¿Se imagina, amigo lector, qué habría pasado si el premier Valdés hubiese ocupado su actual cargo en 1997, cuando ocurrió la crisis de los rehenes? Utilizando sus mismos argumentos, la defensa ciega del orden y del principio de autoridad lo habría conducido a iniciar una operación militar a tontas y a locas, con un saldo inimaginable de muertos en ambas partes.
¿Esa sería para él una “operación impecable”? Ni siquiera el considerado gobierno más duro de las últimas décadas dejó de darse cuenta de que, en ciertas circunstancias, el diálogo se impone. Y en ese entonces se mantuvo conversaciones con terroristas armados, convictos y confesos que expresaban pedidos inaceptables –como la liberación de todos los presos del MRTA– y, además, bajo el telón de fondo de que había puesto en ridículo a los aparatos de seguridad del Estado.
¿O qué hubiera hecho cuando se produjeron las invasiones de los migrantes provincianos a lo que hoy se conoce como Lima Sur, fundamentalmente en Pamplona? ¿Artola también será su paradigma? Como se recuerda, el ministro del Interior de Velasco ordenó el uso de la fuerza y detuvo al obispo Bambarén. Al final, la dictadura tuvo que retroceder y admitir que se encontraba frente a un problema social que trascendía las formalidades legales.
Negociar y dialogar no es rendirse. No se trata, por supuesto, de ceder al chantaje. En el caso de Espinar, que ha marcado la agenda política de la semana, nadie en su sano juicio puede admitir que tomar rehenes, bloquear carreteras o incendiar vehículos, conduzca al Estado a modificar caprichosamente los términos legales establecidos entre la empresa minera y la comunidad. Pero era factible –como luego se ha estimado– poner paños fríos y sentarse alrededor de una mesa.
MÉTANLES BALA
En medio de la trifulca no puede dejarse pasar por alto la pueril lógica existente detrás de los sectores duros del gobierno y de la sociedad. Por un lado, acusan a los campesinos de ignorantes que se dejan arrastrar por azuzadores profesionales. Si así fuera, por cierto, lo que cae de maduro es la necesidad de una estrategia de comunicación más inteligente con esa población.
Pero no, a continuación exigen el uso de las armas para enfrentarlos, sin importar que resulten muertos. Son daños colaterales, podríamos decir, interpretando las palabras de la congresista Lourdes Alcorta. Y en este juego psicosocial se la pasan tildándolos o de casi descerebrados o de potenciales terroristas (¿?). Viniendo del sector de la ultraderecha, esto no sorprende, pero la verdad es que podía esperarse un nivel de comprensión de la realidad social algo mayor por parte del presidente Humala.
Bastaría un análisis somero de la mayoría de conflictos sociales vinculados a la minería para percatarse de que estos sobrevienen luego de años de sordera estatal a los pedidos de la población. No surgen de la noche a la mañana, merced a la mágica capacidad de convencimiento de dirigentes radicales.
¿Y LA IZQUIERDA?
La izquierda no puede librarse de un ajuste de cuentas. Es claro que los sectores retrógrados son los que llevan la batuta en la batalla antiminera, pero cabe preguntarse dónde está la izquierda que se dice moderna. Su futuro político pasa por arrinconar a los Santos y compañía, poniendo en evidencia que esa izquierda solo quiere preservar la pobreza para seguir cosechando políticamente de ella. No puede mirar de costado lo que está pasando. Guardando las distancias, está haciendo lo mismo que cuando apareció Sendero Luminoso. No era con ella la guerra hasta que recién fue víctima de la misma.
En este caso, la izquierda moderada está en capacidad de asumir el desafío de dar la pelea política a sus pares radicales. Ella tiene, a través de ONG o bases partidarias, una red nacional capaz de acercarse a las comunidades y hacer sentir su voz. Y eso implica ir más allá de prodigarse en medios de comunicación o emitir pronunciamientos.
YA PUES, HUMALA
Sobra abundar respecto de la impresionante incapacidad de la mayor parte de las empresas mineras para lograr un mínimo consenso social con las comunidades del entorno de sus respectivas operaciones. Varios manuales de cómo no se deben hacer las cosas se podrían escribir en el Perú (valdría la pena que lean, dicho sea de paso, una propuesta liberal para atender estos problemas, publicada en la web del Instituto de Libre Empresa).
Lo que más sorprende, sin embargo, es la impericia política del gobierno. A lo dicho al inicio de este artículo sobre el premier Valdés, habría que agregar un ejemplo que va más allá de lo anecdótico: que en medio de una de las semanas más complicadas del régimen, Ollanta Humala solo haya salido a hablar a raíz del simulacro de sismo o para respaldar a la selección peruana de fútbol. Esto es suficiente indicio de que algo anda muy mal en el esquema de prioridades del régimen.
Sería exagerado decir que Humala ya perdió definitivamente el rumbo o que es un pelele de la derecha empresarial. Queremos pensar que maneja sus tiempos y que crisis como la de esta semana las percibe como oleajes que no lo apartarán del norte trazado. Nos parecería equivocada su percepción, pero al menos otorgaría la esperanza de que no está sumido en la parálisis que produce la incompetencia. Ojalá sea así. Por ello, es urgente que reaccione antes de que cruce el punto de no retorno entre lo que se esperaba iba a ser un gobierno reformista y otro abiertamente reaccionario e indolente.
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