En un país donde el narcotráfico mueve más de US$3.000 millones al año, esto se convierte en una cuestión trascendental…
Las recientes denuncias contra candidatos que supuestamente han comprado cargos en las fórmulas presidenciales o listas parlamentarias han puesto sobre el tapete del debate público el controvertido tema de la financiación de los partidos.
Si bien se trata de una cuestión legal, que debe ser revisada por las autoridades parlamentarias, es sobre todo una obligación ética de los líderes de los grupos que participan en esta lid para con los ciudadanos-electores, y que hasta ahora se niegan a honrar.
Queda también en evidencia la incapacidad de los estamentos electorales para controlar ese aspecto, lo que se vincula a la falta de instrumentos legales, que tendrían que ser incluidos de modo expreso y tajante en la Ley de Partidos Políticos.
Hay que mirar los ejemplos de otros países: En Estados Unidos la Comisión Federal Electoral (CFE) supervisa las campañas electorales y su financiación. Por muchas décadas rigieron límites a los aportes que podrían recibir los candidatos, pero en el 2010 la Corte Suprema de Justicia levantó las restricciones, con lo que ahora las empresas pueden financiar libremente las campañas electorales. Paralelamente, como en algunos países europeos, los candidatos pueden recibir fondos del Estado.
En Colombia, en tanto, ante la infiltración de dinero del narcotráfico, se estableció en el 2005 un Sistema de Financiamiento Mixto mediante el cual el Estado (80%) y particulares (20%) participan de la financiación electoral, con topes cuyo incumplimiento puede resultar en la pérdida de la investidura o cargo para los candidatos electos.
¿Qué tenemos que hacer en el Perú? Acá cada año los partidos están obligados, por ley, a presentar un informe de ingresos y gastos, pero es obvio que casi ningún grupo cumple esto, a pesar de las advertencias de la ONPE que, a falta de estipulaciones en la ley, ha implementado normas y reglamentos de segundo nivel que no llaman la atención de los partidos.
La ley orgánica tiene que ser revisada, para incluir obligaciones y sanciones mucho más drásticas a los transgresores. ¿Se atreverán los congresistas, que son parte de los partidos en contienda, a actuar mirando el interés nacional y no los cálculos de sus agrupaciones politiqueras?
El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE tienen que asumir un papel mucho más proactivo para proponer estos cambios legislativos y recordar continuamente a los partidos y movimientos políticos su obligación de actuar con absoluta transparencia, como lo pregonan sus discursos. Si alguien aporta a un partido debemos saber quién es, cuánto y por qué.
En un país donde el narcotráfico mueve más de US$3.000 millones al año, esto se convierte en una cuestión trascendental para la supervivencia del Estado de derecho: así como exigimos una campaña alturada, con programas y sin ataques personales, recusamos la posibilidad de que haya grupos políticos que actúen como fachadas de grupos de interés, o de mafias de narcotraficantes, lo que sería una mortal estocada a la democracia, el desarrollo económico y la paz social.
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