Pretenden “victimizarse”

Para el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, no es una sorpresa el desistimiento del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) en su intención de ser reconocido como partido político, pues el brazo político de Sendero Luminoso busca “victimizarse” para acudir ante organismos internacionales.
“Lo que quieren, parece, es tener la oportunidad o el pretexto para recurrir a algún organismo internacional que reciba su queja. Quieren hacer parecer como que aquí en el país no tendrían garantías, no habría un Estado de derecho y que, por esa razón, se le está negando su inscripción”, aseveró.
En declaraciones al programa “Los Fiscales”, expresó su convencimiento de que Movadef es una organización conformada por personas violentas que “no cambian en absoluto su actitud”.

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Cinco ONGs recibieron US$ 20 millones

Congresista Alejandro Aguinaga asegura que solo cinco de estos grupos fueron beneficiados con este importante aporte, sin ningún control por parte de la APCI.
CARLOS NAVEA P.
Lluvia de millones. Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Aprodeh y el IDL, han vuelto a ser noticia en los últimos días por su gestión contra nuestras Fuerzas Armadas y su intento por desaparecer la justicia militar en nuestro país, como lo revelara EXPRESO días atrás.
Pero eso no es todo, ya que hoy nos damos con una nueva sorpresa alrededor de estos grupos, con cifras que dejan a más de uno con la boca abierta. Y es que resulta que en apenas cuatro años: del 2006 al 2010, solo cinco ONGs –entre ellas Aprodeh y el IDL– han recibido US$ 19 millones 900 mil, para supuestas actividades sociales y solventar acciones a favor de los derechos humanos.
Así lo reveló el congresista Alejandro Aguinaga, quien consideró que el trabajo de operadores judiciales de las fuerzas terroristas, que realizan algunas de las ONG, las favorece con remuneraciones millonarias que nadie sabe a dónde van a parar.

Sin control
Aguinaga, representante de Fuerza 2011, recordó que en el 2006 se dio una ley para regular el funcionamiento de las ONG, para que no solamente inscriban sus proyectos sino que brinden la información de las fuentes cooperantes y cómo es el desarrollo de sus gastos, norma que se declaró inconstitucional. “Estos organismos, que a todos nosotros nos exigen transparencia, no fueron transparentes. No quieren serlo”, dijo.
El parlamentario recordó además que un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, reveló que entre los años 2004 y 2005, apenas doce ONG, autodenominadas defensoras de los derechos humanos y vinculadas a la izquierda, recibieron US$ 43 millones, significando esta cifra entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes organizaciones sin fines de lucro, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos.
De todas estas entidades que operan en el país, IDL (Instituto de Defensa Legal) se adjudicó más de US$ 5.5 millones en dicho período, y Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos) recibió en 2004 un total de US$ 465 mil 99 para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, relacionados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

“Sacan provecho”
Según el ex ministro de Defensa Rafael Rey, organismos como Aprodeh reparten el cuestionado Informe Final de la CVR en el extranjero, buscando percibir mayores ingresos, aunque no siempre llevando la verdad bajo el brazo.
Recordó que durante la visita de los comisionados de la verdad a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo –al poco tiempo de haber presentado su informe– una serie de organizaciones representadas por él intentó conversar con las autoridades europeas y hacer llegar puntos de vista distintos a la CVR y las criticas hacia su informe, pero estas se negaron, señalando que solamente querían escuchar a Salomón Lerner Febres.
Rey agregó que los fallos favorables en los juicios que arman en contra del Estado llevan directamente a sus cuentas nada menos que el 40% de lo que se indemniza a las supuestas víctimas. Por ello dijo estar convencido que el lobby de las ONG de izquierda caviar, con el poder político que consiguieron al infiltrarse en los medios de comunicación y poderes del Estado, las envalentona y las lleva, incluso, a legitimizar los abominables actos de terrorismo con el objetivo de favorecerse económicamente.

180 ONGs se beneficiaron
El ex ministro de Defensa Daniel Mora denunció que en las dos últimas décadas del siglo pasado, en la ciudad de Huamanga (Ayacucho), más de 180 ONGs se beneficiaron económicamente con las indemnizaciones que recibían los familiares de los senderistas que perdieron la vida tras enfrentar a las fuerzas del orden.
“Lamentablemente no se ha resarcido a las víctimas reales o a los ronderos, quienes lucharon contra Sendero Luminoso, sino a los familiares de terroristas. Por ello, muchas de las verdaderas víctimas no creen en el Estado, porque no fue capaz de indemnizar la pérdida de su familiar”, dijo.
Refirió que es falso que Aprodeh defienda a los terroristas de forma caritativa. “Aprodeh cobra parte de las indemnizaciones que las victimas de terrorismo reciben, piden al Estado que les pague los costos que han demandado los procesos de terroristas. Ellos sin eso no tendrían de qué vivir”, refirió Mora.

“Muestran desconocimiento”
Las ONG que demandan la inconstitucionalidad de la justicia castrense en el país muestran un absoluto desconocimiento de la Carta Magna, pues este fuero está plenamente resguardado por el máximo documento normativo del país.
Así lo indicó el ex titular de Defensa Ántero Flores-Aráoz, quien dijo que la ley de leyes consagra a la justicia militar policial como la encargada de juzgar los delitos de función cometidos por miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas. “La justicia militar policial es perfectamente constitucional. Las ONG muestran un desconocimiento absoluto al pretender la eliminación de esa instancia jurisdiccional”, aseveró el también ex presidente del Congreso.
Recordó que el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad de la existencia, organización y competencias del Fuero Militar Policial, ante otra demanda presentada hace tres años por una ONG, pero agregó que ya nada de lo que hagan esas organizaciones no gubernamentales le causa extrañeza.

El dato
Aprodeh, la ONG que demandó al Perú por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, y que abogó por el MRTA en el Parlamento Europeo, viene asesorando a la madre del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como camarada “Tito".

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Un tribunal en la encrucijada: qué hacer con el muerto NN 14

Lunes, 06 de febrero de 2012 | 7:24 am

DOS ARMAS. Roberto Huamán, del SIN, con AKM. Arriba, comandos con HK.

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Repetimos la primera parte de esta serie por errores en el texto publicado ayer que afectan su comprensión.

Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y al autor. En esta página se explican los parámetros del caso en la Corte Interamericana, y las verdaderas razones de la renuncia del agente del Estado para el caso, César Azabache.

Ricardo Uceda

El Estado Peruano está metido en un atolladero difícil de resolver para afrontar su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chavín de Huántar. La Corte determinará si el Poder Judicial procesó debidamente una acusación de ejecuciones extrajudiciales en el operativo militar que liberó 71 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón. Ocurridos en 1997 los hechos aún se investigan en el fuero común para determinar responsabilidades de agentes del gobierno, y  en el fuero militar 140 comandos ya fueron objeto de una sentencia absolutoria.  ¿En qué consiste entonces el atolladero? En cómo sostener, con argumentos compatibles con estándares jurídicos interamericanos, que hubo una investigación imparcial y efectiva de la acusación. En cómo justificar que la justicia militar estaba habilitada para conocer la causa. Ahora mismo este es el meollo, el tema central del litigio.

En 2002, luego de una imprecisa acusación fiscal y ante una contienda de competencia de la justicia militar, la Corte Suprema derivó parte del juicio al fuero castrense para que procesara a los comandos. La justicia común se encargó de los subordinados de Alberto Fujimori, inmune por los términos de su extradición de Chile: Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermoza y los generales del Ejército dependientes del SIN Roberto Huamán y Jesús Zamudio.  La situación anunciaba una derrota en la justicia interamericana porque su  jurisprudencia es inequívoca: las violaciones de derechos humanos deben ser vistas por un tribunal ordinario. Basado en que había un Estado de Emergencia en la zona de los hechos, el Estado sostendrá que la militarización judicial fue idónea y no  viola los parámetros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, suscrita por el Perú en 1977. El Estado de Emergencia fue el fundamento principal que la Corte Suprema empleó para enviar el caso a la justicia privativa.

LA TÉSIS DEL ÚNICO EJECUTADO

Si la corte supranacional considera que el fuero militar no tenía  competencia, puede anular la sentencia absolutoria que recibieron los comandos. Para esta conclusión tiene  argumentos a la mano en la propia jurisprudencia nacional, como se verá más adelante. En este minuto el Estado tampoco puede  emplear a su favor los resultados del proceso en la justicia común, puesto que, sin justificación razonable, lleva diez años. Esta es la segunda razón por la que el Perú puede ser condenado. El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quien lo sabe bien, predice sentencia para antes de que comience el juicio internacional en San José. Pero cualquier fallo no sirve a los propósitos de la defensa del Estado. Tendría que  contradecir por sí mismo los argumentos que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a acusar al Perú ante el tribunal de la OEA, en diciembre pasado. Esto tampoco será fácil.

La jugada corresponde a los magistrados de la Segunda Sala Especial Liquidadora de la Corte Superior de Lima. En la idea del renunciante abogado del Estado para el caso, César Azabache, la mejor sentencia posible debería asumir que hubo un asesinato comprobado: el de  Eduardo Cruz, alias Tito. Esta conclusión no comprometería a ninguno de los comandos. Azabache diferenció la muerte de Tito de las de otros dos emerretistas considerados en la queja ante la CIDH,  Víctor Peceros y Herma Meléndez. El examen del cadáver de Tito, rotulado como NN 14, revela que mientras estaba inmovilizado recibió un solo disparo en la parte posterior de la cabeza, a diferencia de Peceros y Meléndez, que murieron acribillados, como los demás asaltantes de la embajada. Ocho de los 14 cráneos analizados para el juicio civil presentan evidencias de un disparo por detrás —una lesión-patrón—, pero no es posible decir cuál de los balazos mató a cada persona, o si esta se hallaba rendida o en situación de enfrentamiento.  El operativo fue tan sorpresivo que pocos llegaron a reaccionar. Las pruebas de absorción atómica demostraron que solo seis de los terroristas dispararon su arma aquel día.

DOS BALAS DIFERENTES

De modo que el único balazo recibido por Tito configura una situación singular. Además, tres testigos lo vieron por última vez con vida luego del rescate, desarmado y con las manos atadas hacia atrás, en condición de detenido. Los policías Raúl Robles y Marcial Torres declararon haberlo sorprendido cuando intentaba escapar haciéndose pasar por rehén. Lo ataron y lo entregaron a un comando enviado por el coronel Zamudio, del equipo de apoyo del SIN. El primer secretario de la embajada de Japón, Hidetaka Ogura, vio a Tito custodiado por un policía con las manos atadas por detrás y tendido boca abajo en el suelo. Estas declaraciones, al relacionarse con la prueba pericial, no dejan lugar a dudas: Eduardo Cruz fue asesinado.

Víctor Peceros y Herma Meléndez también fueron vistos con vida. Ogura dijo que cuando los rehenes ya estaban rescatados vio a una mujer a quien conocían como  Cinthya (el apelativo de Meléndez) y a otro emerretista de baja estatura (después identificado como Peceros), rodeados por militares. Ella pedía por su vida o por la de él, no le quedó claro. Ambos aparecieron muertos en el segundo piso del edificio recuperado, con muchas balas en el cuerpo. A diferencia de lo que ocurrió con Tito, la conexión del testimonio de Ogura con la prueba pericial no alcanza para demostrar asesinato.  Algo más: sus heridas fueron causadas por proyectiles de pequeño calibre, compatibles con las HK de nueve milímetros queemplearon los comandos. En cambio, la bala en la cabeza de Tito es de otro calibre.

—El grado de destrucción del cráneo sugiere una munición  diferente al resto de casos, una munición de alta velocidad, como un rifle 7.62 —dijo para esta nota José Pablo Baraybar, el reputado perito de la fiscalía.Baraybar no puede identificar la marca del rifle, pero es público quiénes llevaban rifles de alta velocidad. Una foto de Caretas mostró a los Gallinazos del SIN, como los llamó el ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, armados con AKM dentro de la embajada. Esto lleva a Azabache a sostener que el caso estuvo mal planteado desde el primer momento. Nunca hubo elementos probatorios para abrir instrucción contra nadie por las muertes de Peceros y Meléndez.
—Solo un caso justificaba abrir instrucción—dijo—: el de Tito,  muerto por el balazo de una AKM de los Gallinazos del SIN.

PENSAMIENTO AZABACHE

Un dato clave falta en este cuadro: el fuero militar jamás investigó la muerte de Tito. La contienda de competencia que resolvió a su favor la Corte Suprema lo habilitó para investigar las muertes de cuatro emerretistas. Entre ellas, la de Peceros y Meléndez, pero no la de Cruz, que tampoco es mencionado en la sentencia que absolvió a los comandos. Imposible saber si esta omisión fue por olvido o premeditación. Sin embargo, dado que la justicia militar zafó cuerpo, el fuero común está habilitado para investigar a cualquier comando sobre el que se presumiera algún tipo de responsabilidad en el asesinato del muerto NN 14.  Responsabilidad no necesariamente de autoría material o directa sino de coautoría, autoría mediata o complicidad. En teoría, dado que no hay cosa juzgada respecto de Tito, la  Segunda Sala Especial Liquidadora podría considerarse competente para pedirle al Ministerio Público ampliar su denuncia o investigar a  más responsables, independientemente de si son o no comandos. No podría hacerlo ella misma porque, por el estado en que se halla el proceso, la relación de acusados ya no puede modificarse.

Así llegamos a comprender completamente el Pensamiento Azabache y por qué salió de la defensa del Estado. Quería decirle a la Corte Interamericana que el fuero militar conoció episodios sin trascendencia, en un proceso que buscaba principalmente verificar si se cumplieron los reglamentos militares. El único caso en el que había evidencia criminal era el de Eduardo Cruz, que había sido visto por tribunal ordinario. Azabache, para entonces, en su imaginación, ya tendría una sentencia condenatoria para los Gallinazos del SIN.  

PREGUNTAS EMBARAZOSAS

Pero decir esto topó con un obstáculo imprevisto: la tesis de admitir una ejecución extrajudicial no es comprada por el gobierno. Azabache renunció diciendo que lo hacía para que hubiera consenso en torno a la línea de defensa, y el Ministro de Defensa Alberto Otárola declaró que ello fortalecía la posición del Estado. Esto significa un retorno a los argumentos ya expresados por la representación peruana ante la CIDH: a) el fuero militar era el adecuado para los militares en actividad, cuya situación de inocencia ya es cosa juzgada para cualquier asesinato; b) las posibles ejecuciones por agentes del Estado fueron vistas por el fuero común. Como es posible que ya haya sentencia antes de que comience el juicio en Costa Rica, el nuevo abogado peruano se presentará con esta noticia bajo el brazo. ¿Cuál será? Allí está el detalle.

Una posibilidad es que la Corte Superior condene a los Gallinazos del SIN por el asesinato de Eduardo Cruz, basándose en la declaración de los policías, que dicen habérselo entregado a un enviado del general Zamudio. No se determinaría a los autores materiales, pero hay preguntas incómodas, que tampoco resolvía la tesis de Azabache: ¿cómo concluirá el tribunal que ninguno de los comandos fue el autor del disparo? Y si no hubiera sido un comando, ¿cómo saber si el jefe de los comandos lo permitió y ocultó, violando la ley? El tribunal podría  llenar  estos vacíos amparándose  en la sentencia militar, el punto más débil ante la Corte Interamericana.

La segunda posibilidad es que descarte la evidencia sobre la ejecución extrajudicial de Tito, con argumentos por ahora inimaginables.  Esto implicaría que los acusados en el fuero civil también deberían ser declarados inocentes. La opción  no está lejana. Montesinos, Hermoza y Huamán Azcurra no tienen defensores políticos, pero el prófugo general Zamudio sí.