La captura de José Enrique Crousillat, por parte de la Policía Nacional, debería de cerrar uno de los más notorios episodios de daño autoinfligido que se han producido durante este mandato. Sin embargo, a medida que se van conociendo detalles de los diversos obstáculos que se pusieron al accionar policial para capturarlo, va quedando claro que, al menos en algunos juzgados, el prófugo broadcaster, contó con un considerable manto de protección que impidió que allanaran oportunamente los lugares donde estuvo refugiado.
Por otro lado, a estas alturas no se sabe a ciencia cierta quién ha estado interesado en que no sea capturado. Uno pensaría que el Gobierno hubiera recuperado credibilidad si lo hubiera encarcelado ni bien el indulto fue revocado. Al final de cuentas, el ministro que cometió la equivocación fue destituido y quienes quedaron a cargo no han ganado nada con el continuo cuestionamiento al aparente olvido en que habría caído este caso.
Al contrario, la percepción de complicidad gubernamental que se había creado más bien ha perjudicado la imagen, tanto del Ministerio de Justicia como del sector Interior, los cuales, evidentemente, ahora se han reivindicado.
Por lo tanto, el dedo acusador apunta principalmente al Poder Judicial.
Considerando que hace pocos días asumieron sus cargos los nuevos presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima, con la manifiesta consigna de atacar la corrupción, bien podrían aprovechar de este caso tan emblemático para empezar su gestión.
Así tenemos que si lograran determinar qué es lo que ha ocurrido en los diversos juzgados que no actuaron, podrían desnudar la modalidad con la que ha venido actuando la mano negra judicial. Eso les permitiría enrumbar firmemente su programa en la lucha anticorrupción, en lugar de estar perdiendo el tiempo atendiendo solícitamente los desaforados reclamos de políticos en época de elección.
Finalmente, este caso no hace sino reiterar la urgente necesidad de reformar el Poder Judicial. Pese a que la inseguridad es una de las principales preocupaciones del ciudadano en esta campaña electoral, es poco lo que el próximo gobierno podrá hacer mientras no contemos con jueces decentes que aseguren que la administración de justicia en nuestro país se llevará a cabo con transparencia y celeridad. No hay duda que esta reforma pendiente es realmente fundamental.
Por otro lado, a estas alturas no se sabe a ciencia cierta quién ha estado interesado en que no sea capturado. Uno pensaría que el Gobierno hubiera recuperado credibilidad si lo hubiera encarcelado ni bien el indulto fue revocado. Al final de cuentas, el ministro que cometió la equivocación fue destituido y quienes quedaron a cargo no han ganado nada con el continuo cuestionamiento al aparente olvido en que habría caído este caso.
Al contrario, la percepción de complicidad gubernamental que se había creado más bien ha perjudicado la imagen, tanto del Ministerio de Justicia como del sector Interior, los cuales, evidentemente, ahora se han reivindicado.
Por lo tanto, el dedo acusador apunta principalmente al Poder Judicial.
Considerando que hace pocos días asumieron sus cargos los nuevos presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Superior de Lima, con la manifiesta consigna de atacar la corrupción, bien podrían aprovechar de este caso tan emblemático para empezar su gestión.
Así tenemos que si lograran determinar qué es lo que ha ocurrido en los diversos juzgados que no actuaron, podrían desnudar la modalidad con la que ha venido actuando la mano negra judicial. Eso les permitiría enrumbar firmemente su programa en la lucha anticorrupción, en lugar de estar perdiendo el tiempo atendiendo solícitamente los desaforados reclamos de políticos en época de elección.
Finalmente, este caso no hace sino reiterar la urgente necesidad de reformar el Poder Judicial. Pese a que la inseguridad es una de las principales preocupaciones del ciudadano en esta campaña electoral, es poco lo que el próximo gobierno podrá hacer mientras no contemos con jueces decentes que aseguren que la administración de justicia en nuestro país se llevará a cabo con transparencia y celeridad. No hay duda que esta reforma pendiente es realmente fundamental.
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