Burla a militares y policías | Política | Diario La Primera

LA NOTICIA Alerta contra proyectos. DETALLE El punto más conflictivo es definitivamente la eliminación de la denominada “Cédula Viva” que permite a los pensionistas nivelar permanentemente los montos que perciben, de acuerdo a los aumentos que percibe el personal activo. Igualmente, la desaparición de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) y la apertura para que las pensiones de militares y policías puedan ser administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). La conmoción que ha provocado la reforma salarial y pensionaria presentada por el gobierno saliente en los institutos militares y en el cuerpo policial, tiene su origen en un extraño apresuramiento del Ejecutivo para aprobarla, ya que información llegada a LA PRIMERA confirma que la misma no solo fue hecha a espaldas de los comandantes generales de estas entidades, sino saltando todos los procedimientos y sin la opinión de los funcionarios del sector Defensa encargados de dar su criterio técnico. La modificación que se pretende aplicar fue presentada en sesión del Consejo de Ministros en dos proyectos (“Ley que aprueba la nueva estructura aplicable al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacionaldel Perú” y “Ley que aprueba las nuevas reglas previsionales aplicables al personal y pensionistas de las Fuerzas Armadas yPolicía Nacional del Perú”), de manera casi clandestina. Funcionarios como el viceministro de Políticas para la Defensa, embajador Marco Balarezo, el viceministro de Recursos para la Defensa Ricardo García Pye, la Secretaria General del Ministerio de Defensa Ivonne Montoya, y el Jefe de Asesoría Jurídica, manifestaron internamente desconocer el contenido y los alcances de los citados proyectos de ley, a pesar de que administrativamente tienen la obligación de dar su opinión especializada. Esto significa que la apresurada reforma salarial y de pensiones militares y policiales del gobierno deAlan García no siguió el camino regular dentro de los ámbitos en que correspondía. Quienes sí tenían conocimiento de lo que planeaba hacer el gobierno de García y actuaron a espaldas de los citados funcionarios fueron la jefa del gabinete de asesores de ese sector Rosa María Ortiz Origgi, el Director General de Recursos Humanos Coronel FAP Carlos Valencia Suárez, y el Director de Administración de Personal Civil Coronel (r) Walter Mejía Sánchez, todos ellos vinculados por una relación de amistad.