Gobierno contra el tiempo para nueva ley de sueldos FFAA y PNP

César Rojas

En abril se acaba bono del 20% para uniformados en actividad

El retraso en la presentación del proyecto para aumentar sueldos a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, podría dejar sin la bonificación extraordinaria no pensionable del 20% a miles de oficiales y subalternos, la cual se agota en abril próximo.

Y es que en ese mes vence la vigencia del decreto 020-2011 emitido por Alan García cuando ocupaba Palacio de Gobierno, mediante el cual los comandantes, mayores, capitanes, tenientes y subtenientes obtenían entre 550 y 250 nuevos soles mensualmente.

“Esto podría usarse como una presión para que el Congreso apruebe sin mayor debate el proyecto que presente el Ejecutivo, el cual aún no está muy claro en los tres aspectos que preocupan a las instituciones, como el aumento, la pensión renovable y la Caja de Pensiones”, señaló el congresista Carlos Tubino (Fuerza 2011).

En ese sentido, indicó que las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Alberto Otárola, si bien anuncian una mejora de ingresos, no explican cómo se respetarán los derechos pensionarios de policías y militares.

Inexactitudes

“Eso estaba claro en el proyecto que elaboró Daniel Mora, pero en lo que ha dicho Otárola hay una serie de inexactitudes, como que la Caja ya está financiada, cuando el dinero lo maneja la ONP como entidad ejecutora. Eso no es un rescate de la Caja, el verdadero rescate debe ser la homologación de haberes con aumento de aportes pensionarios”, agregó.

Respecto a la urgencia de aprobar un aumento para personal activo y/o en retiro, explicó que, si el gobierno de Ollanta Humala presenta una propuesta incompleta, se verán obligados a rechazarla. “En todo caso, se puede extender la vigencia del bono del 20%, pero solo estaríamos alargando la crisis en la Caja”, acotó.

A fines del año pasado, el ministro de Economía, Luis Castilla, había anunciado que la propuesta de reforma se presentaría en marzo, pero con la nueva fecha mencionada por Otárola, el problema se agravaría, ya que además no se respetaría el régimen de pensión renovable que contempla la Constitución Política.