Se está cumpliendo al pie de la letra lo que escuché hace 12 o 13 años
El expresidente de la Sala Antiterrorismo Marcos Ibazeta advirtió que los polémicos permisos de viaje concedidos por el Poder Judicial a presos condenados por terrorismoson parte de la estrategia del MRTA para su reactivación política.
El exmagistrado alegó que los subversivos están consiguiendo ablandar sus condiciones carcelarias, con beneficios que otros reos no tienen. “Me parece una pérdida de tiempo discutir sobre los permisos cuando el tema de fondo es la estrategia (de los exterroristas) donde van midiendo al Estado. Ya lograron su salida y ahora el tema es la reactivación política”, señaló.
Ibazeta explicó que, si bien las leyes sobre esta materia pueden interpretarse y que los jueces pueden hacer excepciones, estos no están analizando a cabalidad el escenario que están propiciando los sediciosos. “El problema es la concesión del beneficio sin ver la organización ni vinculación de la persona, lo que nos crea desestabilización”, agregó.
El jurista citó como ejemplo el caso particular de Nancy Gilvonio, viuda del cabecilla emerretista Néstor Cerpa, quien solicitó permiso para viajar a Francia, donde se presume que hay integrantes de esa organización terrorista. “Se sospecha que ella es tesorera delMRTA y que busca contactarse con elementos de ese grupo en Francia. Si vuelven a operar entonces ese viaje ya no es tan transparente, los jueces deben hacer este análisis y no lo están haciendo”, acotó.
Ibazeta aseguró que esta hipótesis no es tremendista pues cuando presidía la Sala Antiterrorismo conversó con los condenados y ellos le mencionaron que esperaban que el caldo de cultivo se diera y que este sería su método. “Se está cumpliendo al pie de la letra lo que escuché hace 12 o 13 años. Que los jueces analicen todas las perpectivas, se trata de individuos vinculados a organizaciones proscritas”, añadió.
Por último recordó que los jueces son responsables de lo que deciden y que tienen que responder por su mala actuación, porque no pueden perturbar a la ciudadanía con sus decisiones. “La Corte Suprema debería fijar parámetros”, concluyó.
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