(Editorial) Mordaza a encuestas electorales

Sábado 23 de octubre de 2010 - 08:03 am

Mientras Lima sigue sin saber quién será su nueva alcaldesa, cada vez son mayores las críticas que recaen sobre la actual ley del “silencio electoral”. Estamos frente a un asunto que demanda la acción del Congreso, pues, como se sabe, la difusión de las encuestas solo pueden darse hasta una semana antes de los comicios.

Dicha prohibición tiene que levantarse o, en su defecto, flexibilizarse para que las encuestas puedan publicarse por lo menos 24 horas antes de la elección. La llamada ley mordaza ha probado su ineficacia por varios motivos. En primer lugar, porque no permite que los votantes tengan una visión clara sobre los escenarios políticos reales y existentes ad portas de una votación. Por el contrario, se contribuye a generar suspicacias y a elevar el grado de desconfianza sobre los resultados finales y la transparencia de los organismos electorales.

Ejemplo de lo que referimos es lo sucedido en las elecciones a la Alcaldía de Lima. Una semana antes, el domingo 26 de setiembre, Ipsos Apoyo S.A. reportó en el programa “Cuarto poder” de América Televisión que Susana Villarán tenía 40% de las preferencias electorales, Lourdes Flores 28% y Humberto Lay 8%. A partir de ese día rigió el silencio electoral y la población no tuvo acceso a nueva información. Ocurrió que para la noche anterior a la votación, el escenario había cambiado dramáticamente: el sábado 2 de octubre la encuesta confidencial de Ipsos Apoyo S.A. –que por ley los medios están prohibidos de difundir, bajo pena de multa– reveló que había un empate técnico: Villarán había bajado a 37,1%, mientras que Lourdes Flores había subido a 36,4%, apenas 0,7% las distanciaba. Solo un puñado de la población (periodistas, políticos, empresarios, medios) supo que esta iba a ser una competencia muy reñida, y que nada estaba dicho.

En un país donde los políticos suelen ‘inflar’ sus proyecciones para mantener la expectativa y recoger la confianza de militantes y electores, sería una contribución revelar la “foto” de último minuto. ¿No tienen acaso los ciudadanos derecho a información actualizada? ¿No es lo justo en un país donde los indecisos forman un conglomerado considerable y medular en los resultados?

¿Por qué privar a la gran mayoría de datos claros, transparentes y de primera mano? Compete al Parlamento corregir este veto que atropella el derecho a la información. No es la primera vez que la prohibición de la difusión de sondeos está en discusión. En las elecciones del 2000, a raíz de la confusión que causó la encuesta a boca de urna que dio como ganador a Alejandro Toledo en primera vuelta, el Congreso dijo que legislaría al respecto, compromiso que al cabo de 10 años aún no se cumple.