¿Y aquí no pasa nada? Luis García Miró Elguera

No nos cansaremos de repetirlo para que quede cincelado en la opinión pública: Alejandro Toledo, Diego García Sayán, Salomón Lerner Febres, Beatriz Alva Hart, Rolando Ames Cobián, Luis Arias Grazziani, Enrique Bernales Ballesteros, Carlos Iván Debregori, Humberto Lay, Gastón Garatea, Sofía Macher Batanero, Alberto Morote Sánchez, Carlos Taía García y Luis Bambarén Gastelumendi  son artífices del resurgimiento del terrorismo.  Toledo –fatuo e irresponsable ex presidente– y García Sayán –presuntuoso y sesgado ex ministro del toledato– manejaron el poder con animus jodendi para aniquilar todo rezago del régimen de Fujimori, sin interesarle un ápice que su soberbia los llevaría –como en efecto sucedió– a desguarnecer por completo a la sociedad, dejándola nuevamente a merced del senderismo.  Los otros –con el judío Salomón Lerner a la cabeza, gran pope de la progresía rentada por La Católica, ergo mecenas de las oenegés politizadas– usaron la maquinaria política de la izquierda de salón –fundamentalmente un gigantesco conglomerado mediático y la “Pontificia” universidad– para ponerse a las órdenes de la izquierda criolla e internacional que –ya estratégicamente infiltrada en las propias entrañas del gobierno de Toledo al cual subordinó a la corte supranacional de derechos humanos– ordenó vengar la derrota de sendero y el mrta por obra de un japonés que –en apenas dos años, con una clara legislación antiterrorista y un buen servicio de inteligencia– tuvo la osadía de acabar con un cuarto de siglo de tragedia nacional. Sin embargo esta gente –Toledo y su comparsa– no se quedó en la epidermis de la estrategia reivindicativa terrorista: usar al gobierno pelele como trampolín para derrotar en el damero político al Estado ganador. Un Estado que acabó con el terror usando una legislación efectiva, un servicio de inteligencia operativo y unas fuerzas de  orden público eficaces. Toledo y su combo fueron pues muchísimo más allá, porque encima de anular la legislación antiterrorista desprestigiaron a nuestros soldados y policías –acusándolos de genocidio perpetrado contra los luchadores sociales de sendero y el mrta–; y dinamitaron desde sus cimientos el servicio de inteligencia nacional –colocándolo ante el imaginario popular como el peor enemigo del Perú, muy por encima de los terroristas idealizados y caricaturizados por la izquierda de salón como seres humanos “decididos a cambiar el orden injusto que impera en el país”–. Pero la temeridad de Toledo no fue sólo dejar indefensa a la sociedad, sino que su régimen –puesto al servicio de una izquierda desesperada por vengar a sus pares de sendero luminoso y el mrta– permitió los siguientes gravísimos perjuicios al Estado peruano: 1) anuló todos los juicios dictados por el Tribunal Militar autorizados por ley del Congreso;  2) dejó sin efecto miles de condenas a cadena perpetua impuestas por jueces sin rostro del Poder Judicial que actuaban bajo ese mecanismo para proteger sus vidas y las de sus familias; 3) permitió que miles de condenados por terrorismo salieran de las cárceles acogiéndose a beneficios penitenciarios vetados para actos genocidas. Por último los senderistas y emerretistas no sólo dejaron las cárceles antes de tiempo, sino que lo hicieron sin pagar la reparación económica que les impuso la Justicia –6,000 millones de soles que siguen pendientes–; y encima recibieron sendos millones de dólares como indemnización pagados por el Estado por orden de la CIDH. ¿Es posible, que Alejandro Toledo y su combo permanezcan impunes ante este crimen social?