(Editorial) Disfrazando culpas
El Ministerio Público solamente ha cumplido con la ley al detener a Wilfredo Saavedra
El día de ayer el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca,Wilfredo Saavedra Marreros, fue detenido por negarse a acudir por tercera vez a una citación formulada por la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cajamarca. Puesto que ya se están escuchando las voces – comenzando por la suya– que dicen que esto muestra una actitud autoritaria y antidialogante por parte del Estado, conviene hacer algunas aclaraciones, aunque solo sea para evitar que logren confundir a algún incauto.
A Saavedra no se le está deteniendo, según sostiene, como resultado de “una disposición de Valdés” para impedir que haga llegar su “palabra al pueblo de Tacna”. Se le está deteniendo por haber liderado una manifestación que secuestró a otro pueblo, el de Cajamarca. Y decimos “secuestró” en el sentido más literal posible: el de retener a un grupo de personas para exigir algo a cambio de su liberación. Eso fue exactamente lo que hizo el paro dirigido por su frente cuando, para exigir al Estado que ceda a sus pretensiones, combatió a la policía varias veces y se apoderó por la fuerza de los caminos que conducen a la ciudad, estableciendo sobre ella su propio régimen de entradas y salidas para personas y bienes (incluyendo víveres y combustible).
En otras palabras, a Saavedra lo quiere interrogar el juez no para impedir que su palabra llegue a ciudad alguna, sino porque él impidió que llegase o saliese cualquier otra cosa de Cajamarca contra la voluntad de muchos cajamarquinos. Tal fue el caso de los dueños de los comercios de la ciudad que fueron obligados a cerrar, los padres de familia que no pudieron enviar a sus hijos a los colegios sin abrir, los compradores y vendedores del también clausurado mercado, los productores de víveres a los que se les pudrió la mercancía, y de tantos otros.
Hay que tener poca sangre en la cara para ser capaz de describir una denuncia fiscal en un contexto como el descrito como una “criminalización de la protesta social”. ¿Se criminaliza al ladrón cuando se le persigue o se criminaliza él cuando roba? Esta protesta social se criminalizó sola cuando hizo cosas que están descritas en el Código Penal, como poner puestos de control para determinar quién pasaba y quién no por las carreteras de acceso a Cajamarca.
Es irrelevante para efectos de lo anterior que se argumente que Saavedra actuó en el marco de una “protesta social” en la que se buscaba un “diálogo”. Que uno alegue buscar un fin “social” no lo legitima para prender fuego en la casa del vecino a fin de conseguirlo. Y lo del diálogo es risible: “diálogo” no es lo que se tiene cuando hay de por medio una ciudad tomada como rehén. Así solo cabe una “negociación” sobre la base de un “chantaje”. El diálogo es otra cosa.
Por lo demás, lo anterior encajaba perfectamente con las verdaderas intenciones de Saavedra. Él no puede entablar un diálogo real sobre el EIA de Conga porque no tiene buena fe. Dicho de otra forma, en nada cambiaría su actitud aunque se demostrase de manera indubitable que el EIA estaba bien hecho y que habría más agua y de mejor calidad para la zona del proyecto. Tanto él como su socio Gregorio Santos están prostituyendo el tema ambiental para lograr sus fines antidemocráticos. Las lagunas son solo un disfraz. Por eso empujaron los límites de la duplicidad para lograr escurrirle el bulto a la posibilidad de un peritaje internacional hecho por terceros consensuados entre las partes. Ellos mismos lo han dicho varias veces: de lo que se trata con Conga es de detener el “continuismo neoliberal”, cambiar la Constitución y volver a La Gran Transformación. Es decir, lograr por la fuerza lo que los peruanos rechazamos en las elecciones.
No debemos dejarnos engañar. Se nos está intentando vender rata por liebre. No es, como dice Saavedra, que se le ha detenido para censurar su palabra salvadora. Se le ha detenido porque eso es lo que manda la ley cuando uno desobedece tres citaciones judiciales en una investigación penal como la que se le sigue luego del secuestro de Cajamarca. El camarada ‘Rodrigo’, que en su ex condición de terrorista del MRTA tuvo ya investigaciones y sentencias penales, lo sabe muy bien (de hecho, está tan familiarizado con los juzgados penales que en 1989 dinamitó uno). Si no fue a las tres citaciones es porque conoce el manual del agitador público profesional y, consiguientemente, la utilidad de una detención autogestionada. Y le ha resultado: ahí está ya, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos diciendo que la detención de Saavedra es “parte de una campaña contra las protestas sociales”. En realidad, claro, se trata de una medida que funcionaría perfectamente – y ojalá que así lo acabe siendo– como parte de una campaña para hacer cumplir el Código Penal y devolver el Perú, finalmente, al Estado de derecho y a la democracia. Lejos, en suma, de esta situación en donde hace la ley cualquiera que se llame “social” y se atreva con una buena mecha.
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