El presidente Alan García ha anunciado una reunión con los alcaldes recién elegidos para analizar el grave problema de la seguridad ciudadana y “poner a la policía al mando de los alcaldes”. ¿Qué alcances y limitaciones puede haber en esta propuesta?
Entendemos el grado de preocupación del Gobierno respecto de un problema que se agrava y toma carices más violentos y perturbadores. Sin embargo, por la misma razón, insistimos en la urgencia de replantear la política de seguridad ciudadana y establecer un plan de corto y mediano plazo, precisamente para no incurrir en la improvisación de los últimos años, como sucedió con la implementación de programas tan efectistas como fugaces (Patrullero de mi Barrio, Plan Telaraña, etc).
En tal contexto, el tema de la municipalización de la PNP ha sido propuesto y descartado más de una vez. A lo más que se ha llegado, con lógica y realismo, ha sido a sugerir una transferencia gradual de la Policía de Tránsito a los concejos provinciales.
Dicho esto, debemos reiterar que, dentro del marco constitucional y normativo del Estado Peruano, es primariamente una obligación del Gobierno y específicamente del Ministerio del Interior “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad” (art. 44 de la Carta Magna). A las municipalidades les corresponde “participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado” (art. 192), bajo el concepto de que “la ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana” (art. 195).
De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, estas deben “establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial”.
Estos enunciados, sin embargo, son solo eso. Los consejos de seguridad ciudadana, cuando se forman, se convierten en entidades burocráticas cuyas decisiones, por más buenas que sean, no son vinculantes, en tanto que la convocatoria a sesiones depende del carácter, humor o cálculo político del alcalde de turno.
En tal perspectiva, el anuncio del presidente podría entenderse como un llamado a dinamizar y reforzar la coordinación, pero eso requiere objetivos y planes precisos que orienten dicha acción a partir de modificaciones legales que dependen finalmente del Congreso.
Deben estudiarse normas para dar mayor peso institucional a estos consejos de seguridad ciudadana presididos por el alcalde y evitar, por ejemplo, que los servicios de serenazgo trabajen como compartimentos estancos, sin personal calificado y solo en algunas localidades con más recursos.
En cualquier caso, las atribuciones municipales podrían entrar dentro de los ámbitos de prevención, vigilancia, auxilio rápido, organización vecinal y apoyo a la readaptación. Empero, resulta evidente que la reducción de los niveles de criminalidad, robos, secuestros y pillaje, dependen y sobremanera, de los servicios de inteligencia y de investigación criminal de la PNP para desbaratar las bandas delincuenciales que planean sus fechorías desde las cárceles, lo que a su vez demanda una mayor asignación presupuestal y apoyo logístico a las fuerzas del orden.
Los jueces y fiscales, en tanto, deben asumir también su responsabilidad de aplicar la ley y dejar de ser timoratos o contemplativos para condenar, con máximo rigor, a quienes amenazan la integridad, la propiedad y la vida misma de los ciudadanos.
Se exige, entonces, una visión global e interdisciplinaria, que dé prioridad al liderazgo municipal, sin dejar de lado las competencias y responsabilidades inherentes a la Policía Nacional y otras entidades involucradas. Diálogo, puertas abiertas, intercambio de ideas, control de daños, revisión de normas y acciones concretas y coordinadas: esos deben ser los pilares de la primera reunión entre los representantes del Ejecutivo, el ministro del Interior, con los nuevos alcaldes, para empezar a torcer hacia abajo la amenazadora curva de crimen e indefensión.
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