El Pasillo de los Límites

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Correa insiste en que, al no modificar el acuerdo sus líneas de base, no se requiere su aprobación en la Asamblea Nacional.

El viernes 20 el presidente Alan García viajará a Quito para una rápida visita oficial de Estado. Según lo informado por el canciller José Antonio García Belaunde, se trata de un encuentro “de fin de temporada. Es una despedida de amigos que dejan una óptima relación entre ambos países”. De hecho, García y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa llegaron a un grado de entendimiento bilateral impensable hasta hace algunos años.

Tal situación tuvo un punto alto con el anuncio de la suscripción de un acuerdo de límites marítimos entre ambos países (CARETAS 2179) que, además de zanjar los pendientes definitivamente, tiene la virtud de: 1) evitar que Ecuador acuda a la Corte Internacional de La Haya como parte concurrente en el caso presentado por Perú contra Chile, y 2) remarcar que los tratados pesqueros de 1952 y 1954 no son acuerdos de límites, como lo considera el vecino del sur.

A partir de las reuniones a puerta cerrada de García Belaunde con los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta y la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, esta última realizada el lunes 16, ha trascendido un punto de debate que inquieta incluso a algunos sectores de Torre Tagle.

El acuerdo, signado primero el pasado 2 de mayo con el intercambio de notas reversales –es decir, iguales– entre ambos gobiernos, estipula que tanto Perú como Ecuador deben cumplir con sus ordenamientos legales internos para refrendar el acuerdo y comunicarlo oficialmente en Naciones Unidas. En el pleno del Congreso peruano se esperaba confirmar el contenido del documento el jueves 19. Así, García llegaría a Ecuador con el pan de los límites bajo el brazo.

El problema estaría en que las autoridades ecuatorianas le informaron a sus pares que bastaba con la aprobación del Ejecutivo para darle el rango del caso. Pero el Artículo 419 de la Constitución de ese país establece que “la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que se refieran a materia territorial o de límites”.

El gobierno de Rafael Correa insiste en que, al no modificar el acuerdo las líneas de base presentadas por ese país el año pasado, no es necesario que pase por aprobación en el Congreso en el que, ciertamente, el Presidente goza de mayoría. Ahora la pelota queda en la cancha quiteña. (E.CH.)