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sábado, 23 de octubre de 2010

El IDL elaboraba pruebas a jueces para “calificarlos”



10-1Escandaloso conflicto de intereses denuncia presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía Ramírez.Eduardo Salas GuzmánEl presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía Ramírez, denunció ayer que los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) no sólo “capacitaban” en la Academia de la Magistratura (Amag) a jueces y fiscales para después pasarles la “factura” con los procesos que respondían a sus intereses personales, sino que elaboraban las pruebas para que éstos “aprobaran o no” los cursos impartidos.
Este escandaloso conflicto de intereses fue puesto sobre el tapete público por el titular del máximo organismo contralor de la Constitución Política del Estado, luego de que los representantes de dicha ONG progre cuestionaran de mala manera una denuncia anterior del tribuno Mesía Ramírez, hecha a través de EXPRESO.En esa oportunidad, el presidente del TC fustigó el hecho de que los representantes de la cuestionada ONG se convertían virtualmente en juez y parte porque, después de “enseñar” diversas materias jurisdiccionales a magistrados y fiscales, iban sin tapujos a litigar a los despachos de éstos para lo cual argumentaban que los procesos eran de “interés público”.“Modus operandi”Mesía Ramírez, en declaraciones formuladas ayer ante EXPRESO, recordó que los letrados de IDL David Lobatón, Juan Carlos Ruiz Molleda y Javier de la Rosa Calle, dictan hasta el momento clases en la mencionada academia, centro principal donde jueces y fiscales son capacitados, luego de haberse firmado un convenio entre la Amag, la Universidad Católica y el mismo IDL, por medio del representante de esta última institución, Ernesto de la Jara Basombrío.El “modus operandi” de los cuestionados “profesores” del IDL, según detalló el titular del TC, es hacer migas con los jueces y fiscales en ese lapso con la finalidad de buscar influencias en los organismos jurisdiccionales, de la que no se salvan ni las fiscalías capitalinas y del interior del país, “lo cual resulta peligroso para el buen desarrollo de los juicios por cuestiones obvias”.
EscándaloPero si lo anterior resulta por decir lo menos escandaloso, el máximo representante del TC consideró como algo mucho más grave el hecho de que esos mismos abogados del IDL elaborasen no sólo los exámenes a los que sometían a sus “alumnos”, sino que también “calificasen” las pruebas tomadas.
  

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