Por Ángel Páez
 |  Niños en manos de Sendero, en una de las páginas del folleto distribuido por los militares Crédito: Comando Conjunto de las FFAA |
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Los niños y niñas capturados son recluidos en "campamentos", donde los adoctrinan ideológicamente y los entrenan en el manejo de armas, indican las autoridades.
Fotografías y vídeos incautados por las fuerzas de seguridad a los senderistas capturados, confirmarían la existencia de decenas de niños y niñas en cautiverio. Una parte fueron arrancados del seno familiar y otros son hijos de los propios senderistas.
Los adultos armados y los niños cohabitan el mismo espacio con el propósito de evitar ser atacados desde el aire por los helicópteros Mi-17 artillados del ejército.
"Utilizan a los niños como ‘escudos humanos’. Van a todas partes con ellos y los hacen participar en acciones armadas, como vigías, correos e incluso los obligan a rematar a los militares heridos en las emboscadas", dijo a IPS un alto oficial del Comando Conjunto que se ocupa de las operaciones en el VRAE.
"Si hay una razón por la que no se bombardean los campamentos es por la presencia de los niños. Los manipulan para protegerse", añadió la fuente, que pidió el anonimato.
El Comando Conjunto ha logrado identificar a varios de los menores, entre ellos a varios de la comunidad indígena Ashaninka, que habita en la selva central.
Afiches, folletos y octavillas con las imágenes de los niños en manos de los senderistas son difundidos por el Comando Conjunto a lo largo y ancho de los 12.000 kilómetros cuadrados del VRAE, con el propósito de sensibilizar a la población e intentar que aporte información para liberar a los menores de edad.
La ideologización, el entrenamiento militar y el uso de niños en acciones de combate son parte de la estrategia que desarrolló Sendero Luminoso desde que inició la lucha armada en 1980, y que mantuvo en la guerra con el Estado, concluida en el año 2000.
Precisamente, Quispe Palomino, el jefe de la organización maoísta que opera en el VRAE, es hijo de Martín Quispe Mendoza, líder senderista muerto en un enfrentamiento con las fuerzas del Estado en 1991.
Martín Quispe convirtió a sus hijos Víctor, Jorge y Martín en "pioneros" maoístas, y ahora son los responsables del último aparato armado de Sendero remanente en el país, después que el 12 de febrero fue capturado el último líder histórico del grupo, Florindo Flores Hala, que controlaba el norteño y amazónico valle de Huallaga.
"La peor matanza de campesinos que cometieron los senderista fue en Lucanamarca, Ayacucho, el 3 de abril de 1983. Asesinaron a 69 por oponerse a la lucha armada. Una cuarta parte de las víctimas eran niños. "José" fue uno de los atacantes y solo tenía 22 años", relató a IPS el procurador antiterrorista, Julio Galindo.
"Para Quispe los niños y las niñas son instrumentos de guerra. Parte de su política es que los senderistas se reproduzcan dentro de los campamentos, para que sus hijos desde muy pequeños reciban instrucción", aseguró.
"Víctor Quispe está reproduciendo su experiencia personal. Su padre lo ideologizó y entrenó militarmente con la perspectiva de que él siga en la lucha, y ahora repite el método con los niños que mantiene cautivos en los campamentos. Cree que alguno de esos chicos proseguirá con la lucha armada. Es una locura", añadió Galindo.
En 2011, un comando del ejército irrumpió en un campamento senderista y logró recuperar a una madre con su pequeño hijo. La joven de 19 años, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, dijo que había sido secuestrada cuando tenía nueve años.
Una vez que se hizo mayor, fue obligada a ser la pareja de un combatiente senderista que la embarazó, aseguró.
María del Carmen Santiago, jefa de la Dirección de Niñas y Niñas y Adolescentes, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, explicó a IPS que el Estado peruano decidió tomar acciones respeto a los menores mantenidos en cautiverio por los senderistas en el VRAE.
Resaltó que el país actúa en el caso como suscriptor del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
"Los niñas y niñas que han sido rescatadas reciben todas las atenciones para recuperarse de la situación extrema que han vivido", explicó Santiago, quien precisó que las víctimas reciben tratamiento psicológico, educación, salud y alimentación.
En la zona del VRAE hay centros gubernamentales, dependientes del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, más otros municipales, "que prestan atención a estos menores en grave riesgo", detalló Santiago.
El artículo Cuarto del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño indica expresamente que "los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años".
"En consecuencia, el Estado está obligado a concentrar todos sus esfuerzos por proteger a las niñas y niños que se encuentran sometidos por una organización ilegal. Esos menores son sometidos violentamente a una forma de vida que rechazamos", dijo Santiago.
Para el procurador Galindo, cuando los jefes senderistas enfrenten a la justicia no solo se les debe condenar por el delito de terrorismo sino también por secuestro de niños.
"He visto las imágenes de los niños recibiendo lecciones de (Karl) Marx, (Vladimir) Lenin y Mao (Zedong), y después entrenando con armamento", dijo.
"Les enseñan a odiar y a matar. Eso no debe pasar en una sociedad civilizada. Quienes están haciendo eso están violando las leyes nacionales y las normas internacionales de protección de los niños y niñas", añadió.
El 23 de enero de 2010, la policía capturó a Víctor Quispe Zaga, quien resultó ser el hijo mayor de Víctor Quispe Palomino. Entonces relató que se había fugado de un campamento de la organización de su padre.
El primogénito del jefe senderista se acogió a la "colaboración eficaz", una figura legal a la que puede recurrir un imputado para entregar información sobre los delitos que cometió y cooperar con la justicia para arrestar a sus cómplices.
Contó que desde los cinco años lo enviaron a un campamento senderista para vivir con su padre, donde creció hasta convertirse en adulto. Narró que desde pequeño recibía adoctrinamiento ideológico, entrenamiento militar y le asignaban tareas propias de combatiente. También confesó que participó en varias acciones armadas.
Cuando supo que su progenitor, "José", había asesinado a su madre, escapó del campamento, donde vivía en condiciones terribles. "Odio a mi padre porque mató a mi mamá", dijo a las autoridades.
"Efectivamente, en esos campamentos los niños son transformados en semillas de odio", confirmó la alta fuente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Reclutamiento de niños por Sendero Luminoso es crimen internacional
Miércoles, 14 de Marzo 2012 | 11:30 am
Salvador Herencia Carrasco, asesor jurídico de Inversión por la Infancia de la Comisión Andina de Juristas, existe un vacío legislativo para la reinserción de los llamados ´niños soldados´.
Salvador Herencia Carrasco, asesor jurídico de Inversión por la Infancia de la Comisión Andina de Juristas, afirmó que el reclutamiento de niños por Sendero Luminoso (SL) es un crimen internacional. "Este un problema político muy grave, pero lo que hace Sendero Luminoso con niños es un crimen internacional y no pueden haber medias tintas", expresó en RPP Noticias.
Explicó que la Convención de los Derechos del Niño tiene un protocolo especial para el caso de los llamados "niños soldados", el cual prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años.
No obstante, lamentó que en nuestro país no exista una política pública que permita sacarlos del yugo de los subversivos y menos aún rehabilitarlos para que puedan vivir en sociedad.
Sostuvo que por lo menos la mitad de personas que operan en el VRAE son niños y niñas menores de 15 años de edad, que según fuentes de las Fuerzas Armadas, son reclutados desde los ocho años.
Remarcó que existe un vacío legislativo y de programas sociales de protección a los menores, para el desarme de estas organizaciones subversivas que los captan y también medidas que procuren su reinserción a la vida civil.
"Una iniciativa legislativa debería ser tomada en cuenta en el Congreso. Una política de reinserción de niños y la criminalización del reclutamiento por parte de grupos armados", sugirió.
Sobre la condena al congolés Thomas Lubanga, declarado culpable de reclutar a niños soldados entre 2002 y 2003 en la República Democrática del Congo, resaltó que se trata de la primera persona bajo mandato de detención y remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya que es sentenciada por crímenes de guerra.
"Es el llamado líder de un grupo armado al margen de la ley. En el caso de nuestro país sería un Abimael Guzmán o un Víctor Polay, personas que luchan contra el Estado", señaló Herencia Carrasco.
Comentó, finalmente, que en el Congo se libra uno de los llamados "conflictos olvidados", un enfrentamiento iniciado en 1998 y cuyo saldo de muertos se estima en 5,4 millones de personas. "Lucha armada impulsada por motivaciones étnicas y políticas", apuntó
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