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jueves, 9 de agosto de 2012


Imagen 01: Foto en la Universidad San Cristobal de Huamanga en la que se aprecia a Tapia (parte inferior de la foto resaltado en rojo) junto a un sonriente Abimael Guzman, líder de Sendero Luminoso.
Según el Diario Perú 21 este es el pasado del polémico miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Carlos Tapia:
"Tapia, limeño de nacimiento y cuya vocación inicial fue la de ser oficial de la Marina de Guerra, viajó a Ayacucho para estudiar Ingeniera Rural e iniciar su actividad política en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER).
Según esta información, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga conoció al profesor Abimael Guzmán Reynoso, quien en 1963 ya había iniciado su actividad subversiva clandestina como integrante de Patria Roja.
TERRORISMO. El propio Tapia confesó –en entrevista con el suplemento VSD, en junio de 1989– que era “más radical que el propio Guzmán en el sentido de darle un curso práctico a la lucha política”, y que por eso se incorporó, en 1965, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Luis Felipe de la Puente Uceda, quien ese mismo año inició la guerrilla.
En aquella entrevista, el exmiembro de la CVR revela que el MIR lo destacó a Lima y que participó en actividades terroristas de colocación de bombas. “Nos la daban preparadas, le decían ‘camotes’, eran dinamitas con su detonador y su mecha. Llamábamos a los periódicos, pero nadie publicaba nada”, señaló entonces.
Luego de que el Ejército acabó con la guerrilla, Tapia retornó a la Universidad de Huamanga y encontró a Guzmán con mucho más poder. El líder de Sendero Luminoso cayó preso en 1970 por atentados terroristas en varios locales públicos de Huamanga y fue trasladado a Lima. Tapia y un grupo de docentes, entre ellos el ideólogo de Sendero Antonio Díaz Martínez, suscriben comunicados exigiendo la liberación de quien luego fuera conocido como “Presidente Gonzalo’.
Hace unos meses, Tapia planteó sostener un debate de ideas con los abogados y voceros de Guzmán Reynoso (Alfredo Crespo y Manuel Fajardo), pero la Universidad San Marcos se opuso."

Se debe recalcar que posteriormente, en el año 2001 Sendero Luminoso sugiere a Carlos Tapia como "Comisionado de la CVR", inexplicablemente el gobierno de Toledo acepta conociendo su pasado de izquierdista radical y antimilitarista. El actual Presidente Ollanta Humala recibió desde el 2006 el apoyo de Tapia a su candidatura. Incluso, en el actual gobierno trabajó como asesor por unos pocos meses hasta quefue expulsado del mismo.

El siguiente artículo de Carlos Tapia fue publicado el día miércoles 21 de abril de 1982 en el Diario de Marka (vocero oficial de Sendero Luminoso) en el mismo Tapia justifica y se declara partidario de un "proceso revolucionario" en Perú utilizando "la lucha armada" como medio para llegar al poder:

La tarea es “acumular fuerzas”
Imagen 02: Foto de Carlos Tapia tomada este año luego de su expulsión del gobierno humalista.
Autor: Carlos Tapia (MIR)
En 1965, nuestro partido, el MIR histórico, consideró conveniente, en base al análisis político de la época, iniciar un proceso de lucha armada. Tuvo tres guerrillas: la Túpac Amaru en Junín, la Manco Cápac en el Norte y la Pachacútec en Mesa Pelada bajo la dirección del comandante Luis de la Puente. El enemigo las enfrentó con una estrategia militar global: la guerrilla del Norte fue copada con 5 mil soldados de la Iª región y contó con el apoyo de fuerzas del ejército ecuatoriano. El cerno y aniquilamiento posterior de la guerrilla Túpac Amaru – que combatió durante 6 meses, obteniendo triunfos como en Yahuarina y Púcuta – fue hecha con fuerzas combinadas, con empleo de napalm y efectivos contrainsurgentes, especialmente formados en el Canal de Panamá y la intervención directa de asesores militares norteamericanos.
Después de la derrota, el partido analizó la experiencia. Es conocido que sufrimos una crisis interna, de lucha de posiciones diferenciadas que llevan a la ruptura de la dirección central. Su reconstrucción ha demandado un proceso de lucha contra el sectarismo, el dogmatismo y el hegemonismo.
Pero la mejor forma que hemos tenido para desarrollar esta lucha fue el de reencontrarnos con el trabajo de masas, porque allí es donde los esquemas se estrellan; y donde nos podemos nutrir y encontrar el camino para poder desarrollar el proceso de legitimación en las masas de la violencia revolucionaria, que es un problema central para la revolución peruana y que no es igual a la lucha armada.
Porque se puede realizar lucha armada y no legitimar la violencia. Si no, veamos la experiencia de los países del Cono Sur. Por ejemplo, en Argentina, los compañeros Montoneros se dieron el lujo de copar cuarteles de la envergadura, lo que acá sería la división blindada, pero esto no hizo avanzar la revolución allá, como lo reconocemos ahora.
El camino de legitimación de la violencia está íntimamente ligado a la capacidad de la vanguardia de entroncarse con el movimiento de masas. Esta es la piedra angular para saber si la lucha armada, en este terreno, permite o no acumular fuerzas revolucionarias.
En el Perú actual, a 18 años de finalizar el siglo, la concepción estratégica de la toma del poder, la conquista de una nueva hegemonía de la clase obrera sobre el conjunto de la sociedad es mucho más complejo que el solo hecho de la lucha armada, aunque esta sea un aspecto esencial. Por lo que nos parece sumamente unilateral en la actual sociedad peruana querer absolutizar un solo método de lucha revolucionaria y enfrentarlos a otros.
Para hacer la revolución en el Perú y en los países de América del Sur, sustantivamente diferentes a los de Centroamérica, existen cuatro ejes de acumulación de fuerzas. Primero, la revolución se realizará cuando la mayoría, o en todo caso amplios sectores del pueblo, estén ganados a las ideas revolucionarias. Las acciones revolucionarias tienen que estar absolutamente claras para las masas. Solo así sirven para cohesionar al movimiento popular.
Un segundo, es la generación del poder popular. Que significa la articulación de las organizaciones naturales de las masas (frentes, gremios, etc.) a un proceso histórico de encuentro con la violencia revolucionaria, como respuesta a la violencia del Estado, que trata así de restringir sus legítimos derechos.
Y esto es base fundamental para que la revolución no se reduzca simplemente al asalto del poder, sino que tenga bases revolucionarias constituidas antes de ellos, con las que podamos garantizar la democracia revolucionaria. Y que no ocurra después que a nombre de la clase obrera se instaure un gobierno burocrático, que sin representar realmente sus intereses impida el ejercicio de la real democracia.
Pero, por otra parte, sin dirección revolucionaria no es posible que ocurra este encuentro histórico. Y esa dirección se forja al calor de la lucha, no en el de la simple polémica.
El tercero, es el de la generación de un proyecto nacional alternativo. Tenemos que crear una nueva concepción de la construcción del socialismo en el país, que no sea calco ni copia. Y no vamos a poder hacerlo si nuestro programa y doctrina la extraemos dogmáticamente de los clásicos del marxismo. Lo tenemos que hacer a partir de las constataciones prácticas de sus principios generales en nuestra lucha revolucionaria. Sin un proyecto nacional es imposible lograr la hegemonía, pero para construirlo se necesita tener una supremacía intelectual, cultural. Esta una experiencia puesta en el tapete de la historia por la revolución nicaragüense. Hay que conseguir derrotar, también, ideológicamente a la burguesía.
Un último factor de acumulación tiene que ver con la interdependencia continental de nuestra lucha. No puede haber revolución triunfante en el Perú si la situación de los países limítrofes sigue como está. Ahí tenemos la experiencia de los revolucionarios del FMLN, que no pueden desarrollar su ofensiva final porque si lo hacen interviene el imperialismo yanqui.
La articulación de estos cuatro niveles de acumulación de fuerzas permite el desarrollo del proceso revolucionario, dentro del cual la lucha armada es un factor. Si no tomamos en cuenta estos cuatro niveles de acumulación de fuerzas, la lucha armada, por si sola puede o no tener contenido revolucionario, puede o no servir para acumular fuerzas.
De otro lado, si criticamos a Sendero Luminoso por su aislamiento de las masas, Izquierda Unida tiene que demostrar que con las masas podemos derrotar la política reaccionaria de Belaunde. Si no ¿con que autoridad moral podemos decir que camino, que alternativa está sobre el tapete?
Y así como consecuencia de la lucha perdemos ciertos espacios democráticos conquistados, después los recuperaremos. No queda otra alternativa en la actual coyuntura, que organizar un vasto movimiento de masas con una plataforma concreta que permita derrotar el programa económico del gobierno. Por primera vez el Sr. Belaunde, desde que subió a la presidencia, está en el ojo del combate popular, al ser el principal defensor del actual premier y ministro de Economía. Solo así es posible generar la confianza en el movimiento popular de que es posible, uniéndose, hacer retroceder al enemigo de clase y lograr acumular fuerzas para la izquierda y el movimiento popular.

¿Ustedes creen que tener un personaje asi en una Comisión de la Verdad sobre el terrorismo en Perú garantiza imparcialidad, objetividad e independencia en sus conclusiones? Particularmente yo lo dudo mucho

Frank Keskleich Torres

Cateriano: No hay consenso para aumentos a militares y policías

Gabinete ministerial recién evaluará tras facultades legislativas
El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, se desmintió a sí mismo, cuando dijo que, luego de conseguir que el Congreso le permita hacer leyes sobre sueldos y pensiones de las FFAA y la PNP, se debatirá la forma de hacerlo. Hace solo dos días decía todo lo contrario, incluso sobre respetar la pensión renovable y la Caja de Pensiones Policial-Militar.
Añadió que el pedido de atribuciones legislativas iba a ser “un acto de confianza del Parlamento que renuncia temporalmente a ejercer su función para que la asuma el Ejecutivo mediante decretos legislativos”.
Cuando decía esto, deslizó que él no sabía qué iba a ocurrir luego de que –eventualmente– logre su objetivo en el Congreso. “Que el Parlamento apruebe la ley autoritativa y que luego, en base a esa delegación de facultades, el Gabinete debata esos aspectos”, admitió.
Cateriano habló sobre el ánimo del personal en actividad y la falta de información sobre la propuesta que anunciaba el Ejecutivo, y aseguró que “no se hacía para vejar a las Fuerzas Armadas ni vulnerar derechos. Es un esfuerzo económico para lograr este aumento salarial, que es necesario”.
En una entrevista anterior dijo que el proyecto sobre las remuneraciones y pensiones de militares y policías se trabajará no solo en función de lo que planteará el ministro de Economía.
Afirmó también que el aumento para los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía es un asunto “urgente y prioritario” y negó, además, una eventual liquidación de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP).
“Consideramos que es un asunto urgente, un asunto prioritario y que ha sido postergado largamente. Había que adoptar una decisión política para enfrentar este problema y no seguirlo postergando más; pero con una salida legal que tenga una base constitucional”, explicó.
Cateriano también negó una eventual liquidación de la CPMP y afirmó que la situación pensionaria para los militares y policías está siendo trabajada con criterios técnicos, pero refirió que esa institución debe ser manejada con criterios gerenciales y no ser dirigida solo por militares.
El titular de Defensa puntualizó, asimismo, su vocación al diálogo con todos los componentes de su sector, y mencionó que en los últimos días sostuvo reuniones con almirantes y generales.

Proyecto de gremios militares y policiales ingresa para su rápido debate en Congreso

César Rojas
Lo presenta bancada Acción Popular-Frente Amplio
Cuando el Poder Ejecutivo pretende conseguir facultades extraordinarias para cambiar las leyes de sueldos y de pensiones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el proyecto que mantenía la pensión renovable, y que fuera ignorado por el presidente Ollanta Humala hace tres meses, entró al Congreso de la República para su debate.
La bancada de Acción Popular-Frente Amplio hizo suya –a iniciativa de Yonhy Lescano– la propuesta de cuatro asociaciones que integran el Frente de Lucha Militar-Policial. Como se recuerda, este documento se presentó en el mes de mayo en Palacio de Gobierno, junto a un pedido de audiencia, que el mandatario nunca respondió.
Este proyecto de las FFAA y PNP consta de 23 artículos junto a doce disposiciones finales y una transitoria. Se basa en el que presentara el año pasado el general EP Daniel Mora cuando era ministro de Defensa, actualizando algunas cifras y porcentajes, así como evitando recortar el Decreto 213-090, a fin de conservar la pensión renovable.
Se especifica que este derecho previsional es válido, como compensación del recorte de otros derechos, como la libertad de expresión, la sindicalización, la jornada de ocho horas con pago por tiempo extra, elegir lugar de residencia, etc.
El documento propone unificar los 36 conceptos remunerativos en una bonificación especial para activos, a fin de no desnaturalizar la equivalencia entre grados.
En el artículo 27 se indica una escala de remuneraciones que termina con la brecha salarial en tres tramos, tomando como referencia el decreto de “topes salariales” del 29 de diciembre del 2006.

martes, 7 de agosto de 2012


FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA.


ROXIN Y JAKOBS: UN DEBATE BAJO LA LLUVIA DE LIMA
 
Para cualquier penalista respetable, saber que los profesores Claus Roxin y Gunther Jakobs vendrán a Lima a participar y debatir en un seminario debe darle la misma sensación que tendría para un hincha del futbol  saber que vienen a jugar el Barza y el Real Madrid, o para un amante de la ópera saber que cantarán juntos Plácido Domingo con Juan Diego Flores. Y es que el debate que desde años sostienen Jakobs y Roxin sobre la teoría de la autoría mediata tiene el mismo sabor que un clásico del fútbol de la mejor calidad, o que una gran ópera de Wagner, de la cual el debate entre San Martín y Villa Stein queda como un pobre símil de “Yo Soy”.
 
 Cuando se hizo público el fallo contra el ex presidente Alberto Fujimori respecto a los casos La Cantuta y Barrios Altos, el tema más controversial no fue –como pudiera esperarse- la extensión de la pena aplicada sino el fundamento de la misma, esto es, la afirmación de que dentro del Estado peruano se había constituido, dentro del período de lucha contra el terrorismo, un “aparato organizado de poder” para desarrollar determinadas acciones delictivas que dependía de manera final, a través de una cadena establecida de mando, del Presidente de la República.  Y si bien para muchos la figura de declarar culpable a un jefe de Estado por un delito cometido por una organización paramilitar era novedosa para muchos, ella en realidad es bastante antigua y tiene su origen y desarrollo en el debate sostenido por dos corrientes de pensamiento, representadas por Claus Roxin y Gunther Jakobs.
 
En realidad, esta figura –conocida formalmente como la teoría de “la autoría mediata por dominio de organización”- fue elaborada inicialmente por el profesor de la Universidad de Munich, Claus Roxin, en 1963 para poder juzgar a Adolf Eichmann, jefe operativo y uno de los arquitectos del holocausto judío de la II Guerra Mundial. Como se sabe, el autor intelectual del holocausto fue Adolf Hitler, quien delegó la responsabilidad de la ejecución de su plan a las SS de Himmler, bajo la organización del día a día a cargo de Eichmann. Durante el juicio de Nuremberg, las SS fueron declaradas una organización criminal, concepto que nunca antes se había aplicado a una entidad pública y que era legalmente parte de un Estado.
 
Por su parte Eichmann –quien fue llevado a juicio posteriormente en Israel luego de ser secuestrado por el Mossad en Argentina- asumió como principal argumento de su defensa la noción de que él era simplemente una tuerca más del aparato criminal creado por Hitler y que no tenía alternativa distinta a seguir las órdenes de sus superiores, dado que no podía alegar que desconocía lo que estaba ocurriendo. Por ello, y para declararlo culpable, surgió la teoría de la autoría mediata por ser miembro de un "aparato organizado de poder". Esta consiste en atribuirle culpabilidad a un miembro de una organización aunque éste no haya sido ni el autor intelectual ni el material de los hechos, bastando tener cierto control mediato de la organización. Bajo esta nueva interpretación, el tribunal israelí condenó a muerte a Eichmann. Como esta pena no existía en Israel, se reformó la Constitución de ese país para ponerla en vigencia durante 24 horas, de tal suerte que Eichmann pudiera ser colgado.
 
En Latinoamérica, una de las primeras recepciones jurisprudenciales de la teoría roxiniana se produjo en Argentina con motivo del juicio a la junta militar iniciado en 1983, siendo introducida por el Fiscal  Juan Carlos Strassera. Se dice que Strassera estuvo en la casa de Claus Roxin para finiquitar la aplicación de la teoría de los aparatos de poder organizados, y además pidió lo que denominó “responsabilidad por Juntas”, a fin de que las Tres Fuerzas Armadas que eran sometidas a proceso respondieran colectivamente por los delitos cometidos por todas ellas en su conjunto. Sin embargo, el tribunal sólo receptó la responsabilidad de cada fuerza armada.
 
El Fiscal Strassera introdujo la teoría roxiniana fundamentada en el art. 45 del Código Penal Argentino, que en su último parte extiende la pena prevista para el autor a quien determine directamente al mismo, y también en el art. 514 del Código de Justicia Militar de ese país, que señala “cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable, sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiere excedido en el cumplimiento de dicha orden”. Gracias a ello, la Cámara Federal que juzgó a la Junta Militar reconoció la existencia de autoría mediata a través de aparatos de poder organizados en forma militar. Sin embargo, la Corte Suprema revocó la adhesión de la Cámara Federal a la teoría de Roxin, condenando a los comandantes como partícipes primarios y no como autores mediatos, pues extraer la ‘autoría mediata’ del art. 45 implicaba (para el Tribunal Supremo) “una dilatación del concepto de instigador… una ilegal extensión de la autoría”.
 
Todas estas derivaciones de la doctrina de Claus Roxin no han estado exentas de críticas. Entre ellas, resalta el cuestionamiento hecho por el profesor Gunther Jakobs respecto al uso de la figura de teoría mediata para el caso de los crímenes cometidos por el gobierno nazi. Al respecto, si bien Jakobs señala que “no se puede dudar, teniendo en cuenta la dinámica de grupos, de la situación de superioridad de quienes ordenaron la muerte de judíos”,  agrega sin embargo que apreciar algo como una autoría mediata “es tan superfluo como nocivo”, inclinándose por la figura de la coautoría.
 
Concretamente, Jakobs señala que en la comisión de un delito, al igual que cualquier autor puede valerse de instrumentos mecánicos para su accionar delictivo, se pueden ‘usar’ a otras personas de la misma forma, pero no como objetos inertes, sino como personas actuantes, a través del error o la coacción. Señala que la característica fundamental de la autoría mediata de Roxin, la idea de una “responsabilidad predominante del autor mediato en virtud de su superior dominio de la decisión”, lo que hace es variar el objeto de instrumentalización, pasando de la persona humana a un aparato organizado de poder, convierte al ejecutor en algo fungible y anónimo. El resultado de ello es que toda responsabilidad del ejecutor es eliminada para ser colocada sobre los hombros del autor mediato. Sin embargo, ello implica también que, en muchas ocasiones, el ejecutor no actúa por error o coacción, sino que sabe perfectamente cuál es el significado penal de sus actos, por lo que debe ser considerado plenamente responsable. El ejecutor no puede quedar exento de responsabilidad por el solo hecho de ser un engranaje cambiable de la maquinaria delictiva. Jakobs concluye así  que “desde el momento en que el concreto ejecutor es plenamente responsable, cierra toda eventual consideración del mismo como instrumento (…) por lo que no podría existir un “autor mediato”, calificación que necesita de alguna forma de instrumentalización para la denominación de “mediato”.
 
En 1998, Roxin le contestó a Jakobs en el marco de un seminario desarrollado en Huelva (España), señalando que del Código Penal español y alemán se desprende que la coautoría exige la resolución conjunta de cometer el ilícito, algo que en los delitos del nazismo no existe. En la autoría mediata por aparatos organizados de poder, el ejecutor y el autor de escritorio “no deciden nada conjuntamente ni tampoco se sienten situados en el mismo nivel: El que actúa ejecuta una orden, esto es precisamente lo contrario a una resolución conjunta”. Así, Roxin refuta la teoría de la coautoría al señalar que mientras en este caso el inductor debe realizar una serie de recaudos frente al hecho que realizará el ejecutor (preparación, convencer al autor, etc.), en el caso de la autoría mediata existe una ausencia de dichos recaudos, dado que el autor de escritorio ‘usa’ una estructura que facilita la comisión delictiva.
 
Lo cierto es que, hasta hoy, en debate entre Jakobs y Roxin es un debate inacabado, habiéndose reproducido en cada uno de los países en los que se ha buscado llevar a juicio a funcionarios de alto rango vinculados, de una u otra manera, en delitos cometidos por organizaciones que actúan al margen de la legalidad. Curiosamente, en el Perú la teoría roxiniana fue aplicada en el juicio contra Abimael Guzmán, donde no fue objeto de cuestionamiento alguno, mientras que su aplicación en el caso del ex Presidente Alberto Fujimori sí mereció una serie de críticas. Ello muestra que este debate, tal como ocurrió en el caso del nazismo, no puede hacer ajeno a las circunstancias históricas y políticas en las que se desenvuelve. Ello hace del debate que van a sostener estos autores aquí en Lima algo igualmente histórico, cuyo eco seguramente seguirá trascendiendo las decisiones que sean tomadas dentro de nuestro sistema penal.

Asesino de Wisconsin era un exsoldado

Lunes 06 de agosto del 2012 | 08:44

También se presume que pistolero confundió comunidad religiosa sikh con musulmanes. Ayer mató a seis personas y él fue abatido.

Creen que fue un crimen por odio. (Reuters)
Creen que fue un crimen por odio. (Reuters)
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Un funcionario federal reveló hoy que un exmiembro del Ejército estadounidense, Wade Michael Page, fue quien presuntamente realizó el tiroteo en un templo sikhen Wisconsin que cobró seis vidas. El sospechoso también murió en el incidente.
El funcionario pidió no ser identificado al señalar que no estaba autorizado a hablar públicamente mientras la investigación sigue en curso. Por su parte, el Pentágonodijo que era un exsoldado especializado en operaciones psicológicas.
Las autoridades investigaban los móviles del ataque en el templo, en el suburbio de Oak Creek (Milwaukee), que la Policía describió en principio como un acto local de terrorismo.
El atacante probablemente confundió a la comunidad religiosa con musulmanes, según declaran miembros de la minoría a The New York Times.
“Todos aquí creen que fue un crimen por odio”, cita el periódico a un sikh de la región identificado como Manjit Singh. “La gente cree que somos musulmanes”.
El sijismo es una fe monoteísta fundada en el sur del Asia hace más de 500 años. Cuenta con unos 27 millones de fieles en el mundo. Hay casi medio millón de sikh en Estados Unidos. En el resto del mundo, la mayoría vive en la India.