En aras de la estabilidad política y democrática del país, el Jurado Nacional de Elecciones debería actuar con coherencia, presteza y…
¿A quién le podría convenir tener elecciones con un apagón de encuestas, algo totalmente inédito en el mundo democrático? ¿Qué presiones estarían detrás de una medida anticonstitucional y antidemocrática que afecta no solo la imagen del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sino también el proceso electoral en curso? ¿Y, si hoy se acepta este nefasto precedente contra las encuestadoras –a las que exige dar “los nombres, DNI, teléfono y dirección, de cada uno de los encuestados”–, quiénes podrían ser los próximos afectados?
Hay razones para la suspicacia, sobre todo cuando son los voceros del oficialismo, tanto gubernamental como parlamentario, los que apoyan de modo tan apasionado una medida tan sombría. A ellos se suman candidatos que antes eran entusiastas defensores de las encuestas, cuando las lideraban, y ahora las recusan cuando van rezagados; y otros conocidos por su admiración al régimen autoritario de Hugo Chávez, en Venezuela, que ha usado métodos similares para identificar, amedrentar y atacar a quienes se oponen a su abusivo gobierno.
Ante las nuevas exigencias del JNE, las encuestadoras, a través de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim), han rechazado la inconstitucional medida, que vulnera garantías fundamentales a la reserva y la confidencialidad. Como explican los expertos, si el voto es libre y secreto, las encuestas, que son una aproximación al sufragio, deben gozar de las mismas garantías.
El gremio de empresas encuestadoras ha dicho que “de mantenerse la mencionada reforma, las empresas encuestadoras se verán impedidas de publicar encuestas sobre intención de voto, puesto que rehúsan a ponerse en la posición de obligar al encuestado a perder el anonimato de su opinión política y asumir la distorsión que ello implica en la representatividad de las encuestas”.
El asunto es grave. Bien es cierto que algunas encuestadoras han sido objeto de crítica, a veces justificada, por la disparidad de sus resultados o por sus métodos. Esto debe llevar no solo a una actitud de autocrítica y autorregulación de las propias empresas encuestadoras, sino también a mejorar la labor fiscalizadora del JNE para asegurar la calidad técnica, representatividad y legitimidad de los estudios de mercado.
Sin embargo, de allí a exigir que se rompa el contrato tácito de confidencialidad con los entrevistados hay una brecha enorme, pues sería como querer matar un mosquito con un misil; es decir el remedio podría resultar peor que la enfermedad.
A las poderosas razones de principio se agregan otras de seguridad personal y de recelo político: ¿En estos tiempos de violencia y secuestros, quién daría su DNI, teléfono y dirección a un entrevistador? Y si pensamos en la Venezuela de Chávez o en el Egipto de Mubarak: ¿Quién daría esos datos a sabiendas de que podrían ser utilizados por el poder de turno para cualquier represalia? ¿Y, a falta de empresas y encuestas – que son fotos del momento–, solo tendremos rumor y especulación, y el monopolio de la medición de la opinión pública por la autoridad oficial?
En tan delicado escenario, es atendible el pedido de la Apeim al JNE para anular la absurda medida, antes de que se cause más perjuicios. En cualquier caso, la defensa de la confidencialidad, de los derechos ciudadanos y de las empresas encuestadoras deberá ser amparada por nuestro sistema judicial, a través de medidas cautelares acogidas sin subterfugios ni interpretaciones antojadizas (¿para eso se dieron las recientes modificaciones judiciales?), o por el sistema interamericano de DD.HH.
El tema de las encuestas se ha convertido, entonces, en una prueba ácida para revelar la convicción y el compromiso democrático de autoridades, partidos y líderes de opinión. Y, definitivamente la ciudadanía espera también el pronunciamiento de los miembros del Tribunal de Honor, encargado de hacer cumplir el Pacto Ético Electoral y constituirse en un referente ético y moral para garantizar la impecabilidad y transparencia de los comicios en curso.
En aras de la estabilidad política y democrática del país, el Jurado Nacional de Elecciones debería actuar con coherencia, presteza y ponderación para corregir un exceso que, de mantenerse, sería un baldón para la continuidad democrática del Estado Peruano.
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