Jueves 25 de noviembre de 2010 - 07:02 am
La abrupta y escandalosa salida de Fernando Barrios del Ministerio del Interior motiva una seria reflexión sobre lo que puede estar pasando en un sector de un gobierno a punto de finiquitar.
Desde el punto de vista moral y ético, sorprende que un político de trayectoria –cuyas dotes de gestor público eran reiteradas por el oficialismo desde su nombramiento como presidente de Essalud en el 2006– haya aceptado o, peor aun, promovido una indebida liquidación de 180 mil soles por concepto de ‘despido intempestivo’. Más sospechoso aun es que su eventual aceptación de culpa se haya producido solo después de que el caso fuera denunciado por el diario “Perú.21”. ¿Y qué hubiera pasado si la prensa no publicitaba la denuncia? A propósito, ayer se anunció la salida de la viceministra Edelmira Barrantes, que recibió 64 mil soles por el mismo concepto y cuya permanencia era insostenible.
Más allá del caso particular, se abre aquí un abanico de sospecha sobre la gestión en entidades como Essalud y el sector Interior. Con buenos reflejos, la contraloría ha anunciado que iniciará una operación de fiscalización, cuyos resultados deben ser publicados. Es urgente investigar y determinar si el mismo esquema de ‘liquidación’ podría estar aplicándose en otros organismos públicos, lo que ameritaría denuncia penal y sanción severa.
Como telón de fondo aparecen la lacra de la corrupción y la postergada reforma del Estado, que debe retomarse para encauzar la carrera pública, de modo que los trabajadores tengan trayectoria profesional, formación ética y vocación de servicio. Complementariamente, tiene que revisarse el nombramiento de funcionarios de confianza y relanzar el programa de formación de técnicos de primer nivel, a cargo de Servir.
En cuanto al Ministerio de Interior, resulta sintomático que sea el sector con mayor recambio de timón: 6 ministros en 52 meses, es decir un ministro cada 8 meses y medio. Esto confirma que se trata de un sector complejo, pero también que el Gobierno no ha sabido escoger bien a los ministros ni tampoco trazar una política de Estado integral, coherente y efectiva para afrontar el gravísimo problema de la inseguridad que, junto con la corrupción, es la mayor preocupación de la mayoría ciudadana.
Hemos visto con estupor cómo cada ministro ha ensayado programas con nombres rimbombantes y se ha enfrascado en deshacer lo hecho por su antecesor, mientras la violencia criminal arrecia, al punto de convertir Lima en una de las ciudades más inseguras de la región, con grave riesgo para la vida y la propiedad.
En tal escenario, se ha nombrado como ministro al general Miguel Hidalgo, de notable trayectoria profesional, pero a quien se ha involucrado en casos de inconducta por uso de un vehículo oficial para fines particulares y en el escándalo de BTR y ‘petroaudios’, lo que deberá aclarar en las instancias correspondientes.
¿Qué podrá hacer en el poco tiempo que resta de gestión? ¿Solo visar la transición al próximo gobierno? Lo que la ciudadanía reclama es una urgente y firme reacción, coordinada con regiones y municipalidades, para devolver rumbo y consistencia al sector, con lo que se puedan desarticular las bandas de ladrones y secuestradores que siguen operando con indignante impunidad
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