Millonario negociado de Aprodeh si prospera denuncia ante la CIDH

Consejo por la Paz: Hay planes para cobrar a familias de terroristas, al Estado, entre otros

El presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco, consideró que Aprodeh está de fiesta ya que serán ellos los beneficiados económicamente si prospera su demanda para que la CIDH declare responsable al Estado peruano por la muerte de los MRTA que tomaron la embajada del Japón.

“Hay algunas fundaciones que pagan una cantidad fija por gasto. La Iglesia Luterana de Dinamarca, que se entiende con algunas ONG locales, tengo entendido que con Aprodeh, les paga una cantidad fija por caso denunciado, sea real o no, o debidamente sustentado o no”, reveló Diez Canseco.

Lo puesto de manifiesto da luces sobre cuál es la verdadera razón de por qué ONG’s entre las que se encuentra Aprodeh, realizan demandas contra elementos de las FFAA y PNP, y que son “inconcebibles” e “irracionales” para los entendidos en el campo del derecho.

Pero esto no es todo, se verán engrosadas las cuentas de los integrantes de estos organismos que se constituyen con el rótulo de “sin fines de lucro”, ya que con lo expuesto por Diez Canseco, se deduce que “chapan por todos lados”.

“Cuando el Estado se ve obligado a pagar una reparación, ellos también pueden cobrarles un porcentaje de esa millonada a los familiares de las supuestas víctimas, que en su totalidad son terroristas”, señaló.

Pero el menú que las ONG se engullen no se limita a esta lista, un jugoso platillo señaló el letrado, lo constituyen los costes y costas que estos le cobran al Estado cada vez que este se allana ante sus demandas o ante las negligencias que como en el caso de Chavín de Huántar parlamentarios señalan que cometió Francisco Eguiguren.

“Esto es un alto porcentaje, hay abogados que consideran que sus servicios cuestan una millonada, y el Estado tiene que pagar. Esto se ha convertido en un gran negocio”, cuestionó de la actitud que tiene como fachada la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de todos los ingresos económicos que reciben estos organismos, que pueden ser comparables con lo que recibe cualquier transnacional, el marco legal que las rige las beneficia con un régimen tributario que no tienen ni aquellos que ponen un negocio para sobrevivir: “están exonerados de impuestos”.

Hecha pública la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el caso Chavín de Huántar sea elevado a la Corte IDH, y lo expuesto por Francisco Diez Canseco, para que los peruanos saquen la conclusión de si fue principista o monetaria la satisfacción de la abogada Gloria Cano por esta situación.

“La sentencia que esperamos en la Corte es que se declare la responsabilidad del Estado en la violación del derecho a la vida de por lo menos tres emerretistas y se señale nuevamente que el fuero militar no es una instancia para investigar o juzgar a militares que han cometido violación a los derechos humanos”, expresó la abogada de Aprodeh en la víspera.

La relación con el MRTA

Sin embargo, parlamentarios de distintas bancadas exigen que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) transparente e investigue de dónde provienen otros financiamientos que recibe Aprodeh, ya que su defensa no se limita a emerretistas que secuestraron la embajada del Japón, también a la propia organización terrorista.

En abril del 2008 el canciller José Antonio García Belaunde reveló que una carta de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) frustró la inclusión del MRTA en el registro de organizaciones terroristas del Parlamento Europeo.

Al estallar el escándalo, el director de Aprodeh, Francisco Soberón, intentó justificar su reprochable accionar que había quedado al descubierto.

“Incluir al MRTA en una lista terrorista nos parecía sobredimensionar la existencia de un grupo que está derrotado y ya no opera en el país desde hace 8 años, que, por tanto, no tenía sentido incluir algo que no existe, que no opera, que no reivindica, que no se le reconocen hechos concretos”, manifestó Soberón, a su oscura gestión que había sido considerada como una “traición a la patria” por el presidente Alan García.