Personal de tropa fue encarcelado por acatar órdenes

Militares piden a Humala acabar con la persecución judicial a los soldados

César Rojas

Ante la exhortación del presidente Ollanta Humala para que miles de jóvenes se enrolen en el Servicio Militar Voluntario, oficiales de las Fuerzas Armadas pidieron que no solo se les brinde instrucción laboral, sino también un marco legal para que no terminen presos y enjuiciados durante años por el simple hecho de acatar las órdenes de sus superiores.

El ex comandante general del Ejército, José Graham, saludó la iniciativa del jefe de Estado por fortalecer la defensa del territorio patrio, enfatizando que el Estado debe reconocer también su responsabilidad en defender al personal de tropa cuando enfrenta juicios por su labor contra el terrorismo.

“La defensa legal debe ser para todos y que se toque este tema es importante. Tengo conocimiento de que el Estado, mediante el Ministerio de Defensa, ha ayudado en muchos casos, pero falta modernizar y precisar bien la situación de los soldados”, indicó a LA RAZÓN.

Graham Ayllón recordó que luego de la derogación del Decreto Legislativo 1097 el año pasado -presuntamente porque permitía impunidad en violaciones de derechos humanos- quedó pendiente la legislación que facilitaría el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas de emergencia.

Denunciados en masa

“Ahora último, en el VRAE, por operativos del 2009 y 2010 se denunció a todos los miembros de los destacamentos que intervinieron, con oficiales, suboficiales y tropa. Eso debe evitarse y no hay peligro en violar los derechos humanos porque la instrucción en estos temas se ha mejorado y siempre han sido excesos aislados”, acotó.

Al respecto, el coronel (r) Hugo Robles del Castillo, quien participara en la operación “Chavín de Huántar”, donde se rescató a numerosos rehenes del MRTA, denunció que muchos de esos héroes siguen siendo perseguidos en base a malas interpretaciones del derecho penal.

“Yo fui jefe del grupo de rescate y después terminé denunciado por homicidio calificado. La justicia peruana ya archivó el caso, pero los familiares de los terroristas han llevado el caso a la Corte Interamericana, donde las ONG caviares buscan millonarias indemnizaciones”, recalcó.

Añadió que, a través de la Asociación Democratizando el Derecho “Carlos Giusti Acuña” (ADD), pudo ayudar a unos comandos que estaban presos en cárceles de Lima, que purgaron el máximo plazo de prisión preventiva, pero siguen perjudicados por citaciones del Poder Judicial.

Años de prisión

“Más de veinte soldados estuvieron en el penal de Lurigancho por cumplir órdenes en los casos de Accomarca y Cayara. En estado de emergencia ellos solo cumplen órdenes. Si se les ordena disparar, no deben preguntar cómo ha sido la investigación, sino obedecer a su superior, porque así es la ley de la guerra”, explicó.

Estos licenciados ahora han sido citados para el jueves primero de septiembre en la Sala Penal Nacional, ubicada en el centro de Lima, y tienen que sacrificar sus labores en provincias como Huancavelica, Huánuco y Ayacucho para evitarse mayores problemas. “Si el presidente Humala quiere reforzar el servicio militar, estos chicos necesitan asegurarse de que después no van a terminar siendo considerados delincuentes”, acotó Robles.