Argentina pide arresto de Morales Bermúdez
Cuestionado juez dictó medida, y hace solo unos meses la presidenta Cristina Fernández otorgó asilo político a un terrorista chileno acusado de asesinato y secuestro.
El 25 de mayo de 1978, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez ordenó la captura y deportación a Argentina de 13 opositores políticos acusados de actividades subversivas, entre los que se encontraban el actual congresista Javier Diez Canseco y otros radicales de izquierda, como Ricardo Napurí Shapiro y Genaro Ledesma Izquieta. Ayer, casi 34 años después de ese incidente, un cuestionado juez federal argentino pidió la captura del ex mandatario, acusándolo del secuestro de los citados personajes, como parte del llamado “Plan Cóndor”.
El magistrado Norberto Oyarbide envió a la Cancillería argentina la solicitud de detención “provisoria y preventiva” con fines de extradición del Morales Bermúdez, de 90 años. Oyarbide pidió además la colaboración de Interpol para la captura del ex presidente, acusado del secuestro y el traslado de 13 opositores políticos en 1978 desde el Perú hacia Argentina, en medio del “Plan Cóndor”, como se denomina a las acciones represivas coordinadas llevadas a cabo por las dictaduras instaladas en el Cono Sur en los años 70 y 80.
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia del ex senador trotskista Ricardo Napurí Schapiro, uno de los 13 opositores capturados el 25 de mayo de 1978 por “actividades subversivas” en el Perú y deportados posteriormente a Jujuy, Argentina.
El 25 de mayo de 1978, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez ordenó la captura y deportación a Argentina de 13 opositores políticos acusados de actividades subversivas, entre los que se encontraban el actual congresista Javier Diez Canseco y otros radicales de izquierda, como Ricardo Napurí Shapiro y Genaro Ledesma Izquieta. Ayer, casi 34 años después de ese incidente, un cuestionado juez federal argentino pidió la captura del ex mandatario, acusándolo del secuestro de los citados personajes, como parte del llamado “Plan Cóndor”.
El magistrado Norberto Oyarbide envió a la Cancillería argentina la solicitud de detención “provisoria y preventiva” con fines de extradición del Morales Bermúdez, de 90 años. Oyarbide pidió además la colaboración de Interpol para la captura del ex presidente, acusado del secuestro y el traslado de 13 opositores políticos en 1978 desde el Perú hacia Argentina, en medio del “Plan Cóndor”, como se denomina a las acciones represivas coordinadas llevadas a cabo por las dictaduras instaladas en el Cono Sur en los años 70 y 80.
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia del ex senador trotskista Ricardo Napurí Schapiro, uno de los 13 opositores capturados el 25 de mayo de 1978 por “actividades subversivas” en el Perú y deportados posteriormente a Jujuy, Argentina.
Incluyen a Videla
Oyarbide también incluyó en la acusación al ex dictador argentino Jorge Videla y Albano Harguindeguy, quien fue su ministro del Interior, los cuales fueron citados a declarar para finales de febrero por ser considerados colaboradores en la operación.
Videla, de 86 años, el primer gobernante de la dictadura argentina (1976-1983), recibió en diciembre de 2010 una condena a prisión perpetua por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos.
Harguindeguy está procesado por varios delitos cometidos durante ese régimen, entre ellos el caso del obispo Enrique Angelelli, muy crítico con la dictadura, que murió en 1976 en un aparente accidente de tráfico que hoy se cree que fue un atentado.
Oyarbide también incluyó en la acusación al ex dictador argentino Jorge Videla y Albano Harguindeguy, quien fue su ministro del Interior, los cuales fueron citados a declarar para finales de febrero por ser considerados colaboradores en la operación.
Videla, de 86 años, el primer gobernante de la dictadura argentina (1976-1983), recibió en diciembre de 2010 una condena a prisión perpetua por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por violaciones de los derechos humanos.
Harguindeguy está procesado por varios delitos cometidos durante ese régimen, entre ellos el caso del obispo Enrique Angelelli, muy crítico con la dictadura, que murió en 1976 en un aparente accidente de tráfico que hoy se cree que fue un atentado.
Habla Napurí
El ex constituyente izquierdista Ricardo Napurí Schapiro, denunciante de Morales Bermúdez, dijo que el hecho no fue una simple “deportación”, pues las personas enviadas a Argentina recibieron una golpiza previamente, y luego fueron llevadas en un avión militar, enmarrocadas a sus asientos, hasta una base militar en Jujuy.
“El coronel Arana que nos recibe (en Argentina) nos dice que éramos prisioneros de guerra, porque los Estados Mayores habían pactado un acuerdo, que los prisioneros peruanos iban a ir a la Argentina, y los prisioneros argentinos más peligrosos iban al Perú”, declaró en RPP.
El ex constituyente izquierdista Ricardo Napurí Schapiro, denunciante de Morales Bermúdez, dijo que el hecho no fue una simple “deportación”, pues las personas enviadas a Argentina recibieron una golpiza previamente, y luego fueron llevadas en un avión militar, enmarrocadas a sus asientos, hasta una base militar en Jujuy.
“El coronel Arana que nos recibe (en Argentina) nos dice que éramos prisioneros de guerra, porque los Estados Mayores habían pactado un acuerdo, que los prisioneros peruanos iban a ir a la Argentina, y los prisioneros argentinos más peligrosos iban al Perú”, declaró en RPP.
Argentina acogió a terrorista
Cabe recordar que Argentina, que dice defender la democracia y las instituciones, concedió el estatus de refugiado político al guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza luego que las autoridades sureñas exigieran su extradición desde el año 2004.
Apablaza, uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es acusado del asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la derechista UDI en 1991 –en democracia– y el secuestro de Cristián Edwards.
Si bien en septiembre de 2010 la Corte Suprema argentina autorizó la extradición, señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo. En una decisión sorpresiva que fue catalogada como un insulto en Chile, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concedió el refugio político a Apablaza. Más no se puede decir.
Cabe recordar que Argentina, que dice defender la democracia y las instituciones, concedió el estatus de refugiado político al guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza luego que las autoridades sureñas exigieran su extradición desde el año 2004.
Apablaza, uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es acusado del asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la derechista UDI en 1991 –en democracia– y el secuestro de Cristián Edwards.
Si bien en septiembre de 2010 la Corte Suprema argentina autorizó la extradición, señaló que la decisión final estaría en manos del Poder Ejecutivo. En una decisión sorpresiva que fue catalogada como un insulto en Chile, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner concedió el refugio político a Apablaza. Más no se puede decir.
“No participamos en Plan Cóndor”
El ex presidente Francisco Morales Bermúdez negó ayer que su gobierno haya participado en el “Plan Cóndor”, luego que la justicia argentina pidiera su captura por el “secuestro” de 13 opositores peruanos enviados a ese país, presuntamente como parte de un plan de los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur.
Morales Bermúdez, quien encabezó un gobierno militar (1975/80), explicó que se trató de una deportación a Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos en que el régimen de facto preparaba la transición a la democracia.
Mencionó que, incluso, algunos de los políticos deportados retornaron al Perú y participaron en la elección de la Asamblea Constituyente, de la que formaron parte. “Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor al cual no entró nunca al Perú”, aseveró tras indicar que el Perú no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque –dijo– estaba camino a la transición.
El ex presidente Francisco Morales Bermúdez negó ayer que su gobierno haya participado en el “Plan Cóndor”, luego que la justicia argentina pidiera su captura por el “secuestro” de 13 opositores peruanos enviados a ese país, presuntamente como parte de un plan de los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur.
Morales Bermúdez, quien encabezó un gobierno militar (1975/80), explicó que se trató de una deportación a Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos en que el régimen de facto preparaba la transición a la democracia.
Mencionó que, incluso, algunos de los políticos deportados retornaron al Perú y participaron en la elección de la Asamblea Constituyente, de la que formaron parte. “Quieren a la fuerza encuadrar al Perú y al gobierno que presidí en el Plan Cóndor al cual no entró nunca al Perú”, aseveró tras indicar que el Perú no tenía motivos para ser parte de esa operación, porque –dijo– estaba camino a la transición.
Cuestionado magistrado
Diversos medios de comunicación argentinos cuestionan el juez argentino Norberto Oyarbide, quien solicitó la captura internacional del ex presidente Francisco Morales Bermúdez.
El diario La Nación, en su edición impresa de ayer, remarca el cuestionamiento que hubo contra el magistrado por un costoso anillo que compró con el dinero que obtuvo tras vender algunos regalos recibidos. “Después de irse de vacaciones a un costoso resort de Punta Cana, en medio del escándalo que provocó la adquisición de un anillo de brillantes que él mismo tasó en unos 250,000 dólares, el juez federal Norberto Oyarbide regresó ayer de excelente humor a su despacho”, dice la nota.
Por su parte “Página/12” publica una historia hasta ahora desconocida del juez federal Norberto Oyarbide: sus vinculaciones personales con el mundo de la prostitución femenina en la Capital Federal.
Diversos medios de comunicación argentinos cuestionan el juez argentino Norberto Oyarbide, quien solicitó la captura internacional del ex presidente Francisco Morales Bermúdez.
El diario La Nación, en su edición impresa de ayer, remarca el cuestionamiento que hubo contra el magistrado por un costoso anillo que compró con el dinero que obtuvo tras vender algunos regalos recibidos. “Después de irse de vacaciones a un costoso resort de Punta Cana, en medio del escándalo que provocó la adquisición de un anillo de brillantes que él mismo tasó en unos 250,000 dólares, el juez federal Norberto Oyarbide regresó ayer de excelente humor a su despacho”, dice la nota.
Por su parte “Página/12” publica una historia hasta ahora desconocida del juez federal Norberto Oyarbide: sus vinculaciones personales con el mundo de la prostitución femenina en la Capital Federal.
El dato
La Justicia italiana también pidió en 2007 la detención y extradición de Francisco Morales Bermúdez por la desaparición de 25 italianos en los años 70 y 80, en el marco del denominado Plan Cóndor. Este pedido no prosperó.
La Justicia italiana también pidió en 2007 la detención y extradición de Francisco Morales Bermúdez por la desaparición de 25 italianos en los años 70 y 80, en el marco del denominado Plan Cóndor. Este pedido no prosperó.
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