Los candidatos deberían asumir un compromiso con la aplicación de las leyes de insumos químicos y de pérdida de dominio…
A dos meses de las próximas elecciones generales, aún no tenemos una propuesta explícita de los candidatos al sillón presidencial sobre las estrategias antidrogas que aplicarían de llegar al poder, para enfrentar un flagelo que nos ha convertido en el primer exportador de cocaína.
Parece haberse olvidado que, como acaba de informar El Comercio, el narcoterrorismo se ha diseminado en zonas altoandinas, para abrir nuevos frentes y rutas fuera del eje VRAE-Vizcatán, entre otros puntos neurálgicos surgidos en los últimos años. Uno de ellos es el distrito cusqueño de Echarate, que alberga al gas de Camisea y que por lo tanto se halla en riesgo y con él la tercera parte del abastecimiento de electricidad en el país.
Las perspectivas son desalentadoras y, en ese sentido, las medias tintas resultan inadmisibles, más aun cuando la tendencia regional es hacia la lucha frontal contra el narcotráfico. Allí están los casos de Colombia y de México. Sus exitosas medidas de control siguen poniendo contra la pared a los señores de la droga, lo cual repercute negativamente en el Perú, donde más bien los cárteles o los grupos de narcotraficantes –o como quiera llamárseles– se consolidan, mientras el mercado de estupefacientes se ha incrementado en Sudamérica y sobre todo en el cono sur.
Ante esto, como se concluyó en la última mesa redonda de El Comercio sobre las agendas antinarcóticos de los diferentes candidatos, ha llegado la hora de plantear salidas concretas.
La primera tarea es formular un conjunto de lineamientos básicos para empezar a enfrentar a este monstruo de varias cabezas que es el tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, saber cuál sería el presupuesto que se destinaría para elevar la calidad y eficacia de los servicios de inteligencia, y garantizar una completa acción de la procuraduría. Hoy es un hecho que los cárteles mexicanos han asumido el control de la producción de la cocaína en la región y tienen amplia presencia en el Perú. ¿De otra manera, cómo explicar la ocurrencia frecuente de asesinatos perpetrados por sicarios, sin que las autoridades determinen su origen?
Se debe precisar cómo se mejorará la seguridad policial y militar en los ámbitos terrestre, aéreo y portuario. Como hemos reseñado, desde fines de los años 90, en el llamado segundo ‘boom’ de la cocaína en manos de los cárteles mexicanos, las rutas de la droga hacia los mercados internacionales son los puertos y no las avionetas, que en la década anterior transportaron la pasta básica cuando el negocio lo dominaban los colombianos.
De otro lado, debe explicarse qué se hará para impedir la penetración del narcotráfico en las esferas políticas y empresariales. Colombia ha avanzado en este terreno, con su Sistema de Financiamiento Mixto, que no solo fija topes en la financiación de los partidos, sino sanciones para los infractores, que incluyen la pérdida de investiduras o cargos para los candidatos electos.
Los candidatos deberían asumir un compromiso con la aplicación de las leyes de insumos químicos y de pérdida de dominio y explicar qué estrategia aplicarán para no seguir dependiendo de la ayuda internacional. Los retos son múltiples. Hasta el momento el Gobierno ha sido incapaz de capturar a las organizaciones criminales que se esconden tras el tráfico de estupefacientes; en cuanto al VRAE, las estadísticas dan cuenta del aumento del narcotráfico.
Necesitamos una política real que incluya, como sostiene el experto Rubén Vargas, la refundación de las instituciones responsables de la lucha antidrogas, rebasadas totalmente por este delito.
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