(Editorial) Tareas pendientes de las FF.AA.

Lunes 20 de diciembre de 2010 - 07:00 am

El avance del narcotráfico en el país ha puesto sobre el tapete las tareas pendientes y urgentes que el Gobierno tiene que cumplir para enfrentar este flagelo, entre las cuales debe incluirse mejorar la situación de las Fuerzas Armadas y redefinir los alcances de la defensa nacional.

Como se concluyó en la mesa redonda que organizó El Comercio, para analizar los retos del sector Defensa ad portas de los comicios del próximo año, los problemas empiezan por elevar los escasos recursos que el Estado le destina. Si en el 2001 recibía 2,04% del PBI, este año solo percibe 1,3%, monto insuficiente para que las FF.AA. cumplan sus funciones constitucionales.

Sin presupuestos suficientes difícilmente podrán solventarse la capacitación constante y los servicios básicos del personal militar. El escenario se complica cuando esta desatención afecta a quienes se hallan emplazados en zonas estratégicas, como el VRAE. Por este camino, solo se les expone a toda clase de amenazas, frente a la mano corruptora del tráfico ilícito de las drogas.

Fue positivo que después de la cooptación que sufrió la institución durante el fujimorato, se emprendiese una nueva etapa a favor de la formación del personal militar en universidades y centros de estudios superiores. Dicha iniciativa tiene que proseguir, como también una política de acercamiento a la sociedad civil. Los institutos armados aún sufren las consecuencias de la mala imagen que se propagó durante la época del fujimontesinismo; una percepción que debe cambiar. Por eso, como postulamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006: “Nunca más los militares deben ser utilizados por el poder político ni sus cúpulas para participar en mafias corruptas”.

Si bien el Perú renunció, desde el gobierno anterior, a una carrera armamentista para asumir la lucha frontal contra pobreza, eso no implica abandonar a las FF.AA. y policiales. El desarrollo no se opone al sector Defensa, sobre todo cuando el Estado tiene que involucrarse más en la lucha antidrogas y contra los remanentes del terrorismo.

Esto implica mejorar el nivel de vida de los militares, pero también propiciar mecanismos de control, internos y externos, para fiscalizar el manejo de recursos e inversiones en los institutos armados. Es tarea del Estado apoyar a sus instituciones tutelares y contribuir a que cumplan sus compromisos con esa moral castrense que históricamente las ha caracterizado.

CRECE INVERSIÓN EN AREQUIPA
La presencia de capitales privados del ‘retail’ está dinamizando Arequipa. En realidad, estamos ante un fenómeno extendido en otras regiones, como Piura, Trujillo y Chiclayo, que está aprovechando las posibilidades de mercados auspiciosos hasta ahora desatendidos.

Se trata, además, de actividades que antes se hallaban centralizadas en Lima, pero que sobre todo en el último año vienen contribuyendo a la descentralización comercial del país, para beneficio de las economías regionales, sus consumidores y la promoción del empleo. En el caso de Arequipa, el potencial es interesante toda vez que por su cercanía geográfica podría atraer la atención de las regiones del sur con menos desarrollo comercial, así como de ciudades fronterizas.

Las autoridades regionales arequipeñas y el sector Trabajo deben garantizar que estas inversiones sean respetuosas de los derechos laborales de los trabajadores; para que este avance económico beneficie también a las grandes mayorías.

Política | Diciembre 17, 2010 VALLE RIESTRA INSISTE EN POLÉMICA LEY DE AMNISTÍA

No es la primera vez que el legislador Javier Valle Riestra intenta poner en el debate una ley de amnistía para que salgan en libertad los autores del ‘andahuaylazo’, sin embargo, ahora fue más lejos. La ley que promueve pretende liberar a todos aquellos que se encuentran cumpliendo condena por algún acto político. En esa generalidad entran no solo los que dirigieron el ‘andahuaylazo’ sino también podrían salir de prisión terroristas como Abimael Guzmán.

"Es para todos los casos políticos sociales y, como vamos a empezar un nuevo régimen, hay que hacerlo sin el lastre de las persecuciones de naturaleza político- social, por eso creo que el Parlamento debería dar una ley de amnistía”, sostuvo Valle Riestra.

El letrado también indicó, durante la última sesión plenaria en el Congreso, que “debimos, y ojalá lo podamos hacer en marzo, dictar una ley de amnistía como se dictaron en el Perú al inicio de las grandes etapas históricas. ¿A quiénes amnistiaríamos? Por ejemplo, a los jóvenes de Andahuaylas que por una pasión andina, mística, juvenil, sin armas, se alzaron hace unos años”.

Esta insistencia fue criticada por el congresista de Unidad Nacional, Raúl Castro, quien señaló que de aprobarse esta ley se beneficiaría a personajes que causaron mucho daño al país. “Si este tema se va a aplicar indiscriminadamente, se liberaría a personajes como Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán, porque todos tendrían derecho a este beneficio. Esta norma no debe promoverse por razones ideológicas ni políticas”, señaló.

Cabe indicar que cuatro policías murieron cuando un grupo de etnocaceristas, liderado por Antauro Humala, tomó la Comisaría de Andahuaylas.

Política | Diciembre 18, 2010 MILITARES IMPAGOS EN EL VRAE

Un nuevo enfrentamiento tendría en alerta a oficiales superiore y personal subalterno de los destacamentos especiales que operan en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).  Esta vez no se trata de las huestes narcoterroristas a las que suelen combatir; sino de las más altas esferas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), a las que acusan, mediante una carta dirigida al Ministro de Defensa, Jaime Thorne, de estar  adeudándoles sus pagos por concepto de viáticos.

 “Yo estoy las 24 horas del día, compadre, estoy como si estuviera en el VRAE”. Así nos respondió el personal encargado de Informaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando le consultamos sobre la carta que oficiales superiores, y personal subalterno de los destacamentos especiales que operan en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), le dirigieron al Ministro de Defensa, Jaime Thorne, quejándose de que nos les habían pagado los correspondientes viáticos que les habían prometido.

“Ya te voy a dar el número del coronel Luis Altez, para que él absuelva todas tus preguntas”, nos dijo el amable vocero del CCFFAA, mientras nos preguntaba quién nos había enviado dicha misiva.

Sin revelar fuentes le comentamos el tenor de la mencionada carta y le señalamos que la misma estaba dirigida a Jaime Thorne León, fechada el 16 de diciembre, y suscrita por personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, le mencionamos que esta hace alusión a una directiva del CCFFAA, la misma que dispondría el pago de siete días por concepto de viáticos por cada mes,” cuando se desplacen los destacamentos especiales, cuando así lo disponga el CCFFAA”.

“Nos vemos en la imperiosa necesidad de recurrir a un llamado a la conciencia para el general Francisco Javier Contreras Rivas y al general Luis Ricardo Howell Ballena, saliente y actual jefe del Comando Conjunto de las FFAA, debido a que el personal destacado a las diferentes Operaciones en la Zona del VRAE, de los destacamentos especiales VICTOR, FOXTROP, CCEV, FEB, hemos sido perjudicados económicamente en lo que respecta a nuestros beneficios (viáticos) por servir en la zona en estado de Emergencia”, indica parte de la misiva.

“Señor Ministro, a estos destacamentos se les adeuda por concepto de viáticos para este personal desde el mes de agosto hasta el mes actual y, en algunos casos, el mes de mayo. Según dice la Oficina de Administración del CCFFAA, por errores administrativos”.

CONTUNDENTE MISIVA

Apunta –nos dijo el vocero de Informaciones- y nos proporcionó el número telefónico del coronel que absolvería todas nuestras dudas.  Antes de hacer la siguiente llamada, le leímos otros puntos de esta carta:

“El día 15 de diciembre el CCFFAA depositó en las cuentas del personal afectado en estos conceptos, considerando solo cuatro días por cada operación realizada durante los meses en mención, conociendo el personal que existe una directiva que establece el viático para zona del VRAE, que  es de siete  días por operación realizada”.

Indica también esta misiva que las planillas de pago para estas operaciones realizadas habían sido firmadas por el general Contreras, y que  en dichas planillas se especificaban el pago de siete días.

“Solamente se ha considerado hasta el mes de noviembre, y el mes de diciembre no, porque sencillamente al general Howell no le da la gana de brindar este beneficio para este personal afectado. Señor Ministro, esto es una violación de los derechos y beneficios para el personal de estos destacamentos especiales, que como es de su conocimiento venimos realizando Operaciones de Envergadura”.

La carta, además, da cuenta de algunas promesas que les habría hecho el Ministro Thorne en la zona cusqueña de Pichari, luego de haberse producido enfrentamientos que dejaron bajas en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas.

 “Usted, señor Ministro, viajó al fuerte Pichari y en ceremonia afirmó que contáramos con su apoyo incondicional, es más, a un grupo les dijo que vengaran la muerte del capitán y el suboficial del Ejército. Nos piden resultados y así lo hacemos, ofrendamos lo más preciado que tenemos: nuestra vida, y así nos retribuye nuestra institución, no dándonos lo que bien ganado nos corresponde.  Las viudas de estos héroes de la patria que ofrendaron su vida por un noble ideal, también se les ha pagado solo cuatro días, no se respeta a los muertos”, enfatiza la carta.

Cuando llamamos a la persona que nos absolvería todas nuestras preguntas, nos respondió una voz que dijo no ser la persona que buscábamos.

Tal vez pudo tratarse de una equivocación nuestra al momento de apuntar el número; por ese motivo volvimos a llamar al coronel que nos proporcionó dicho dato telefónico. Sin embargo, el encargado, aquel que dijo que e

Los errores del Gobierno en el ‘Baguazo’

Según un cable de EEUU del 2009 publicado por Wikileaks, no se descarta que en ese suceso haya habido injerencia radical y extranjera.

El ‘Baguazo’ dejó como saldo más de 20 policías y 10 civiles muertos. (USI)

Mientras la exministra del Interior Mercedes Cabanillas se defiende de una denuncia penal por su presunta responsabilidad en el‘Baguazo’, un cable diplomático de EEUU revelado por Wikileaks asegura que gran parte de la responsabilidad en este hecho la tiene el Gobierno.
El documento 09Lima1669, del 25 de noviembre de 2009, fue escrito por el entonces embajador norteamericano Michael McKinley,quien lo dirigió al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, Douglas M. Fraser.
“El 5 de junio la violencia registrada en la ciudad amazónica de Bagua, en la que perdieron la vida 24 policías y 10 civiles, fue la más grave crisis del gobierno hasta ahora. Si bien una serie malos cálculos y errores del gobierno ocasionaron en gran medida esos hechos, la injerencia radical y posiblemente extranjera también jugaron un papel importante”, escribió McKinley.
La comunicación añade que el Perú, pese a su crecimiento económico y reducción de la pobreza, enfrenta varios retos de seguridad que ponen en peligro su estabilidad y el progreso, debido a los conflictos sociales, el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.

EE.UU. CULPA A GARCÍA

La evaluación de la Embajada de Estados Unidos sobre los hechos luctuosos de Bagua, revelada por Wikileaks, coincide con un informe del Congreso según el cual los graves sucesos –con un saldo de 23 policías muertos y uno desaparecido, así como 10 civiles fallecidos- se debieron en gran parte a... Informe revelado por portal corrobora conclusiones de informe sobre la muerte de policías y civiles en Bagua en junio del año pasado. Baguazo es culpa del gobierno, confirma cable de Wikileaks Cable sindica al gobierno como el responsable. La evaluación de la Embajada de Estados Unidos sobre los hechos luctuosos de Bagua, revelada por Wikileaks, coincide con un informe delCongreso según el cual los graves sucesos –con un saldo de 23 policías muertos y uno desaparecido, así como 10 civiles fallecidos- se debieron en gran parte a errores del gobierno. El congresista nacionalista Víctor Isla, autor de un dictamen en minoría de la comisión investigadora sobre los hechos de Bagua, declaró a LA PRIMERA que la responsabilidad del Gobierno quedó establecida en su informe por minoría, que encontró responsabilidad gubernamental no sólo política sino también penal, la misma que alcanza al presidente Alana García y a cuatro de sus ministros. Comunicación confidencialEl documento 09Lima1669, fechado el 25 de noviembre del año pasado, al igual que el que involucra a militares con el narcotráfico, fue redactado por el entonces embajador norteamericano Michael McKinley, y la comunicación confidencial estuvo dirigida al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Douglas M. Fraser. La comunicación refiere que el Perú, pese a su crecimiento económico y reducción de los niveles de pobreza, enfrenta una serie de retos de seguridad que pondrían en peligro su estabilidad y progreso continuo a causa de los conflictos sociales, el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso. Además de señalar la responsabilidad del Gobierno en el Baguazo, el documento también advierte la posibilidad de una supuesta injerencia extranjera, y de grupos radicales en la protesta indígena amazónica de 2009. “El 5 de junio la violencia registrada en la ciudad amazónica de Bagua, en la que perdieron la vida 24 policías y 10 civiles, fue la más grave crisis del gobierno hasta la fecha. Si bien una serie cálculos equivocados y errores del gobierno provocaron en gran parte estos hechos, probablemente la injerencia extranjera y radical, también jugó un papel importante”, informa McKinley. También Lombardi Pero no sólo el informe del congresista Isla establece responsabilidad del Gobierno. El presidente de la comisión investigadora, Guido Lombardi (Unidad Nacional), también presentó un informe individual que atribuye responsabilidad a las principales autoridades del gobierno, entre ellas la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien hace pocos días fuedenunciada ante la Fiscalía por los deudos de los policías muertos. Lombardi también señaló responsabilidades políticas de los ex ministros Yehude Simon y de la actual candidata presidencial del partido de gobierno, Mercedes Aráoz, por no cumplir con su obligación de someter los decretos legislativos lesivos para los indígenas a la consulta previa señalada en el Convenio 169 de la OIT. En el informe de Isla, la responsabilidad de Aráoz también es penal y se le responsabiliza por el delito contra la fe pública–falsedad genérica, por mentir de manera deliberada sobre el efecto real de la derogación de los decretos legislativos cuestionados. “Hay razones suficientes para creer que su temeraria afirmación dio lugar a una actitud todavía más rígida e inflexible del Poder Ejecutivo en relación a las protestas amazónicas”, dice el informe. Según Isla, la hoy candidata aprista señaló que si no se derogaban los decretos legislativos se iba a anular el TLC con Estados Unidos, lo cual fue desmentido, precisamente, por el embajador McKinley en una reunión que sostuvo con el entonces premier, Yehude Simon, cuyo testimonio obra en poder de la comisión. A más de siete meses de presentados estos dos informes , ni éstos ni otros dos derivados de la comisión encargada de investigar los sucesos de Bagua, han sido puestos a debate en el pleno y la legislatura culmina hoy. “Están durmiendo el sueño de los justos”, dijo Isla a este diario. Helio Ramos Redacción

FUERZAS ARMADAS

DANTE N. PINO ARCHONDO Un polvorín de comentarios levantaron las declaraciones de un militar de apellido Cueto, que afirmó el carácter socialista de las Fuerzas Armadas, en acuerdo con lo que dispone la Constitución Política del Estado, que ha convertido a Bolivia en Estado Plurinacional, a la hoja de coca en patrimonio cultural y a los indios, en originarios y campesinos. De todo lo cual se deriva que las Fuerzas Armadas están en  un contexto, originario, comunitario y socialista. Razón no le falta al general, ya que si la superestructura jurídica se ha modificado las FF. AA. tienen que nadar en la alberca que les toca. Lo que me llevó a preguntarme, ¿cuán importante es que las Fuerzas Armadas sean socialistas, anti imperialistas o capitalistas y pro imperialistas, si denominaciones más o menos, su realidad no cambia? ¿Qué son las Fuerzas Armadas en Bolivia? Comparadas con sus similares en Brasil, Chile, Perú y Colombia, ¿para dar ejemplos cercanos? Casi parecen un grupo de ciudadanos armados, sin uso ni beneficio, que viven de un presupuesto pobretón y que les mantiene como reserva armada del grupo palaciego de turno. Si esta es la realidad, realmente ¿importa cómo se denominen? Soldados sometidos a vejámenes, oficiales buscando cómo vivir mejor, generales ganando pluses de origen dudoso, negociando compras de armamento millonarias, callando ante las voces de mando venezolanas, inclinando la columna ante las demandas norteamericanas, sometiéndose a consignas vacías propias de la ignorancia en el poder. Ciertamente si se quieren llamar Fuerzas Incaicas, Fuerzas originarias o Fuerzas de acomodo, para lo que realmente son, me parece que no tiene la menor importancia. Estos generales que salen hablando de lo que no entienden, simplemente, como sus propios camaradas dicen, son unos busca pegas, adulones y mediocres militares. Así que tratar de darle importancia a un asunto que no debiera ocupar sino la columna de chistes, nos demuestra la desesperación de algunos por usar cualquier cosa para levantar polvo, que al Gobierno no le llega a la cintura. Si les escandaliza que las Fuerzas Armadas sean socialistas, es que no entienden el mensaje. El socialismo que predica el Gobierno es el socialismo de la pobreza y el atraso económico, así que esas Fuerzas Armadas serán la expresión de ese sistema. Creo que esos generales que ahora están viviendo bien con la ayuda externa que les llega, deberían desmentir lo dicho por Cueto, no por convicción ideológica contraria al socialismo, sino porque su nivel de existencia actual no condice con ese nivel de conciencia que reclama Cueto.