Buenas intenciones y el infierno
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno reza un dicho y, en lo que respecta a los objetivos de Proinversión, lamentablemente, ese bien podría ser su destino.
Así tenemos que se ha propuesto la meta de captar casi 10 mil millones de dólares de inversiones en infraestructura para los próximos tres años, de los cuales más de la mitad será en proyectos energéticos existiendo, también, un fuerte componente en irrigación.
Por otro lado, en transportes y saneamiento, la mira la han fijado en montos muy modestos, pese a ser los dos sectores más necesitados. De cualquier manera, ayudaría a reducir una brecha de inversión en infraestructura que se estima en unos 38 mil millones de dólares, en general, si lograran el objetivo trazado.
Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno intenta tranquilizar a los mercados para mantener al Perú como una plaza confiable y atractiva para la inversión, ofreciendo –para ello– Humala, en Nueva York, que respetará tanto las reglas de juego como los contratos que se han firmado, en el Congreso quieren cancelar muchas de las concesiones que el Estado ha otorgado.
Incluso, en el Ejecutivo, algunos de sus más prominentes miembros, como el premier, por ejemplo, hablan abiertamente de “salirse de contratos poco ambiciosos para volver a licitarlos con mayores compromisos”. Con lo cual se está reflejando tanto el síndrome de 'yo lo puedo hacer mejor’ como la intención de cuestionar todo lo actuado por el gobierno anterior.
En realidad, el país no puede darse el lujo de perder años esperando que cada nuevo gobierno deshaga lo andado para tratar de 'mejorarlo’. Ya en materia de concesiones se ha perdido más de un año debido al ciclo electoral, y si a eso le sumáramos el que se vuelva a fojas cero en las que se han firmado –procesos que tomarían, por lo menos, un par de años más en ser completados–, entonces lo más probable es que no habría una nueva inversión de consideración en infraestructura durante este mandato.
Pero lo realmente grave sería la cancelación de contratos, lo que ahuyentaría a las empresas serias y responsables de participar en futuros proyectos o en concursos de concesión. Por lo que terminaríamos en manos de piratas o de empresas públicas del ALBA, ninguno de los cuales es reputable o tiene algo que ofrecer a los peruanos, quienes continuaremos sufriendo de falta de agua potable y de puertos saturados
Así tenemos que se ha propuesto la meta de captar casi 10 mil millones de dólares de inversiones en infraestructura para los próximos tres años, de los cuales más de la mitad será en proyectos energéticos existiendo, también, un fuerte componente en irrigación.
Por otro lado, en transportes y saneamiento, la mira la han fijado en montos muy modestos, pese a ser los dos sectores más necesitados. De cualquier manera, ayudaría a reducir una brecha de inversión en infraestructura que se estima en unos 38 mil millones de dólares, en general, si lograran el objetivo trazado.
Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno intenta tranquilizar a los mercados para mantener al Perú como una plaza confiable y atractiva para la inversión, ofreciendo –para ello– Humala, en Nueva York, que respetará tanto las reglas de juego como los contratos que se han firmado, en el Congreso quieren cancelar muchas de las concesiones que el Estado ha otorgado.
Incluso, en el Ejecutivo, algunos de sus más prominentes miembros, como el premier, por ejemplo, hablan abiertamente de “salirse de contratos poco ambiciosos para volver a licitarlos con mayores compromisos”. Con lo cual se está reflejando tanto el síndrome de 'yo lo puedo hacer mejor’ como la intención de cuestionar todo lo actuado por el gobierno anterior.
En realidad, el país no puede darse el lujo de perder años esperando que cada nuevo gobierno deshaga lo andado para tratar de 'mejorarlo’. Ya en materia de concesiones se ha perdido más de un año debido al ciclo electoral, y si a eso le sumáramos el que se vuelva a fojas cero en las que se han firmado –procesos que tomarían, por lo menos, un par de años más en ser completados–, entonces lo más probable es que no habría una nueva inversión de consideración en infraestructura durante este mandato.
Pero lo realmente grave sería la cancelación de contratos, lo que ahuyentaría a las empresas serias y responsables de participar en futuros proyectos o en concursos de concesión. Por lo que terminaríamos en manos de piratas o de empresas públicas del ALBA, ninguno de los cuales es reputable o tiene algo que ofrecer a los peruanos, quienes continuaremos sufriendo de falta de agua potable y de puertos saturados
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