Buscar este blog

domingo, 25 de marzo de 2012

¿Hms Otárola?

Desde la perspectiva estratégica este último periplo del HMS Montrose puede ser visto como la antesala de una hipotética segunda guerra de las Malvinas/Falkland. Argentina ya ha denunciado ruido de sables en el Atlántico sur, y Gran Bretaña ha empezado a evaluar las perspectivas de una invasión argentina a las islas.
 Hace poco más de una semana el contralmirante Sir John Forster Woodward, el mismo que dio la orden de hundir el Belgrano, opinó que Gran Bretaña no estaba en condiciones de desplazar una fuerza naval equivalente a la de hace 30 años, y que sin el control del único aeropuerto de las islas, no tendría manera de recuperarlas.
 El comentario es clave pues en 1982 Gran Bretaña desplazó los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible, y ahora no cuenta con una sola nave similar. Además el gobierno de Pinochet hizo de Chile un portaaviones al servicio de la fuerza británica, lo cual ya no sucedería en el caso de un conflicto.
 La situación, pues, se parece a la de Israel frente a Irán. Israel cuenta con la fuerza militar, pero la distancia del objetivo complica su utilización efectiva. Por eso quebrar el frente que ha logrado montar Argentina para su causa a partir de la UNASUR es vital para Gran Bretaña, cuanto más cerca de las islas mejor.
 El gobierno de Sebastián Piñera se negó la semana pasada a desempeñar ese papel. Pero un sector peruano con acceso al poder ha producido la primera grieta en ese frente. La historia de por qué el ministro de Defensa, Alberto Otárola, y un grupo de congresistas abrieron esa grieta todavía está por investigarse. Pero sus efectos están a la vista.
 Gran Bretaña se ha lanzado con toda decisión a debilitar al canciller peruano y su posición pro Argentina/UNASUR. ¿Es porque tiene información sobre una posibilidad de que el Perú se ponga británico, o cuando menos neutral, si llega a haber un conflicto? ¿Esto lo lograría solo con el peso de sus grandes inversiones en el país?
 Los críticos de Rafael Roncagliolo subestiman la importancia de Buenos Aires y destacan la de Londres. Pero deberían reflexionar acerca de los efectos del aislamiento diplomático que produciría darle la espalda al UNASUR. Para no hablar de las consecuencias de que los aviones militares británicos aterricen en el Perú a su paso hacia la guerra en el Atlántico.
 Aun si la guerra no se llega a producir, es evidente que un desaire a Buenos Aires contribuirá a debilitar las opciones argentinas de llevar a Londres a la mesa de negociaciones. Lo cual en cierto modo le cierra a un Perú convertido en portaaviones de una potencia europea el acceso a la solidaridad sudamericana, si llegáramos a necesitarla.
Hay 9 Comentarios
25 de marzo de 2012 | 11 hrs
escribe:
Quien debe dar explicaciones al pais es el Sr. Otarola que abiertamente contradice al canciller y dice que la fragata vendra de todas maneras. Ollanta parece pintado en la pared y ha delegado inconstitucionalmente la conduccion de la diplomacia peruana a sus asesores Valdes, Otarola y a todos sus Ministros promineros, pro agroexportadores y pro chilenos de las cuerdas separadas. Su falta de caracter le hizo aprobar esta tacita alianza militar con el Reino Unido en primer lugar.
25 de marzo de 2012 | 08 hrs
escribe:
El apoyo a la cuestion de Las Malvinas es por principios, el Perú desde hace más de 190 años apoya el anticolonialismo en la región, es cuestión de principios de la Nación, da verguenza que para algunos eso es negociable o exijaN reciproccidad; quedar aislado del UNASUR sería mucho más peligroso que no dejar entrar una fragata del Reino Unido, acaso los ingleses van a sacar sus inversiones?? no, porque las empresas perderian dinero y su Estado no les devolveria nada por ello.
24 de marzo de 2012 | 23 hrs
escribe:
cuando la necesitamos, nos la dieron??
24 de marzo de 2012 | 22 hrs
escribe:
Perú siempre será una presa codiciada en sudamerica, su actual momento economico mas su ubicación geografica lo hace en este escenario de globalización feroz algo a codiciar,por lo que quedarse aislado en sudamerica seria un error y el pretexto ideal para que todos los que nos rodean se repartan un buen botin: Brasil, la ruta al pacifico, Bolivia la salida al mar, Chile y Ecuador no es necesario ni detallar, hasta Colombia podria llevarse su buena tajada.
24 de marzo de 2012 | 17 hrs
escribe:
el peru debe mantenerse neutral en un pelea que no nos interesa, si nos tocase tener un problema parecido nadie nos apoyara, ingleses,y argentinos no se meterán al contrario apoyaran a muestro enemigo
24 de marzo de 2012 | 16 hrs
escribe:
No se olvide que luego de las lagrimas de C Fernancdez, poniendo perdon por lo de abastecer al Ecuador, la mandataria argentina movio todo el aparato peronista en el poder judicial argentino para liberar a Menen. Este ultimo fue el que pertrecho al Ecuador, violando la neutralidad argentina, en colusion con su serviciode inteligaencia. La doble bofetada al Peru deberia sentirse, el pais fue un trapeador. Argentina nunca fue un alidada del Peru. Esa es la verdad.
24 de marzo de 2012 | 10 hrs
escribe:
Para Argentina la vía militar no es una opción inteligente. Su camino es lograr apoyo internacional, la vía diplomática es lenta pero va funcionando, por ello la proocupación Británica y por ello sus recientes movimientos.
24 de marzo de 2012 | 10 hrs
escribe:
¿Y el tráfico de armas argentino durante el conflicto del Cenepa? A Argentina no le debemos nada, al Reino Británico tampoco. Perú debe hacer lo que mas le conviene. Eso de "unidad latinoamericana" es puro humo a la hora que los chilenos invadan Perú, el resto de "vecinos" no pasará de emitir comunicados, JAMAS MOVILIZARÁ TROPAS, a no ser ilusos.
24 de marzo de 2012 | 08 hrs
escribe:
¿Solidaridad sudamericana si llegáramos a necesitarla? ¿Como la venta de armas de Argentina a Ecuador después del apoyo del Perú en la guerra de Las Malvinas?. Lo bueno es que a tu edad todavía conservas algo de inocencia, Mirko.

Tope máximo de remuneraciones en FF.AA. y PNP será de 11 mil 500 soles

Tope máximo de remuneraciones en FF.AA. y PNP será de 11 mil 500 soles
La propuesta del Poder Ejecutivo para aumentar en 100% las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional va viento en popa. La nueva Ley de Remuneraciones será presentada en abril ante el pleno del Congreso para su promulgación. La iniciativa contempla que el sueldo máximo dentro de las instituciones castrenses y policiales se incrementará de 8,500 a 11,500 soles. Es decir, ese será el sueldo de un general de división o teniente general.

La escala remunerativa que ha anunciado el Ministerio de Defensa establece un aumento significativo a partir de su promulgación y tiene un mayor énfasis en el personal subalterno y de oficiales de menor graduación, donde se aprecia la mayor brecha salarial. Según el proyecto, luego del primer año, tras la entrada en vigencia de la norma, los uniformados van a pasar a ganar un promedio anual de 20% más. Es decir, que en cinco años su sueldo aumentará el doble de lo que perciben en la actualidad.

AUMENTOS
Según el proyecto, al menos 80 mil subalternos y oficiales de menor graduación se verán beneficiados con el doble de su salario actual. Para ello, cabe precisar algunos ejemplos sobre la base de las remuneraciones actuales.

Actualmente, un Mayor de las FF.AA. o PNP gana 2,357 soles. Según la nueva escala, el primer año accederá a 2,826 soles y una vez concluida la reforma (en cinco años) tendrá un sueldo de 5,176 soles. En el grado de Comandante se establecería un aumento de sueldo de 3,396 a 6,820 soles. Asimismo, un Capitán pasaría de percibir 2,013 soles a 3,900 en cinco años.

Se calcula que un Teniente está ganando 1,654 soles y, según la reforma, para el 2016 estaría percibiendo un sueldo de 3,300 soles. De igual manera, un Alférez, quien percibe 1, 602 soles, en cinco años tendrá una remuneración de 3,250 soles.

En el caso de los subalternos, cuyos sueldos oscilan entre 1,370 y 1,936 soles, se calcula que en el primer año el sueldo mínimo será de 1,644 soles y el máximo 2,324. Por lo que, según lo plasmado en el proyecto, en cinco años podrían percibir un monto máximo de 3,872 soles. Aunque se ha mencionado que los oficiales de menor graduación serán los mayores beneficiados, los altos cargos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también verán un aumento en sus remuneraciones.

ACLARACIONES
Para el Ministerio de Defensa esta propuesta representa una solución definitiva al problema de las remuneraciones y de la situación previsional de las FF.AA. Hay que tener en cuenta que para el aumento salarial el Estado estaría invirtiendo entre 1,200 y 1,300 millones de soles anuales. Toda la reforma significará un gasto de 6 mil millones de soles en los cinco tramos.

La iniciativa, que fue anunciada por el Ministro de Defensa, Alberto Otárola, hace algunos días, enmarca algunas diferencias con las propuestas anteriores que, según el Gobierno, “no eran técnicamente viables”. Es por ello que el titular de Defensa anunció que el proyecto contempla la creación de un nuevo modelo viable y sostenible para las pensiones de los que recién se incorporen a la carrera militar y policial, y que serán la “promoción cero” de ese esquema.

Además, sostuvo que se incorporará un reconocimiento especial al personal en actividad por riesgo de vida en el desempeño de sus funciones. Esta bonificación guarda relación con la actividad propia del militar que se encuentre en el interior del país.

Otro de los aspectos positivos de esta iniciativa es que se descarta que la Caja de Pensiones Militar Policial sea liquidada. Por el contrario, la decisión del Gobierno es fortalecerla con el fin de hacerla sostenible en el tiempo. En tal sentido, los incrementos graduales de la nueva ley de remuneraciones permitirán mayores aportes a la Caja y, por ende, que esta sea autosuficiente a largo plazo.

Nuevo ‘fondo’
El ministro de Defensa informó que junto al ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, van a proponer un nuevo modelo para la administración de las pensiones de las Fuerzas Armadas, que no tiene nada que ver con el fondo de pensiones ni con las AFP. 

Explicó que el personal que ingrese a partir del próximo año a las instituciones tendrá que aportar a un fondo que necesita del 25% de aportes para su rentabilidad, detallando que el Estado tendrá que hacerse cargo de un porcentaje de estos aportes. En ese sentido aseguró que el nuevo administrador de pensiones no tendrá problemas como la CMP.

PATRICIA HOYOS: phoyos@diario16.com.pe
Chile destina US$ 1,500 millones más a las compras bélicas y se arma hasta los dientes

Los chilenos lucen los F-16 con superioridad, las tropas mapochas están bien equipadas y continúa el armamentismo.
Con una campaña armamentista que ya asemeja a la iniciada en Irán en su desesperación por las compras bélicas ante la inminencia de un ataque occidental, Chile destinó 1,500 millones de dólares en 2011 a la compra de armas, reveló la cuprífera estatal Codelco, empresa que por ley financia en parte esos gastos con los excedentes de la venta del cobre y revelan que es más de US$ 5500 millones el presupuesto con el que cuentan para la compra en este año.
Chile junto a Venezuela es el país que más invierte en Defensa en Sudamérica, según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Suecia. Ambos acapararon un 61 por ciento del gasto en 2011.
Las Fuerzas Armadas chilenas, que adquirieron tanques, aviones y submarinos por 7.500 millones de dólares desde 1990, poseen hoy mayor capacidad bélica que sus pares de Argentina, Perú y Bolivia.
El gasto, en medio de la ola de protestas sociales que sacude Chile, provoca críticas dentro y fuera del país, inmerso en litigios fronterizos con el Perú y diferencias de igual índole con Bolivia.
Expertos en defensa insistieron los últimos meses en la necesidad de que Chile modere su gasto en armas, por los costos en mantención que genera, y dirija sus compras a multiplicadores de la fuerza, como sistemas de comando, además de equipos de uso civil y militar.
Tras un embargo impuesto por Estados Unidos a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), las Fuerzas Armadas compraron masivamente tanques, aviones y submarinos desde el regreso a la democracia.
Un gasto que permitió a Chile, país donde la mitad de la población vive con un ingreso per cápita de 3,000 dólares debido a los problemas de distribución de la riqueza, poseer incluso 44 cazabombarderos F-16.
Es decir, poco menos que Polonia, país que considera a Rusia su principal amenaza, en comparación.
Las compras de armas, las mayores en la historia de este país, estuvieron siempre ligadas a escándalos de corrupción, investigados incluso en el extranjero.
Para el 2012
Con un poderío militar superior al de sus países vecinos y más de US$ 5,500 millones disponibles para la compra exclusiva de armamento, Chile se apresta el 2012 a mantener su desbocada carrera bélica pese al claro desequilibrio militar que ha producido en la región.
A inicios de setiembre del 2011 los analistas chilenos en temas de Defensa, Eduardo Santos y Armen Kouyoumdjian, informaron a la agencia DPA que, de acuerdo con información conocida hasta ese momento, a finales del 2010 “Chile disponía de ahorros por 4 000 millones de dólares para la compra de armas”.
Dichos recursos se encontraban depositados en un fondo secreto en atención a la denominada Ley Reservada del Cobre, que dispone la entrega por parte de la cuprífera estatal chilena Codelco del 10% de sus ingresos a las Fuerzas Armadas, los mismos que serán usados “exclusivamente” en la compra de equipos militares.
Para darnos una idea del ingente gasto militar mapocho, según el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, Chile desembolsó 6 mil 198 millones de dólares en este rubro el 2010. La cifra dada por Santos y Kouyoumdjian sería el restante tras este desembolso.
Hace algunos meses Codelco emitió un comunicado en el que informó que, en cumplimiento de la Ley del Cobre, entregó US$ 751 millones a las instituciones castrenses por concepto del primer semestre del 2011. “La empresa entregó US$ 751 millones al Estado por concepto de Impuesto a la Ley Reservada 13.196 (Ley del Cobre)”, anotó

MEF y Mindef discrepan sobre aumento para los uniformados

Al límite. Plazo del Ejecutivo para entregar su propuesta vence en mayo, mes en el que concluye la vigencia de un abono no pensionable otorgado por el gobierno de García.
Al límite. Plazo del Ejecutivo para entregar su propuesta vence en mayo, mes en el que concluye la vigencia de un abono no pensionable otorgado por el gobierno de García.
Distancias. Economía plantea mejorar los ingresos en cinco tramos, pero siempre que existan fondos en la Caja Fiscal. Mindef fija como plazo el 2016.
Ángel Páez
 Parecen sutiles diferencias, pero en realidad son planteamientos contrapuestos. Los proyectos de aumento de remuneraciones para el personal militar del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía coinciden en que será de 100 por ciento, beneficiará especialmente a los que menos ganan y los incrementos se abonarán en cinco tramos. Sin embargo, mientras que para el Mindef la mejora de los sueldos debe completarse en el 2016, para el MEF todo dependerá de la disponibilidad de fondos de la Caja Fiscal.
 Esto es, se cumplirá con cada una de las cinco etapas para duplicar los sueldos en las Fuerzas Armadas en función de la existencia de dinero, lo que podría producirse el 2016 o más adelante. No hay la certeza. El MEF no se pone un plazo como sí lo hace el Mindef: la mejora de los sueldos se inicia en mayo del 2012 y culmina en mayo del 2016.
Y no es la única discrepancia entre el Mindef y el MEF. Son varias, y de fondo, lo que explica por qué ambos sectores tardan ocho meses en llegar a un acuerdo para redactar un solo proyecto de incremento de remuneraciones y elevarlo al Congreso para su inmediata aprobación.
 El plazo del Ejecutivo para entregar su propuesta vence en mayo. En ese mes concluye la vigencia de una bonificación no pensionable del 20 por ciento para los sueldos de los uniformados en actividad que otorgó el gobierno del ex presidente Alan García.
El último viernes el titular del Mindef, Alberto Otárola, describió los alcances del proyecto de su despacho en relación con el aumento de ingresos del sector castrense, que encaja con las aspiraciones de los efectivos de los institutos armados. La República obtuvo un borrador de un proyecto similar elaborado por los técnicos del MEF, que se discutió recientemente entre los funcionarios de dicho ministerio y del Mindef, y lo comparó con la propuesta del Ministerio de Defensa. Luego de una simple lectura cualquiera probablemente no detecte alguna diferencia notable. Lo cierto es que el diseño del MEF no coincide con lo que describió el ministro Otárola.
En la propuesta del Mindef se indica claramente que las bonificaciones no pensionables no deben sobrepasar el 40 por ciento del total de ingresos del efectivo castrense, para que al momento de pasar al retiro reciba una pensión adecuada. 
 La realidad y el deseo
Por el contrario, el MEF más bien plantea que las bonificaciones no pensionables pueden representar hasta el 70 por ciento de la remuneración total que percibe el militar. Es decir, por dar un ejemplo para gratificar la situación, si el elemento castrense gana 1.000 soles, al pasar al retiro recibiría como pensión 300 soles, que es lo que representa su sueldo sin las bonificaciones.
Para los militares cumplir servicios en el extranjero representa una ocasión para aumentar significativamente sus ingresos. Por eso, en el proyecto de ley del Mindef se indica que en caso el personal sea designado a una misión en el exterior recibirá un monto a la escala que le corresponde al personal del Servicio Diplomático. Y si el militar es destacado al extranjero para otro tipo de función que no es la diplomática, ganará el 80 por ciento.
En el borrador del proyecto del MEF no se consideran los ingresos mencionados, lo que indica que para dicho sector los militares que cumplan funciones en otros países deben percibir lo mismo.
 Un tema clave es la Caja de Pensiones Militar Policial, más conocida como La Caja. Aquí la diferencia es notoria. Para el Ministerio de Defensa, la Caja debe ser reflotada. Con esa finalidad, en el proyecto que trabaja se contempla elevar el aporte de 12 por ciento (6 por ciento el Estado y 6 por ciento el efectivo militar) a 27 por ciento (17 por ciento el Estado y el 10 por ciento el pensionista).
 Según los técnicos del Mindef, esta es la fórmula más efectiva para salvar de la extinción a La Caja. De otro modo, dentro de pocos meses los fondos no alcanzarán para cumplir con el pago de las pensiones.
 ¿Qué plantea el MEF? De acuerdo con el borrador del proyecto de ley que han presentado sus funcionarios para discutirlo con el Mindef no se contempla ninguna medida para rescatar a la Caja Militar.
 Otra propuesta del Mindef es que los pensionistas aporten solidariamente a La Caja un monto equivalente al 10 por ciento. El MEF tampoco ha acogido la iniciativa. He ahí el detalle.❧

(Editorial) Sin carta blanca

Según el Reporte Global de Competitividad (RGC) que publica cada año el Foro Económico Mundial, el principal obstáculo para hacer negocios que enfrenta una empresa en el Perú no es la ausencia de infraestructura…
Domingo 25 de marzo de 2012 - 08:00 am
Según el Reporte Global de Competitividad (RGC) que publica cada año el Foro Económico Mundial, el principal obstáculo para hacer negocios que enfrenta una empresa en el Perú no es la ausencia de infraestructura, el desastre del Poder Judicial, nuestra rigidez laboral ni la inexistencia de cualquier tipo de Estado de derecho frente a las “protestas sociales” de las que se trate. Es nuestra burocracia.
La razón para esto es muy sencilla. Todas y cada una de las regulaciones a las que están sometidas las empresas, cuando no vienen del Congreso, vienen de esta burocracia: de los gobiernos municipales, regionales y de los diferentes estamentos y e innumerables entidades del Gobierno Central. Y como el Congreso se ocupa solo de la letra grande, es la burocracia la que dicta todos los reglamentos que acaban rigiendo el día a día de las empresas en el Perú. La avalancha de licencias, certificados, controles, permisos, prerrequisitos y requisitos esperando con su mazo levantado detrás de la puerta del emprendimiento a cualquier particular que se atreva a cruzarla, vienen de ahí: de los rebosantes TUPA de nuestra administración pública.
El problema, sin embargo, no es solo de cantidad (pese a todo lo grave que es el asunto de la cantidad). Es, principalmente, de calidad. Son los inverosímiles niveles de arbitrariedad e irracionalidad con la que la mayoría de nuestras administraciones dicta sus reglamentos. Gracias a esto, siempre según el RGC, ocupamos el puesto 119 de los 139 países rankeados en la categoría de “trabas impuestas por la burocracia”.
¿Cuáles son las causas de esto? Sin perjuicio de la existencia de otras influencias coadyuvantes, creemos que hay dos puntos centrales que facilitan a nuestra administración su absoluta impunidad al momento de reglamentar: el secretismo con el que se generan los reglamentos y la ausencia de cualquier obligación de justificar lo que se exige en ellos.
Ningún accionista da carta blanca a los administradores de su empresa. Por el contrario, todos los obligan a rendir cuentas y ofrecer justificaciones por las decisiones que toman. La razón es sencilla: como no es su dinero el que está en juego, unos administradores sin control podrían tomar decisiones absurdas e ineficientes que vayan en contra del interés de los dueños. Pues bien, eso es precisamente lo que hacen los administradores del Estado peruano, quienes tampoco tienen su dinero en juego pero a quienes sus accionistas, los ciudadanos, sí damos carta blanca para decidir lo que quieran, sin explicaciones de ningún tipo y, adicionalmente, a puertas cerradas. Ello supone un privilegio que ni siquiera tiene el Congreso y hace imposible que haya cómo saber qué es lo que discuten – y con quiénes– al momento de decidir.
El primer resultado de esto, desde luego, es un arca abierta para la corrupción. Innumerables veces los reglamentos acaban decidiéndose a oscuras entre un lobbista y los funcionarios que los dictan, a la medida de los intereses particulares de los primeros.
El segundo no es menos grave: como no tienen que justificar por qué deciden lo que deciden, nuestros burócratas suelen dar rienda suelta a sus prejuicios, perezas mentales, caprichos o simple talento para el absurdo a la hora de reglamentar. Prueba de ello es la comparación de los resultados obtenidos por Perú en el estudio Doing Business del Banco Mundial con los alcanzados por los países de la OECD (los 34 países más desarrollados del mundo). Por ejemplo, nuestros trámites legales para obtener permisos de construcción son 30% más caros que el promedio de la OECD y los que hay que cumplir para iniciar un negocio cuestan y demoran alrededor del doble. Igualmente, para lograr todas las exigencias burocráticas para pagar impuestos, una empresa tiene que invertir 66% más tiempo que en los países más ricos. Ni detallar lo que todo esto nos cuesta en términos de productividad, inversión y generación de empleo.
¿Cómo cortar con esto? El Congreso debería aprobar una ley que obligue a cualquier entidad de la administración a justificar públicamente la lógica y racionalidad de cada requisito, trámite o exigencia que planee poner en vigor. En Estados Unidos, por ejemplo, una ley así existe desde mediados del siglo XX. Ella obliga a la administración a publicar cualquier proyecto de norma que quiera emitir, a exponer abiertamente las razones técnicas que en su opinión la justifican y a recoger las opiniones del público interesado, evaluarlas y contestarlas. Si la administración no cumple con este procedimiento o no ofrece justificaciones técnicas y razonables, sus normas son invalidadas por el Poder Judicial.
Ninguna reforma que busque afrontar el enorme problema de la manera como toman decisiones nuestras autoridades administrativas podrá tener éxito sin partir de este punto. Sin partir, esto es, de sacar los procesos de nuestros funcionarios a la luz, donde todos podamos verlos.