Más claro que el agua
Si hay algo de lo cual no se le puede acusar a la Célula Parlamentaria Aprista es de no ser persistentes. Ayer, nuevamente trataron de poner al debate un proyecto originalmente presentado hace casi cinco años mediante el cual se cierra la puerta de Sedapal a toda posibilidad de contar con aporte de privados.
Felizmente la iniciativa no prosperó y el proyecto esperamos que eventualmente sea archivado. Sin embargo, la obsesión del Apra con ese tema nos hace temer que al menor descuido pueda ser aprobado.
Ahora bien, la pregunta que tendríamos que hacer es: ¿A quién beneficia esa propuesta?
Ciertamente no va a beneficiar al millón y medio de limeños cuyas casas no cuentan con agua y saneamiento como resultado de una inadecuada gestión de Sedapal durante muchos años.
Tampoco a los millones de usuarios que pagan mensualmente su recibo de agua, ya que su tarifa continuará incluyendo un creciente sobrecosto burocrático para cubrir las ineficiencias de esa empresa del Estado.
Por otro lado, tampoco será de utilidad para el propietario, que somos todos los peruanos, ya que el Estado no solo no va a recibir dividendo alguno de esa institución sino que, encima, tiene que cargar con el pasivo adicional de un mayor gasto en salud al dejar sin acceso a una necesidad vital a una porción significativa de la población.
Es evidente que los únicos que ganan con esa propuesta son el sindicato que perpetúa su control y asegura que no se les exigirá ser eficientes ni mejorar la productividad. Así como los gobernantes populistas que prefieren inaugurar a lo largo de un mandato cientos de pequeñas obras que lo único que logran es mantener estático el nivel del déficit del servicio que se ha creado, en lugar de implementar una solución integral de largo plazo.
En realidad no está claro en qué momento se decidió que el desagüe sea un monopolio estatal pero el resultado es que solo la mitad de los hogares peruanos tienen acceso directo a agua potable y saneamiento. Mientras que hay 100% de cobertura de telefonía celular y 90% de electricidad, servicios que sí se abrieron a la inversión para que el sector privado pueda cerrar las enormes brechas que habían dejado décadas de deficiente manejo por parte de las empresas del Estado.
Lo que sí está más claro que el agua, es que con esta propuesta los parlamentarios del Apra no están buscando mejorar la calidad de vida del ciudadano.
Felizmente la iniciativa no prosperó y el proyecto esperamos que eventualmente sea archivado. Sin embargo, la obsesión del Apra con ese tema nos hace temer que al menor descuido pueda ser aprobado.
Ahora bien, la pregunta que tendríamos que hacer es: ¿A quién beneficia esa propuesta?
Ciertamente no va a beneficiar al millón y medio de limeños cuyas casas no cuentan con agua y saneamiento como resultado de una inadecuada gestión de Sedapal durante muchos años.
Tampoco a los millones de usuarios que pagan mensualmente su recibo de agua, ya que su tarifa continuará incluyendo un creciente sobrecosto burocrático para cubrir las ineficiencias de esa empresa del Estado.
Por otro lado, tampoco será de utilidad para el propietario, que somos todos los peruanos, ya que el Estado no solo no va a recibir dividendo alguno de esa institución sino que, encima, tiene que cargar con el pasivo adicional de un mayor gasto en salud al dejar sin acceso a una necesidad vital a una porción significativa de la población.
Es evidente que los únicos que ganan con esa propuesta son el sindicato que perpetúa su control y asegura que no se les exigirá ser eficientes ni mejorar la productividad. Así como los gobernantes populistas que prefieren inaugurar a lo largo de un mandato cientos de pequeñas obras que lo único que logran es mantener estático el nivel del déficit del servicio que se ha creado, en lugar de implementar una solución integral de largo plazo.
En realidad no está claro en qué momento se decidió que el desagüe sea un monopolio estatal pero el resultado es que solo la mitad de los hogares peruanos tienen acceso directo a agua potable y saneamiento. Mientras que hay 100% de cobertura de telefonía celular y 90% de electricidad, servicios que sí se abrieron a la inversión para que el sector privado pueda cerrar las enormes brechas que habían dejado décadas de deficiente manejo por parte de las empresas del Estado.
Lo que sí está más claro que el agua, es que con esta propuesta los parlamentarios del Apra no están buscando mejorar la calidad de vida del ciudadano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario