Viernes 26 de noviembre de 2010 - 07:04 am
Por enésima vez debemos llamar la atención sobre el extremo desorden de la planilla pública. ¿Tendremos que esperar un nuevo escándalo de remuneraciones o liquidaciones indebidas para que los poderes Ejecutivo y Legislativo reaccionen y asuman su responsabilidad?
Efectivamente, desde el retorno de la democracia todos los gobiernos y congresos –también el actual– han prometido poner orden en la empleocracia estatal, pero finalmente todo quedó en promesas de balcón. Seguimos conviviendo con un sistema público tan confuso como inequitativo, despilfarrador, ineficiente y que además es caldo de cultivo para la corrupción.
Nadie sabe cuántos empleados públicos hay, lo que se explicaría –mas no justificaría– en el voluntarismo y arbitrariedad de los últimos gobiernos, sea por razones clientelistas (creando nuevos puestos para pagar favores políticos), o por facilismo o indolencia, ante lo complejo y monumental del problema.
Esto ha dado lugar a que el Estado Peruano opere por lo menos con tres regímenes laborales, donde algunas entidades se someten al marco laboral privado, en tanto que otras recontratan cada tres meses a los trabajadores, con diversas bandas salariales, lo que además de desordenado es sumamente injusto.
En cuanto a eficiencia, en lugar de reforzar las iniciativas para captar a profesionales de primer nivel, estas han sido relegadas por un equivocado discurso populista que puso topes a las remuneraciones. Así hoy un buen gerente, al que el sector privado le paga 10 veces más, difícilmente será atraído por el sector estatal.
A esto se agrega otro elemento distorsionante: la intervención de entidades internacionales, como el PNUD y otras, que cubren remuneraciones discrecionales para un sector de empleados, lo que constituye un atajo para burlar el corsé legal, pero finalmente tendrá que ser asumido por el Estado con comisiones extras.
Como puede verse, los criterios de orden, unidad, transparencia, servicio al ciudadano, eficiencia y meritocracia, que debían ser los puntales de la reforma de la empleocracia, continúan siendo totalmente vapuleados. El Estado, entonces, pierde su razón de ser y se mueve en un mar de inercia y mediocridad, donde la falta de supervisión y fiscalización promueve la corrupción.
Como se informó en la reciente CADE, entre el 10% y 15% de las compras estatales se encarece por las coimas, lo que es escalofriante. ¿Y qué pasó con el anunciado sistema de compras unificadas sectoriales y con los portales web de transparencia, que muy pocas dependencias actualizan?
Tal estado de cosas, que amenaza la viabilidad del Estado y la gobernabilidad, no puede continuar. Se necesita voluntad política del Gobierno para empoderar a Servir, de modo que pueda hacer un mapeo, exacto y preciso, de la situación actual y sugiera un plan de mejoras. A partir de allí este Congreso debe abordar la postergada reforma del escalafón y la política salarial del Estado, que tiene que ser retomada por el nuevo gobierno y la nueva representación parlamentaria el 2011 con absoluta prioridad.
Al respecto, se espera un deslinde firme de los candidatos en los debates de la campaña presidencial. Ningún proyecto de desarrollo nacional podrá fructificar con un Estado tan confuso e inepto como el que tenemos hoy.
No hay comentarios:
Publicar un comentario