Vacío legal

Editorial EXPRESO

Es evidente que hay un vacío legal que permite que ex terroristas que no sólo no han renunciado explícitamente  a sus métodos sino que los siguen defendiendo y aplicando participen en elecciones democráticas. Ante eso, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ha señalado que su despacho está analizando el tema para de inmediato proponer un proyecto de ley que limite esta participación. El encargo legal ha sido hecho a la oficina de asesoría técnica del ministerio, la que deberá encontrar una fórmula que cubra este sensible vacío de nuestra legislación. La respuesta llega tras conocerse la formación de una alianza entre el Movimiento Amnistía y Derechos Humanos (Movadef), y el partido Etnocacerista liderado por Antauro Humala con miras a participar en las elecciones generales del 2011. Movadef, movimiento integrado por ex terroristas liberados, es –como se sabe– liderado por el abogado del cabecilla senderista Abimael Guzmán Reynoso, Alfredo Crespo, quien en ningún momento ha mostrado la más mínima muestra de arrepentimiento por su accionar subversivo; al contrario, él y sus secuaces de la Movadef, no han desperdiciado ocasión para señalar que su “lucha”  continúa y sólo ha ingresado a una nueva etapa. El país entero rechaza esa participación pues –como lo ha recordado la ministra Fernandez– sufrió las terribles consecuencias de los actos delincuenciales de los terroristas. Estuvieron y están contra el sistema democrático al que pretendieron y pretenden destruir, porque su consigna es la toma del poder por la violencia. Si no renuncian a esa concepción de manera pública y bajo estrictos criterios de validación no pueden participar y eso debería formularse legalmente. Hay antecedentes y experiencia internacional al respecto que debería ser analizada. La sociedad tiene derecho a protegerse contra quienes postulan su destrucción. El debate, el disenso, la crítica son naturales y bienvenidas en una democracia, pero el sabotaje terrorista bajo ropajes ideológicos o políticos, no. De eso debemos ser perfectamente conscientes. La democracia es fuerte en sí misma porque su esencia es la libertad pero eso no significa que no se proteja con las armas de la ley. Con el concurso técnico adecuado y el trabajo del Ministerio de Justicia, que necesita echar mano a ilustrativas experiencias de países que han sufrido por años el embate terrorista, necesitamos articular una respuesta efectiva ante este problema. El hecho de haber cumplido una condena no es garantía de que un sentenciado por terrorismo haya renunciado a sus métodos violentistas. Se necesitan otros requisitos que deben ser analizados y propuestos por el Minjus en el marco del mencionado proyecto de ley. La justicia es expresión de ciudadanía y de voluntad popular. El pueblo peruano, que sufrió las inclemencias y la barbarie desatadas por el terrorismo, no acepta que quienes lo promovieron y ejecutaron ingresen, así no, más, a la vida política activa. Es menester que la ley prevea un filtro, necesario para garantizar que ese terrorismo salvaje y homicida no vuelva a instalarse ni promoverse en el Perú.