La tarea es ciertamente monumental, y demanda no solo el apoyo y el concurso de la Corte Suprema y todos los órganos institucionales de la judicatura, sino…
Valoramos, en toda su dimensión, las expresiones de autocrítica y de voluntad de cambio del nuevo presidente del Poder Judicial, César San Martín, al asumir su cargo. Según recientes encuestas del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, este poder del Estado sale muy mal parado, con más de 80% de desaprobación.
Tras la gestión de Javier Villa Stein, de particular estilo, San Martín ha prometido modernizar y fortalecer la autonomía del Poder Judicial, además de imponer mano dura contra la corrupción y redoblar esfuerzos para aminorar la abundante carga procesal.
La tarea es ciertamente monumental, y demanda no solo el apoyo y el concurso de la Corte Suprema y todos los órganos institucionales de la judicatura (la Oficina de Control de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura), sino incluso hasta un mayor tiempo de gestión. Habría que plantear, en este delicado escenario, que se amplíe el período de la presidencia judicial a por lo menos tres años.
A propósito, la reforma en profundidad de este poder del Estado depende también de las coordinaciones con el Congreso de la República, donde tiene que revisarse lo avanzado en el documento de la Ceriajus. Uno de los temas álgidos es la autonomía económica del PJ, de modo que no se le siga sometiendo anualmente a la tribulación del debate presupuestal.
Por lo pronto, destacamos la nueva tónica de San Martín, que no debe ser flor de un día, para implementar mecanismos de rendición de cuentas, presupuesto por resultados y transparencia en la gestión, lo que definitivamente podrá ayudar a la descarga procesal y a dar celeridad y erradicar la imagen de corrupción que destilan los ‘palacios de justicia’. La ciudadanía permanece alerta a la espera de un cambio radical en la administración de justicia.
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