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lunes, 3 de octubre de 2011

Es 1984 en Medio Oriente

Análisis & Opinión

Es 1984 en Medio Oriente

Farid Kahhat

Peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas, Austin. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional.


·                     Lun, 10/03/2011 - 10:45
·                     1 Comentarios
La respuesta del gobierno israelí a la iniciativa palestina de buscar el reconocimiento de su Estado en Naciones Unidas constituye un ejemplo consumado de “Neolengua” orwelliana. Por ejemplo, cuando la califican reiteradamente como una acción unilateral. ¿Puede concebirse algo menos unilateral que apelar a la máxima instancia multilateral del mundo, como es Naciones Unidas? Prácticas unilaterales son la construcción de asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a sus legítimos propietarios palestinos, o construir en territorios ocupados un muro que anexa de facto 15% de Cisjordania y todo Jerusalén Oriental.
Se indica luego que la parte palestina es la que impide la reiniciación de las negociaciones bilaterales al poner como condición que Israel cese la construcción tanto de los asentamientos como del muro. Olvida el gobierno israelí que una de las primeras acciones de Netanyahu como Primer Ministro fue condicionar el reinicio de las negociaciones al reconocimiento por la parte palestina de Israel como un “Estado judío”, cosa a la que no está obligado bajo el derecho internacional, y condición que sólo le compete definir a los ciudadanos de Israel (20% de los cuales no son judíos). Por lo demás no son los palestinos quienes demandan que cesen esas construcciones: lo demanda el derecho internacional. Por ejemplo, la resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU dice a la letra que la construcción de asentamientos “no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera”. Por su parte, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sostiene textualmente que “la construcción del muro (…), y su régimen conexo, contradicen el derecho internacional”, y que “Israel tiene la obligación de poner fin a sus  violaciones al derecho internacional; tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro (…)”.

Y son precisamente esas acciones unilaterales e ilegales de Israel las que, en opinión de la mayoría de los palestinos, explican el que 18 años de negociaciones intermitentes no hayan llevado a ninguna parte: porque antes que buscar una solución negociada, Israel está ganando tiempo para poner en práctica una política de hechos consumados que, luego, ninguna negociación podría revertir.
Otro ejercicio en Neolengua es la afirmación de que el gobierno israelí acepta el derecho de los palestinos a tener un Estado, si se recuerdan las condiciones para su creación establecidas por Netanyahu en el discurso que pronunció en 2009 en la localidad de Netanya: ese presunto “Estado” no podría tener un ejército, controlar su espacio aéreo o sus fronteras territoriales, establecer convenios de seguridad, y albergaría por tiempo indefinido una presencia militar israelí. No existe sobre la faz de la tierra Estado alguno que cumpla con semejantes condiciones. De cualquier modo, Netanyahu indicó este año tanto en la Oficina Oval de la Casa Blanca, como ante el Congreso de los Estados Unidos, que Israel no se replegaría a las fronteras de 1967 (es decir, las fronteras bajo las que, según el consenso internacional, debería establecerse un  Estado palestino). Lo cual lleva a formular una pregunta que Netanyahu no respondió: ¿entonces dónde debería construirse esa entelequia a la que prefiere llamar Estado? Podría alegarse que el muro construido en territorios ocupados es una frontera que Israel está erigiendo de facto: sería una acción unilateral e ilegal, pero al menos sabríamos a qué atenernos. Lamentablemente no es posible siquiera asumir eso, dado que Israel sigue confiscando propiedades para construir asentamientos en lo que vendría a ser, digamos, el lado palestino del muro.
Quien vota de manera automática lo hace por definición de modo irreflexivo y, por ende, irresponsable. Formarían parte de esa mayoría automática Estados como India y China, potencias emergentes con las que Israel mantiene relaciones diplomáticas, comerciales e incluso de cooperación militar, sin que quede por ello claro que podrían tener en su contra. ¿Quiénes entonces, por oposición, formarían parte de la minoría ética y pensante? A juzgar por los patrones de votación en la ONU, Micronesia, Nauru, Palau, y las Islas Marshall.
Otro ejemplo de un lenguaje que significa lo opuesto a lo que debiera bajo circunstancias normales son las referencias a las resoluciones de las Naciones Unidas: sucesivos gobiernos israelíes esgrimen con orgullo su presunta aceptación de la resolución de partición de 1947, enrostrando a su vez a los árabes su negativa a hacer lo propio. Lo cual resulta paradójico al menos por tres razones: en primer lugar, porque entre 1947 y 1948 Israel ocupó la mitad del territorio que esa resolución le asignaba a un Estado palestino: es decir,  la incumplió en la práctica. Y como revela la documentación contenida en el libro “La Política de la Partición” del historiado israelí Avi Shlaim, los líderes israelíes negociaron con el entonces rey de Jordania la posibilidad de dividirse el territorio de lo que debió ser el Estado palestino (que, en lo esencial, fue lo que ocurrió).
En segundo lugar, el que los palestinos aceptaran o no la resolución era francamente irrelevante, dado que nunca fueron consultados sobre su contenido y su aceptación jamás fue una condición para que la resolución fuera aprobación (como exige ahora Israel respecto a la resolución que admitiría a Palestina en la ONU como un Estado observador).
En tercer lugar, es de mal gusto vanagloriarse por la presunta aceptación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en 1947, cuando Israel ha ignorado la virtual totalidad de las decisiones que la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional han adoptado sobre la región desde entonces.
La razón que propone el gobierno israelí para justificar su renuencia a aceptar en particular las decisiones de la Asamblea General de la ONU es que ese organismo contiene una “mayoría automática” hostil hacia Israel. Quien vota de manera automática lo hace por definición de modo irreflexivo y, por ende, irresponsable. Formarían parte de esa mayoría automática Estados como India y China, potencias emergentes con las que Israel mantiene relaciones diplomáticas, comerciales e incluso de cooperación militar, sin que quede por ello claro que podrían tener en su contra. ¿Quiénes entonces, por oposición, formarían parte de la minoría ética y pensante? A juzgar por los patrones de votación en la ONU, Micronesia, Nauru, Palau, y las Islas Marshall.
Así como el Estado de Israel se enorgullece de haber aceptado formalmente una resolución que incumplió en los hechos, suele también enorgullecerse de los compromisos territoriales que, según su versión, habría estado dispuesto a hacer en aras de la paz. Hay sin embargo dos inconvenientes con esa versión: el primero es que los territorios de los que estaba dispuesto a replegarse no constan en ningún documento oficial que se haya barajado en el transcurso de las negociaciones. En segundo lugar, su práctica es nuevamente más elocuente que sus palabras: si Israel estaba dispuesto a retirarse de los territorios ocupados en 1967 (cosa a la que está obligado bajo el derecho internacional, por lo que difícilmente calificaría como una concesión), ¿por qué jamás dejó de confiscar propiedades y construir asentamientos en tierras que supuestamente estaba a punto de abandonar?
En el caso de las negociaciones de Camp David, por ejemplo, sólo tenemos versiones de parte. Es cierto que la versión israelí recibió el espaldarazo del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Pero, al igual que Barak y Arafat, Clinton era en ese momento un político preocupado por evitar el costo que implicaba el fracaso de las negociaciones. Y su gobierno no era parte neutral en el proceso: los Estados Unidos son el principal aliado de Israel en el planeta (no en vano ese país es el principal receptor mundial de ayuda económica y militar estadounidense, con un total de US$3.000 millones anuales). Y por cierto, hablamos del mismo Bill Clinton que negó enfáticamente haber mantenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, hasta que se le mostró una muestra de su semen impregnado en uno de sus vestidos. Se trata por lo demás del mismo personaje que, ahora que ya no tiene carrera política por preservar, sostiene que (y cito) “Netanyahu mató el proceso de paz”.

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