ASQUEROSA JUGADA PARA ACUSARE A MILITARES COLOMBIANOS CON PARTICIPACIÓN DE ABOGADOS TRAFICANTES DE LOS DERECHOS HUMANOS MILITARES TRAIDORES Y SUPUESTAS FAMILIAS DE VICTIMAS.DA ASCO

Mapiripán o una infamia colectiva

Por RAFAEL NIETO LOAIZA

Paramilitares, con la colaboración de miembros de la Fuerza Pública, asesinaron en 1997 unos habitantes de Mapiripán. En 2005, en un proceso iniciado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), condenó a Colombia a pagar varios millones de dólares a los familiares de 26 ‘víctimas’ y pidió establecer la identidad de otros 23 desaparecidos. En 2009, el Tribunal Superior de Bogotá condenó al general Uscátegui a 40 años de prisión, con base en el testimonio de un coronel Orozco. Orozco, quien reconoció su responsabilidad, negoció su libertad a cambio de acusar a Uscátegui. Con la colaboración del Colectivo, hoy vive cómodamente en Miami. Por su parte, el Colectivo recibió varios miles de millones de pesos como honorarios pagados por las falsas víctimas.

Esta semana, la Fiscalía 30 de Justicia y Paz encontró que la cifra era inflada, que sólo había prueba de seis homicidios y cuatro desapariciones y que varias ‘víctimas’ mintieron. La madre de un esposo muerto y dos hijos ‘desaparecidos’, a la que la Cidh ordenó indemnizar con $1.700 millones, declaró que ella ni siquiera vivía en Mapiripán, que su esposo fue en realidad asesinado por la guerrilla y que sus hijos están vivos. La mujer ha dicho que la convencieron de que se hiciera pasar como víctima. La Fiscalía ha documentado otros casos similares.

Varias lecciones se desprenden del caso. Una, la investigación inicial de la Fiscalía fue un verdadero desastre y dio como ciertos asesinatos y desapariciones que nunca ocurrieron. ¿Fue incompetente o estaba en colusión con las falsas víctimas? Dos, los abogados de las ‘víctimas’ se enriquecieron sin causa y a costa del patrimonio público, es decir, del bolsillo de cada uno de nosotros. ¿Indujo el Colectivo a mentir? ¿Resuelve su responsabilidad alegando, como hizo, que era responsabilidad de la Fiscalía y no suya probar los asesinatos y desapariciones y diciendo que devolverá algo del dinero recibido? Tres, hubo aquí un sinnúmero de delitos, desde falso testimonio hasta fraude procesal y estafa. ¿Hará la Fiscalía la investigación de rigor, caiga el colectivo que caiga? ¿O, como es usual, muerto el tigre se asustará con el cuero? Cuarto, los hechos muestran que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene gravísimas falencias que hay que corregir, como mínimo en los mecanismos para determinar las víctimas y sus indemnizaciones. ¿Será el Gobierno colombiano capaz de dar la batalla internacional aún sabiendo que eso le abrirá un frente con las oenegés de derechos humanos? Quinto, el caso prueba una vez más que la defensa internacional del Estado colombiano es desastrosa. ¿Cómo es posible que nuestros agentes frente a la Corte no hayan exigido la plena identificación de las ‘víctimas’? ¿Cuándo los gobiernos dejarán de nombrar amigotes y escogerán verdaderos expertos en el sistema de derechos humanos como abogados? Finalmente, los mecanismos de delación deben ser revisados. Es inaceptable que Orozco, confeso responsable, disfrute de un dorado exilio y que Uscátegui, que siempre ha negado cualquier responsabilidad en la matanza y además no tenía jurisdicción en la zona, esté condenado a prisión perpetua. Aquí el Colectivo, con colaboración de la Fiscalía, ‘comió general’ inocente, aunque los verdaderos culpables no pagaran por sus actos. Los objetivos del Colectivo en Mapiripán fueron hacer plata y que se condenara a Uscátegui, nunca la justicia.