El Team Villafuerte
La comisión de transferencia de Defensa fue encabezada por Adrián Villafuerte. Varios de sus miembros ocupan hoy puestos claves en ese sector y en el de Interior. |
Encabeza la lista el general FAP (r) Lisandro Maycock, viceministro de recursos para la Defensa, quien hasta hace poco también tuvo encargado el despacho de Política en el mismo sector. Pablo Araníbar, general retirado y jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Defensa, asumió ese encargo hace algunas semanas. El problema de fondo es que no ha sido nombrado un “vice” definitivo de Política de Defensa, trascendió que por desacuerdos entre el ministro Daniel Mora y Villafuerte.
También acompañó a Villafuerte en la comisión el vicealmirante (r) Juan Sierralta Fait, actual inspector general del Ministerio de Defensa.
El abogado Luis Alberto Otárola Peñaranda, ex viceministro de Defensa, ex candidato al Congreso por Fuerza Social y hermano del parlamentario nacionalista Fredy Otárola, es ahora el viceministro de Orden Interno en el sector Interior.
También destaca José Robles, capitán EP (r), quien integra el Comité de Asesores (COAS) en el mismo Ministerio del Interior.
Pero también ha tenido dos sonados reveses. El primero fue la designación del coronel (r) Luis Pereyra Briceño como jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci). Ex personero de Gana Perú y en la práctica el número dos de Villafuerte en la campaña, debió renunciar al cargo cuando se estableció que no tenía el rango de ley para ocuparlo. En relación al caso Madre Mía, Pereyra había sido vinculado a la mutilación del legajo de Ollanta Humala en el 2006.
El segundo traspiés de Villafuerte estuvo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Allí fue puesto al frente el capitán EP (r) Víctor Manuel Gómez Rodríguez, compañero de promoción de Humala y dedicado hasta hace poco al rubro de seguridad en la minería. El coronel EP (r) José Goicochea Caicho, estrechamente vinculado a Villafuerte, había sido voceado en el puesto y desató una guerra sorda contra Gómez Rodríguez. Al final, éste se impuso y, con la venia presidencial, terminó por sacarlo como asesor de la DINI.
¿MARCHA ATRÁS?
Mientras tanto, el lunes 17, el ministro del Interior, Óscar Valdés, se presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso y negó que se vaya a producir una purga de 3,500 policías antes de fin de año. “Cómo es posible que desinformen de esa manera”, se quejó y añadió: “Yo he dicho que hay un exceso de coroneles, hay 600 y la institución necesita 300. Pero yo no he dicho que vayan a salir mañana. Entonces esto también se ha tergiversado y magnificado”.Pero esto no fue lo que Valdés declaró a RPP Noticias el martes 11. “La Policía tenía 55 generales, 900 coroneles y más de 2,000 comandantes. No puede seguir con ese statu quo”, dijo Valdés. “La meta es quedarnos con 20 generales, 300 coroneles, 900 comandantes y unos 1 200 mayores”, calculó. Según esos números, la “reingeniería” implicaba la salida de 600 coroneles y 1,200 comandantes. Es decir, 1,800 oficiales sin contar a los mayores, capitanes y tenientes.
La contradicción en las declaraciones parece indicar que el gobierno ha dado marcha atrás a la razzia policial que tenía proyectado realizar de aquí a diciembre y ahora se inclinaría por un proceso gradual.
“Recién en el año 2024 habrá una verdadera pirámide policial”, anunció Valdés. El tema ya había sido motivo de análisis hace 9 años.
En el 2001, la Policía tenía 48 generales, 750 coroneles, 1,222 comandantes, 2,169 mayores, 3,030 capitanes, 1,495 tenientes y 597 alfereces.
El gobierno de Alejandro Toledo hizo un esfuerzo para solucionar el problema piramidal. La reforma gradual empezó en el 2002, con Fernando Rospigliosi, y continuó en el 2003 con Gino Costa. El proceso tuvo una pausa con Alberto Sanabria, pero prosiguió cuando Rospigliosi volvió a la cartera del Interior. Es así que, en el 2004, el número de generales había descendido a 31. Había 380 coroneles, 1,010 comandantes, 2,000 mayores y 3,159 capitanes.
El objetivo para el 2005 era tener 28 generales, 300 coroneles, 950 comandantes y 2,000 mayores. Pero Rospigliosi fue censurado en el Congreso y su puesto fue ocupado por el empresario Javier Reátegui. En julio del 2004, Reátegui amplió el número de vacantes para los grados altos de la Policía y, un año después, el número de generales aumentó a 44 y el de coroneles a 410. El problema continuó durante el gobierno de Alan García y el número aumentó a 50 generales en el 2009 y, posteriormente, a 55 en el año 2010.
Dos altos oficiales de la Policía comentaron que una de las causales de la ampliación de vacantes para generales ha sido el tenso y antiguo jaloneo entre los llamados Códigos 1 (Guardia Civil), 2 (PIP) y 3 (Republicanos) por la predominancia del Comando. Es un tema que se repite cada año y, sobre todo, tras la designación del nuevo director de la PNP. El general Salazar es Código 1.
Altos oficiales indican que el número de generales tiene sentido si se recuerda que la institución cuenta con 120,000 efectivos en todo el país. Pero evidentemente existe una sobrepoblación de generales, a diferencia de otros países.
Por ejemplo, la Policía Federal de Brasil tiene 27 generales y 1 Director General; La Gendarmería Nacional de Argentina cuenta con 17 comandantes generales y 8 comandantes mayores; Carabineros de Chile tiene 38 generales. Por su parte, la Guardia Civil de España tiene 16 Oficiales Generales y 1 Director General. Y la Policía General de Francia 8 Directores Generales. Es decir, la Policía Nacional tiene más generales que España y Francia juntos.
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