Perú rechaza demanda de la CIDH por el caso Chavín de Huántar
Enfrentamiento. Negativa del Estado peruano a nuevo proceso a comandos da lugar a demanda de CIDH ante la Corte.
Réplica. Ministro de Justicia, Juan Jiménez, anunció que se tomarán medidas contra el organismo internacional. Se anunció la designación de César Azabache y también el planteamiento de la reestructuración del sistema interamericano.
Martín Hidalgo Bustamante
El ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, expresó en nombre del Ejecutivo su rechazo a la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana contra el Estado por el caso de los comandos de Chavín de Huántar.
Jiménez Mayor anunció que su sector tomará medidas judiciales y políticas para defender los intereses del Perú. Como primer paso se planteará la reestructuración de las competencias del sistema interamericano de justicia.
Este nuevo enfrentamiento entre el Estado peruano se presenta luego de que la CIDH pidiese a la Corte abrir juicio al Perú por su negativa a abrir un proceso en el fuero civil a los militares que, durante su participación en la liberación de los rehenes de la embajada de Japón de Lima en 1997, habrían ejecutado extrajudicialmente a comandos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
El titular de Justicia indicó, en conferencia de prensa, que "no es un objetivo del gobierno el retiro del Perú del sistema interamericano. Lo que está planteándose es el pedido de reestructuración. Ese punto queremos debatirlo como Estado ante foros internacionales y ante la propia Asamblea General de la OEA”.
En esa línea, adelantó la designación del ex procurador anticorrupción César Azabache Caracciolo como responsable de la defensa del Estado en este caso. Según la CIDH, el Perú no ha cumplido con responder los cuatro puntos de su recomendación sobre el caso, por lo que todos los integrantes del operativo tendrían que ir al banquillo de la Corte supranacional.
El ministro Jiménez también comentó que se designará a un grupo consultivo con la participación de reconocidos juristas para que apoyen la causa del Perú.
Además, refirió que se planteará una estrategia de defensa que no permita que este tema tenga éxito en la Corte, el cual busca comprometer a los 143 comandos que participaron de la operación.
Fuero militar o civil
En el 2002, cuatro años después de la toma de la residencia del embajador japonés, la Fiscalía inició una investigación a 15 oficiales que participaron en el operativo Chavín de Huántar a base de la denuncia de los familiares de los emerretistas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Tras ello, el fuero militar inició un proceso paralelo por abuso de autoridad contra los 140 comandos. Ante ello, presentaron entonces una contienda de competencia para ver el caso en su totalidad.
La Corte Suprema de Justicia resolvió la contienda a favor del fuero militar, pasando la investigación de los efectivos en actividad, y dejando en el fuero ordinario la investigación contra Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Ascurra y Jesús Aliaga Zamudio. La decisión fue tomada por la Sala presidida por el abogado Guillermo Cabala.
"El caso que ha llevado la Comisión a la Corte Interamericana es el de las ejecuciones practicadas por el personal militar de Montesinos. Tras 10 años de producidas las ejecuciones y de 5 años del proceso inacabable, Montesinos y sus asesinos siguen impunes", sostuvo el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra tras advertir que Venezuela también viene abogando por la reestructuración de funciones de la CIDH.❧
Posiciones encontradas
Para la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, la decisión de la CIDH “se veía venir no solo por el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado Peruano” para que se vuelva a juzgar en el fuero civil sino porque “se hizo un quiebre de la reserva del proceso” por parte del gobierno. Aclaró que “no es cierto que se pretenda juzgar a todos los comandos”.
Monseñor Luis Bambarén sostuvo que resulta “inaudito” que la CIDH dedicada a la defensa de los derechos humanos no tome en cuenta el sufrimiento de la población. "Las Fuerzas Armadas también perdieron dos miembros en el operativo", dijo.
César Azabache Caracciolo fue Procurador Anticorrupción entre noviembre del 2000 y enero del 2002. Luego fue abogado de algunos de los encausados en el caso del salvataje del Banco Wiese.
Claves
66/11 Es el número del informe que envió en junio pasado el ente internacional al Estado.
211 El documento de 57 páginas indica en el numeral 211 que “el Estado remitió parte del conocimiento de los hechos a la jurisdicción militar, cuyo proceso fue secreto y en el cual los familiares no pudieron participar”.
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