve más limitado cuando se trata de supervisar las 16 mil visitas semanales.
“El tema de los penales no es problema de la Policía Nacional, sino del INPE y del Ministerio de Justicia. Ellos (INPE) son los que deben implementar los sistemas de seguridad”, señaló a Perú.21 uno de los oficiales PNP de Lurigancho. Y recuerda que los 262 policías que custodian dicho penal dejan de integrar el sistema de seguridad ciudadana para patrullar las calles, lo que fue dispuesto por el presidente García.
En tanto, el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, anunció que coordinará con su par de Justicia, Rosario Fernández, para mejorar las medidas de control. Ya es hora de tomar el toro por las astas.
Reportes mensuales de inteligencia policial, a varios de los cuales accedió Perú.21, dan cuenta de que en estos centros penitenciarios, principalmente Lurigancho, se produce constantemente la violación de su seguridad interna y externa.
Según estos documentos clasificados, durante los tres días de visita en Lurigancho (14 mil mujeres, miércoles y sábados; y 2 mil varones los domingos), se produce el ingreso de licores, laptops, celulares, USB con Internet, armas de fuego, drogas y otros artículos prohibidos por el INPE y la Policía Nacional.
A estas irregularidades en el ingreso de productos no permitidos se suma la visita de personas indocumentadas y menores de edad, para lo cual pagan a los efectivos entre 30 y 40 soles por cada uno, vulnerando la revisión de paquetes, la revisión corporal y de identificación.
“No tenemos escáner, no hay lector óptico, ninguna lectora de DNI ni un elemento de alta tecnología para controlar las miles de visitas. Nuestras policías no tienen ni guante para revisar las partes íntimas de las visitantes para detectar el ingreso de droga u otros artículos prohibidos”, manifestó un oficial.
Tras lamentar el crimen de la muchacha a manos del reo extranjero, el presidente Alan García reconoció que “los penales aquí y en todas partes son siempre centros de alta violencia y puede ocurrir, como este caso que sobre 600 mil visitas anuales, se produzca uno como este”, aunque considero que ello no debe ser considerado como un “alarmismo”.
Otro de los informes de Inteligencia da cuenta de un escándalo con dotes de creatividad e impunidad: El sentenciado por narcotráfico Lucio Tijero Guzmán, quien purga prisión en el penal Miguel Castro Castro, habría alquilado un inmueble nada menos que frente a ese establecimiento, ubicado en San Juan de Lurigancho, para usarlo como centro de acopio y facilitar el ingreso de los artículos prohibidos. Para tal fin, usaría como arrendatario a uno de sus familiares más cercanos.
Tijero, quien deberá cumplir 35 años de prisión por ese delito, es sindicado por la Policía de tener “privilegios otorgados por las autoridades de ese centro de reclusión”.
Lurigancho está bajo la custodia de 262 policías que trabajan el turno 24 por 24 (150 un día y 112, otro) para 'velar’ por la seguridad de 8,071 presos. Es decir, un efectivo tiene a su cargo a 54 presos en promedio. El control se ve más limitado cuando se trata de supervisar las 16 mil visitas semanales.
“El tema de los penales no es problema de la Policía Nacional, sino del INPE y del Ministerio de Justicia. Ellos (INPE) son los que deben implementar los sistemas de seguridad”, señaló a Perú.21 uno de los oficiales PNP de Lurigancho. Y recuerda que los 262 policías que custodian dicho penal dejan de integrar el sistema de seguridad ciudadana para patrullar las calles, lo que fue dispuesto por el presidente García.
En tanto, el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, anunció que coordinará con su par de Justicia, Rosario Fernández, para mejorar las medidas de control. Ya es hora de tomar el toro por las astas.
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