La Cuarta frontera de Estados Unidos
DOMINGO, 06 DE MARZO DE 2011 13:37
Estados Unidos crea condiciones para un blindaje militar de Centroamérica.
La coyuntura internacional le viene como anillo al dedo.
En este sentido, la lucha contra el narcotráfico puede ser una magnífica pantalla para este objetivo, ocultando los intereses geopolíticos de la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono.
La triste historia de la fusión de los grandes capitales norteamericanos con las oligarquías nacionales, utilizando muchas veces las cúpulas castrenses -como sucedió recientemente en Honduras- da vigencia al manipulado concepto de considerar la región como la Cuarta Frontera de Estados Unidos.
La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton declaró este viernes que Estados Unidos está dispuesto a proveer recursos adicionales a las naciones centroamericanas para combatir el crimen organizado. Según sus palabras, si bien el gobierno de su país tiene un compromiso financiero sustancial con la región, los dólares solamente no bastarían para cumplir ese objetivo.
No hay que recurrir a una bola mágica para descifrar que, además del dinero, habría que incrementar la presencia militar norteamericana en la cintura de América, con el presunto propósito de resguardar su seguridad y la de Estados Unidos.
Al remitir al Congreso en febrero el presupuesto para el año fiscal de 2012, la administración de Barack Obama mantuvo una partida de 100 millones de dólares destinados a los fondos para el plan de seguridad en América Central. Aunque los gobiernos del área aspiran a un monto equivalente al de la Iniciativa Mérida, que asciende a 900 millones de dólares.
El reporte habitual del Departamento de Estado sobre narcotráfico internacional, que opera como una especie de certificado de buena conducta, difundido un día antes, citó a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala como los principales países traficantes en la región.
Precisamente, el responsable de la lucha contra el tráfico internacional de drogas del Departamento de Estado, William Brownfield, planteó el mes pasado en El Salvador la posibilidad de que se configure una estructura de colaboración entre Colombia, México y Centroamérica para combatir el narcotráfico.
En una gira que lo llevó a Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, el alto funcionario se refirió al polémico Plan Colombia que entró en ejercicio en 2001 y que ya ha recibido 6,000 millones de dólares de Washington.
También aludió a la no menos controvertida Iniciativa Mérida, engendro de George W. Bush en 2007, con una asignación de 1,400 millones de dólares.
Durante la gira, Brownfield, hizo mención a una cifra de 200 millones para apoyar el plan regional, en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras entidades.
La ayuda de Estados Unidos está contenida en la agenda de la visita que realizaría el presidente Barack Obama a El Salvador a finales de mes.
Interés militar del Comando Sur
En julio de 2010 un grupo de parlamentarios costarricenses elevó un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales contra la autorización del Congreso a que ingresaran a territorio nacional buques militares del Comando Sur de Estados Unidos.
Los legisladores consideraron el hecho como violatorio de la Constitución Política, al permitir el arribo al país de más de 40 barcos, 7 mil soldados estadounidenses, aviones, portaaviones y helicópteros.
Tal vez el arbitrio estuvo amparado en el Convenio de Vigilancia Conjunta Costa Rica-Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas costarricenses, que ha sido renovado anualmente desde el año 2000.
La gigantesca movilización hizo recordar la invasión a Granada en 1983 para poner punto final a la revolución liderada por el primer ministro Maurice Bishop.
El acuerdo de patrullaje conjunto que data ya de diez años se diferencia del nuevo convenio por la apertura al territorio costarricense de unos 7 mil soldados y oficiales estadounidenses, así como de buques y aeronaves de guerra a un país que abolió su Ejército hace más de seis décadas.
A todo ello se suma el restablecimiento de la Cuarta Flota, que retornó a las aguas internacionales de América Latina y el Caribe después de 58 años de hibernación; en un contexto de críticas por la instalación de bases militares de Estados Unidos en Perú y Colombia y la expulsión de la base de Manta en Ecuador.
La resurrección de la Flota reitera la importancia que concede Washington a la seguridad en el Cono Sur del hemisferio.
Se considera que aproximadamente el 40 por ciento del comercio de Estados Unidos y el 50 por ciento de sus importaciones de petróleo son de esta área, incluyendo más del 33 por ciento de la importación de energía hacia el país.
Alrededor del 50 por ciento de las exportaciones de Latinoamérica tienen su mercado en Estados Unidos.
A su vez el Canal de Panamá constituye un enclave de primer orden para el Pentágono, ante cualquier peligro que amenace la región o la “seguridad” nacional de Estados Unidos.
No es de extrañar, entonces, el valor de nuestras tierras y riquezas para el Coloso del Norte.
En realidad somos socios de primera categoría para aportar materias primas, mano de obra barata e inteligencia a bajos precios, pero mercados de quinta a la hora de recibir tecnologías de punta y ser receptores de un trato respetuoso, caracterizado por la reciprocidad.
Es que algunos, aunque nos duela, son más iguales que otros.
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