La coca unida jamás será vencida
Es realmente alarmante que los dirigentes cocaleros estén convocando a un congreso con la intención de unificarse en un solo partido político o movimiento.
Más preocupante aún es el hecho de que una de las propulsoras de esta iniciativa sea la parlamentaria andina Elsa Malpartida quien, a su vez, ha sido nombrada, recientemente, coordinadora regional para esta campaña por el partido de Humala. Por tanto, ese candidato presidencial estaría avalando el fortalecimiento de grupos de presión que no son otra cosa que una fachada para el narcotráfico.
Recordemos que tanto el consumo tradicional como la comercialización legal de coca por parte de Enaco no llegan ni al 5% de la creciente cosecha nacional. Por tanto, el único uso para el 95% de la coca es la producción de pasta básica y de cocaína para ser exportadas.
Por ello, cuando dirigentes cocaleros como Malpartida o la congresista Nancy Obregón, e incluso el recientemente elegido parlamentario Walter Acha –todos del grupo de Humala–, se oponen a la erradicación, les están haciendo un tremendo favor a los cárteles de la droga, que son los únicos compradores de su producción.
Sin embargo, con el cuento de la posibilidad de crear mercados para productos hechos con coca o derivados –desde pasta de dientes hasta mate caliente–, los cuales tienen un potencial casi inexistente, intentan legalizar decenas de miles de hectáreas de cultivo de coca que solo puede ser adquirida por el narcotráfico.
Así que el fortalecer políticamente a esos grupos es dispararnos al pie como sociedad, y es absurdo que, buscando votos, un candidato presidencial los esté fomentando.
Más aún, se estaría creando un monstruo con inagotable capacidad para bloquear carreteras y atacar a las fuerzas del orden, como ocurrió al inicio de la década pasada, cuando se les dio rienda suelta por el temor de la Policía a actuar para no terminar acusada de represión.
Más bien, lo que el país necesita con urgencia es un programa de sustitución y erradicación de cultivos que sea serio, amplio, que esté adecuadamente financiado. Hoy, con 200 o 300 millones adicionales al año se puede lograr significativos resultados. Cinco años adicionales de abandono del Estado, como ha ocurrido en la última década, nos va a costar 100 veces más el intentar lograrlo. Ello sin contar con la violencia que se puede generar. Basta con ver la pesadilla que están viviendo los mexicanos.
Más preocupante aún es el hecho de que una de las propulsoras de esta iniciativa sea la parlamentaria andina Elsa Malpartida quien, a su vez, ha sido nombrada, recientemente, coordinadora regional para esta campaña por el partido de Humala. Por tanto, ese candidato presidencial estaría avalando el fortalecimiento de grupos de presión que no son otra cosa que una fachada para el narcotráfico.
Recordemos que tanto el consumo tradicional como la comercialización legal de coca por parte de Enaco no llegan ni al 5% de la creciente cosecha nacional. Por tanto, el único uso para el 95% de la coca es la producción de pasta básica y de cocaína para ser exportadas.
Por ello, cuando dirigentes cocaleros como Malpartida o la congresista Nancy Obregón, e incluso el recientemente elegido parlamentario Walter Acha –todos del grupo de Humala–, se oponen a la erradicación, les están haciendo un tremendo favor a los cárteles de la droga, que son los únicos compradores de su producción.
Sin embargo, con el cuento de la posibilidad de crear mercados para productos hechos con coca o derivados –desde pasta de dientes hasta mate caliente–, los cuales tienen un potencial casi inexistente, intentan legalizar decenas de miles de hectáreas de cultivo de coca que solo puede ser adquirida por el narcotráfico.
Así que el fortalecer políticamente a esos grupos es dispararnos al pie como sociedad, y es absurdo que, buscando votos, un candidato presidencial los esté fomentando.
Más aún, se estaría creando un monstruo con inagotable capacidad para bloquear carreteras y atacar a las fuerzas del orden, como ocurrió al inicio de la década pasada, cuando se les dio rienda suelta por el temor de la Policía a actuar para no terminar acusada de represión.
Más bien, lo que el país necesita con urgencia es un programa de sustitución y erradicación de cultivos que sea serio, amplio, que esté adecuadamente financiado. Hoy, con 200 o 300 millones adicionales al año se puede lograr significativos resultados. Cinco años adicionales de abandono del Estado, como ha ocurrido en la última década, nos va a costar 100 veces más el intentar lograrlo. Ello sin contar con la violencia que se puede generar. Basta con ver la pesadilla que están viviendo los mexicanos.
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