(Editorial) ¿Quién está detrás de la mafia de falsificadores de Azángaro?
La mafia que opera en el jirón Azángaro y alrededores no tiene límites. Ahora le tocó a las calcomanías y los certificados de inspección vehicular que, en lugar de adquirirse en las plantas de revisión técnica, son falsificados y comercializados impunemente a la vista de todos en el Centro de Lima.
En esta ocasión tampoco la autoridad es capaz de identificar a los autores de esta nueva y grave fechoría que, a diferencia de otras falsificaciones despreciables, estaría incubando una bomba de tiempo. Y es que en este caso no se están falseando DNI, títulos profesionales y certificados de todo tipo. Aquí se está colocando en las calles vehículos sin revisión técnica, es decir, a potenciales víctimas o victimarios protagonistas de accidentes de tránsito.
¿Desde cuándo se perpetra este delito? El problema es serio y debe obligar a la Municipalidad de Lima, a las plantas de revisiones técnicas y la Policía Nacional a trabajar de manera coordinada para detectar y sancionar a los infractores. Antes deben modernizarse los métodos para diferenciar las licencias falsas de las verdaderas.
No se trata de emprender una cacería de brujas contra todos los automovilistas. Justos no pueden pagar por pecadores y menos para asumir los costos de la ineficiencia y negligencia de la autoridad en erradicar la mafia ‘superprotegida’ que administra y se esconde tras Azángaro.
Sin embargo, la PNP tiene que buscar la manera de actuar con eficiencia para desbaratar dichas mafias de una vez por todas, mientras que el Concejo Provincial de Lima retoma y sanea el sistema de las revisiones técnicas para que sean realmente legítimas, obligatorias y seguras.
Reducción del IGV: más perjuicios que beneficios
Además de afectar la recaudación tributaria, a tal extremo que este año el Perú terminaría con un déficit fiscal de 0,3% del PBI, según cálculos del Banco Central de Reserva, la reducción del Impuesto General a las Ventas a 18% no está beneficiando al ciudadano ni mucho menos dinamiza la economía, tal como lo aseguró el Gobierno.
Además de afectar la recaudación tributaria, a tal extremo que este año el Perú terminaría con un déficit fiscal de 0,3% del PBI, según cálculos del Banco Central de Reserva, la reducción del Impuesto General a las Ventas a 18% no está beneficiando al ciudadano ni mucho menos dinamiza la economía, tal como lo aseguró el Gobierno.
Los precios de la gran mayoría de productos y servicios se han mantenido inalterables, no obstante que desde el 1 de marzo entró en vigencia la baja del IGV. En general, los proveedores y la cadena de distribución de las empresas no han aplicado al consumidor final esa reducción, que ha terminado beneficiando a algunos intermediarios con mayor margen de ganancia.
En lo que debería esperarse una reducción es en los servicios públicos –agua, luz y telecomunicaciones–, pero ello recién se verificará a fin de mes cuando se emitan los recibos correspondientes. Sin embargo, muchas de esas empresas mantienen sus precios previos en su lista de ventas.
¿Pero quién gana o pierde con esta rebaja? Sin duda, el más perjudicado será el Estado, que dejará de percibir unos S/.4.800 millones este año. Desde una perspectiva política, esto es delicado, pues se afecta la capacidad de gestión del gobierno que entrará a partir del 28 de julio, que contará con menos recursos.
Ante esta situación, el Ejecutivo y el Congreso deben evaluar medidas complementarias para reducir el gasto fiscal, en la misma relación con los tributos que dejarán de percibirse, pues sería contraproducente para el país terminar este año con un déficit generado por una mala decisión del gobierno actual.
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