Procesan 7 generales "gasolineros" por el robo de combustible del Ejército

Dom, 02/01/2011 - 07:38

PromedioSelect ratingMaloBuenoMuy BuenoExcelenteEl Mejor

Malo

Bueno

Muy Bueno

Excelente

El Mejor

Promedio (10 votes)

Segunda sala penalespecial enmendó la plana a juez que pretendió archivar el caso. Entre los acusados de peculado y falsificación de documentos están los ex comandantes generales del Ejército, César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch.

Ángel Páez y M.E. Hidalgo

La Segunda Sala Penal Especial ordenó abrir juicio penal contra siete generales, siete coroneles, siete comandantes y tres capitanes, tres mayores y tres tenientes del Ejército por su implicación en la apropiación y comercialización ilícita de combustible asignado para uso militar. Entre los acusados están comprendidos los ex comandantes generales de la institución castrense, César Reinoso Díaz (2006) y Edwin Donayre Gotzch (2007-2008).

La resolución judicial se emitió casi un año después que el juez delCuarto Juzgado Anticorrupción, Rafael Vela Barba, el 31 de enero de 2010, desistió de abrir instrucción a los oficiales con el argumento de que los delitos que se les atribuía (peculado, falsedad genérica y falsificación de documentos) no les correspondía.

Por el contrario la Segunda Sala Penal Especial, con la presidencia de Jorge Egoavil Abad, concluyó que sí había mérito para que los denunciados sean sometidos a proceso por su participación en un esquema de venta ilegal de combustible que el Ejército asigna a sus unidades para fines militares.

Desde el Alto Mando

Los otros generales que serán sometidos a juicio son el ex jefe de la Región Militar Sur (RMS), Heli Martos Rojas; el ex jefe de Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Luis Torrejón Rivas; el ex director de Logística, Roberto Vértiz Cabrejos; y ex altos mandos de la RMS, Germán Ruiz Benites y Óscar Iparraguirre Basauri.

Donayre es responsabilizado por delitos que presuntamente cometió como jefe de la Región Militar Sur. De acuerdo con la resolución judicial, en su defensa Donayre presentó documentos para demostrar que el combustible que se le asignó fue consumido por las distintas unidades de la RMS que comandaba, pero el contenido discrepaba con las fechas.

Por eso la Sala consideró que los papeles que presentó “no demostraron que el delito no ha existido por lo que corresponde abrirle instrucción”. El abogado de Donayre, Wilbert Villafuerte, no respondió a los pedidos de entrevista por parte de este diario para que formule su descargo.

La situación más complicada es la del ex comandante general Reinoso, ya que es señalado como el organizador de un sistema de apropiación ilegal del combustible para su posterior venta y beneficio económico indebido.

Concertación de voluntades

De la resolución judicial se desprende que la concertación de los llamados oficiales “gasolineros” se originó en los altos mandos, en la cabeza de la institución castrense:  “En su condición de comandante general del Ejército, conjuntamente con sus codenunciados, los generales Edwin Donayre (RMS), Heli Martos (RMS), Roberto Vértiz (ex director de Logística), Óscar Iparraguirre Basauri (RMS) y Germán Ruiz Benites (RMS); el coronel Álex Robertson (ex jefe del Servicio de Intendencia), el comandante Luis Cusi Najarro (ex jefe de Abastecimiento) y el coronel Jaime Sanabria Kriete (ex jefe de Planeamiento); se habría apropiado del combsutible que debía ser para los vehículos de la institución y lo destinaron para la venta y beneficiarse económicamente para cuyo efecto habría gestionado, solicitado y recibido combustible, entre enero y noviembre de 2006”.

El abogado del general Reinoso, Mario Pablo Rodríguez, preguntado por el caso de su patrocinado, contestó que sobre ese tema no hablaba con la prensa sino únicamente con su defendido.

Según la argumentación de la Segunda Sala Penal Especial, los oficiales confabulados inventaron la supuesta necesidad de mayor combustible para justificar la aprobación de “dotaciones extraordinarias”. Por eso, el tribunal concluyó que “no existe sustento documentario que explique la presunta insuficiencia de la dotación ordinaria de combustible”. Además, “no detallaban el uso específico del mismo que se requería como adicional”.

También destaca la resolución judicial que como parte de la conspiración los implicados acordaron sepultar las evidencias para evitar la acción de las autoridades. “Las irregularidades serían parte del plan criminal para consumar el delito y permitir la impunidad”, señala en alusión a que algunos acusados presentaron en su defensa documentos fraguados para justificar el requerimiento de combustible.

Sacaron del caso al general Contreras

Uno de los denunciados por el Ministerio Público, el ex jefe de la Región Militar Sur (RMS), general Francisco Contreras Rivas, quedó fuera del proceso por decisión de la Segunda Sala Penal Especial. Según el tribunal, cuando los hechos delictivos ocurrieron, entre enero y noviembre de 2006, Contreras no comandó la RMS sino hasta diciembre de ese año.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, así como la Inspectoría General del Ejército, señalaron que Contreras hizo el presunto uso indebido de combustible cuando actuaba como jefe de la Quinta Brigada de Montaña, antes de asumir la comandancia de la RMS.

El procurador anticorrupción Julio Roca Fernández anunció que apelará lo resuelto por la Sala en relación a la exclusión del proceso del general Cointreras.

• 
  Delicious
• 
  Facebook
• 
  Twitter
• 
  Google

 

Droga fue móvil de último ataque

Según fuentes de inteligencia policial, el reciente ataque senderista cerca a Kepashiato, provincia de La Convención, área del Vrae, que costó la vida de tres policías tendría como móvil el negocio de la droga. Aunque se viene investigando el hecho, los efectivos habrían participado en el decomiso de cargamento de hoja de coca. Hace algunos meses, autoridades de Echarati pidieron que en la carreteta Kepashiato- Quimbiri se instalen más controles policiales porque puede convertirse en una ruta de la droga.

El cartel de Sinaloa tiene dos bandas armadas en frontera de Perú y Ecuador

Cocaína y marihuana. Ya Han matado a 24 policías y civiles. Actúan desde los años 90 en la sierra de Ayabaca. Tienen el apoyo, bajo amenaza o pago de cupos, de autoridades y policías locales.

César Romero y Ana Véliz.

El cartel de Sinaloa, México, mantiene dos bandas armadas en la sierra de Piura, dedicadas a la producción de cocaína y marihuana, según una denuncia que la 4ª Fiscalía Contra el Crimen Organizado presentó al Poder Judicial.

Esta organización es dirigida desde Guayaquil y Cariamanga, en Ecuador, por el colombiano  Rubén Castro Gómez (a) Gordo, quien tiene como coordinador en el Perú al colombiano William Samboni Macías (a) Calilla y como jefes locales a Ricardo García Chinchay (a) Coyote o Correcaminos, y a Elmer Lazo Torres (a) Negro.

El 12 de noviembre pasado la policía intervino uno de sus laboratorios en una zona de difícil acceso de la sierra de Ayabaca, pero un jefe policial les advirtió y  repelieron la acción policial y luego se dieron a la fuga .

La Fiscalía determinó que esta “organización criminal está conformada por entre 40 y 60 personas, provistas de armas de largo alcance (fusiles AKM, G3, Galil). Lanza granadas (RPG), granadas de mano y  equipos de comunicación satelital”, precisa la denuncia N° 209-2010 presentada por el fiscal Luis Arellano Martínez.

Apoyo local

Igualmente, se sabe que la organización está dividida en dos grupos: uno se encarga del acopio y procesamiento de la droga en la línea de frontera; y el segundo, del traslado de la sustancia ilícita hacia el Ecuador, para  ser comercializada en Europa o EEUU.

“Los grupos armados liderados por (a) Calilla  y (a)  Negro han organizado a la población de la zona para realizar labores de acopio, custodia de droga, vigilancia y seguridad de sus ‘campamentos móviles”, dice la Fiscalía. Eso les permite conocer de cualquier movimiento no acostumbrado en la zona y cruzar hacia el Ecuador y viceversa, ante cualquier incursión policial.

Las labores de inteligencia descubrieron que esta organización paga cupos de hasta cinco mil dólares mensuales a las autoridades locales  y a algunos policías.

Esa situación demostraría por  qué el mayor comisario de Ayabaca,  Miguel Ángel Silva Burgos, les advirtió a tiempo de la intervención policial, en noviembre último, y se dieron a la fuga.

Estos grupos, dice la Fiscalía, se encuentran en constante trabajo y movimiento en “campamentos  móviles”, entre las localidades de Algarrobal, Vado Grande, Remolinos, Quebrada Los Mangos, Hacienda Gigante, Aragoto, Huara de Indios, Calvas de Samanga, Playón, en la Provincia de Ayabaca, en Piura, Perú.

El trabajo de inteligencia policial permitió monitorear los desplazamientos y llamadas telefónicas de estas personas, lo que posibilitó  establecer su relación con los carteles mexicanos.

La Fiscalía considera que estas bandas operan en la zona desde los años 90 y son responsables del asesinato de 9 policías y 16 civiles. Existe relación con la muerte de cuatro policías en el sector fronterizo de Anchalay y el asesinato del mayor Juan Benites Luna; y de las torturas y asesinato de los hermanos Vílchez Rycra, en el caserío de Charan, en el 2002, y en el 2007 de la emboscada a 17 policías en Socchabamba.

Megalaboratorio

El 23 de setiembre del 2010 la policía ecuatoriana decomisó 66,540 kg de cocaína en el cantón Machala, provincia El Oro, Ecuador, y detuvo a Román Atay Chaguat y a Héctor Segura Segura.

La droga decomisada presentaba el logo “Rolex” y una marca de agua de una corona.

 En el Perú, en una intervención realizada el 12 de noviembre en El Milagro, Quebrada Seca, Ayabaca, la policía encontró los restos de un megalaboratorio de cocaína: insumos, cocinas microondas, 25 carpas acondicionadas, como dormitorios y gran cantidad de armas, como un fusil M-16 con lanzagranadas y municiones.

Mayor comisario

Acusa. El capitán PNP Oscar Arturo Gonzales del Valle, jefe del sector fronteras de Chanurán, Ayabaca, inicialmente también detenido por este caso, declaró que el Mayor Comisario de Ayabaca, Miguel Silva Burgos, visitó el megalaboratorio de cocaína y recibía pagos de hasta 5 mil dólares mensuales por no hacer nada y advertirles de cualquier operativo  policial. La Fiscalía registró una llamada del policía a los narcotráficantes horas antes del operativo.

Huyeron, pero ya están de regreso

El fiscal Luis Arellano denunció a los ecuatorianos Raúl Alvarez y Salomón Bustos  y a los peruanos  Francisco Chamba , Amelia García, María Lazo, Lino  Vicente, Edgar  Vicente, Elio Mulatillo y el Mayor Comisario Miguel Silva Burgos por tráfico ilícito de drogas.  Además a William Samboni, Elmer Lazo y Ricardo García por tenencia ilegal de armas y municiones de guerra.

La operación policial en Ayabaca estuvo dirigida por  el  jefe de la Dirandro,  general PNP Horacio Huivin, y los fiscales Luis Arellano, José Castellanos y Miguel Toyohama de la 4ª Fiscalía de Criminalidad Organizada.

Durante el operativo, los narcos cruzaron la frontera a Ecuador, pero informes de inteligencia indican  que  han regresado a Ayabaca y siguen operando sus laboratorios de producción de cocaína y marihuana.

Opinion Secuestran a niños y adolescentes en el VRAE para convertirlos en narcoterroristas

Revelación confirma que senderistas son los principales violadores de los derechoshumanos en el Perú

LEONIDAS CANCHANYA JOAQUIN

Enviado Especial

Un escandaloso y repudiable secuestro de niños para adiestrarlos y convertirlos en terroristas, a lo que se suma el reclutamiento forzado de mujeres para que se desempeñen como servidumbre, realiza el grupo narcoterrorista, que tiene como cabecilla a Víctor Quispe Palomino (a) “camarada José” y opera en diversos puntos de la selva del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

La dramática revelación fue puesta al descubierto por efectivos del Comando Militar Especial del VRAE durante las incursiones a campamentos terroristas, en las que se produjeron hallazgos de fotografías y filmaciones abandonadas por los terroristas en sus apresuradas fugas, en las que se puede apreciar a decenas de niños y adolescentes, entre varones y mujeres, sometidos a adiestramiento terroristas, así como a mujeres reclutadas a la fuerza realizando labores de servidumbre.

Precisamente, en una de estas incursiones se produjo el hallazgo del informe narcoterrorista “Balance de la Primera Contracampaña Política y Militar de la Guerra Popular Democrática, de Resistencia Nacional Antiimperialista Yanqui”, donde también dan cuenta del aparente éxito de sus “escuelas populares” de adiestramiento de niños y adolescentes secuestrados

Terroristas del VRAE reconocen que están perdiendo guerras cívica y sicológica

Politica

En documento donde hacen balance de sus marchas y contramarchas

Leonidas Canchanya Joaquín

Enviado Especial

Los narcoterroristas que operan en la selva del Valle de los ríos Apurímac y Ene, conocido como VRAE, no solo están cercados en sus escondites ubicados a más de 2,000 metros de altura por los efectivos del Comando Especial del VRAE, que jefatura el general EP Leonel Cabrera, sino también están perdiendo la guerra cívica y sicológica en su confrontación con la sociedad peruana y las fuerzas militares y policiales.

Este reconocimiento lo expresan en un documento interno obtenido por el serviciode inteligencia del Comando Especial del VRAE, al que accedió LA RAZÓN durante un recorrido por esta zona de emergencia, en el que expresan su temor de que los programas de acción cívica que realizan los militares consigan apartar a las masas populares de la revolución armada.

La obtención del documento fue hecha durante una incursión militar a un campamento narcoterrorista, en la cual sus ocupantes tuvieron que fugar con la ropa que tenían puesta y abandonaron abundante armamento, municiones, y documentación escrita y gráfica sobre un denigrante y repudiable secuestro de niños y reclutamiento forzado de mujeres.

El documento en referencia es un folleto de 45 páginas titulado “Balance de la Primera Contracampaña Política y Militar de la Guerra Popular Democrática de Resistencia Nacional Antiimperialista Yanqui”, aparentemente escrito por el cabecilla narcoterrorista del VRAE, Víctor Quispe Palomino, que se hace llamar “Camarada José”.

Se trata de un informe rendido en un evento partidario realizado el año pasado en un lugar que las fuerzas del orden conocen y mantienen en reserva, sin duda en uno de los 15 distritos de las provincias de Huanta y La Mar (Ayacucho), Tayacaja (Huancavelica), La Convención (Cusco) y Satipo (Junín), que conforman el VRAE.

En este documento, “José” expone sobre la guerra que le han declarado a la sociedad peruana, hace un balance de lo que ellos llaman “enfrentamiento militar exitoso” con las fuerzas armadas y algunas reflexiones políticas en las que reconoce que están perdiendo la guerra cívica y sicológica.

Antes de definir esta situación, el documento califica a las operaciones emprendidas por el Comando Militar Especial del VRAE como “guerra de baja intensidad”, que tiene “tres componentes básicos: 1) acción militar, 2) acción cívica y 3) guerra sicológica·, con el “objetivo principal de aniquilar a la dirección del Partido Comunista (narcoterrorista)..

Seguidamente, refiere que las acciones militares ejecutadas a partir del 30 de agosto del 2008, les fueron enteramentefavorables, porque asegura “que no tuvieron bajas, aniquilaron a 72 militares y ganamos 19 fusiles “Galil”.

Seguidamente, manifiesta que no les preocupa la presencia de seis bases militares establecidas en el Vizcatán “porque están asentadas pasivamente en terreno desfavorable y en posición vulnerable de blancos fijos y fáciles de ser golpeados”.

En un evidente afán de levantar su derrumbada autoestima, asegura que en las zonas donde ellos tienen dominio, el pueblo recibe beneficios que el Estado no entrega por estar ausente o por la incapacidad de la política nacional, y luego mofándose de las seis bases militares “que cercan a Vizcatán, por acción del general “Sun Tzu”, en alusión al actual del Comando Especial del VRAE, Leonel Cabrera Pino, asegura que “el Vizcatán es sólo una de otras 50 salidas que tiene el VRAE, y que los militares están lejos de controlar todo.

Pero, el triunfalismo que exhibe “José” se cae como un castillo de naipes cuando a renglón, contradictoriamente, anuncia su temor de que “los programas cívicos logren el respaldo de la población”.

“Estos procedimientos –dice textualmente- tienen como objetivo apartar a las masas populares del Partido Comunista y de la revolución armada y eventualmente, ponerlas en contra suya y hacer pelear masas contra masas, pueblo contra pueblo y pobres contra pobres”.

Aunque el cabecilla narcoterrorista no lo dice en el documento, alude al movimiento de los Comités de Autodefensa (CAD), conocidos como “ronderos”, los mismos que en la década del 90, en el marco de una estrategia política de acercamiento a la población, ejecutada por el presidente Alberto Fujimori, derrotaron a Sendero Luminoso.

En efecto, los CAD en su congreso realizado en Satipo, en el mismo corazón del VRAE, han anunciado que están en franco combate al narcoterrorismo, a la par que insistido en llevar al Estado, mediante obras de infraestructura y acciones cívicas, hasta los mismos pueblos donde ha estado ausente.

Respecto a la guerra sicológica, en la cual las fuerzas armadas han conseguido sobre todo en el 2009 apartar a importantes sectores populares de la influencia narcoterrorista, el cabecilla “José” trata de minimizarla y restar importancia a las deserciones de importantes cuadros que se pasaron a las filas de las fuerzas del orden, y que a su criterio han favorecido el incremento de la “propaganda contrarrevolucionaria”.

Los narcoterroristas del VRAE, por primera vez, admiten y reconocen estas deserciones, mencionándolos por sus nombres de combate y llamándolos capituladores, a: “Edyaedi”, “Antonio”, “Daniel”, “El champita”, “Lino” y “Sapo”, e igualmente asumen haber ejecutado a los desertores conocidos como “Simeón” y Hugo “Uchicha”.

En su afán de minimizarlos, califican a los desertores de “individuos, que mientras estaban en las filas de la revolución no tenían espíritu de organización y disciplina, eran flojos en el trabajo y el estudio, adeptos a las comodidades, gollerías, corrupción, anarquistas, individuos con tendencias al pillaje, botín y saqueo”, etc.

En resumen, el informe de los narcoterroristas confirma que se encuentran golpeados y reducidos a permanecer en sus refugios ubicados en cerros y quebradas, como en el caso de “José”, localizado en la “Cueva de los Zorros”, en el cerro Bidón, a 2,000 metros de altura, de donde ninguno de ellos pueden entrar o salir.

El asalto final para desalojarlos ha sido retrasado por la presencia de “minas” caseras sembradas en las rutas de acceso a esos refugios localizados, no solo en Bidón, sino también en las alturas de Sanabamba, Monobamba, Pampa Hermosa, Jatumpampa, Quebrada Pesca, entre otros, colindantes con el curso del río Mantaro.

Los accesos terrestres y fluviales son controlados al milímetro, no solo para cortar el desplazamiento de las huestes de “José”, sino para intervenir los transportes de pertrechos, alimentos e insumos químicos para los narcoterroristas.

(Amplia información en las páginas 09, 10, 11 y 12).