¿Se imaginan la enorme cantidad de papel que se requiere para publicar en el Diario Oficial El Peruano las declaraciones juradas de los funcionarios?
En realidad, se debe de estar talando miles de árboles al año para que políticos y empleados cumplan con desgano con una obligación proporcionando al paso información incompleta que no sirve para lo que el requisito fue diseñado. Considerando la poca utilidad actual del ejercicio, deberíamos dejar esos bosques intactos.
Recordemos que el objetivo de la declaración jurada es poder determinar si ha ocurrido un injustificado incremento patrimonial durante el ejercicio de una función pública o a lo largo de una determinada gestión. Sin embargo, muchos de ellos encuentran excusas procesales o recovecos legales para no proporcionar la información completa.
Por ejemplo, esta semana tuvimos el caso del congresista Cenzano, uno de los mayores deudores tributarios del país, cuyas empresas le deben a la Sunat más de quinientos millones de soles y que, sin embargo, lo único que declaró tener ese señor es su sueldo de parlamentario. No tiene ninguna otra renta ni es propietario de ningún bien sobre la tierra. ¿Cómo hará para sobrevivir si no es reelegido parlamentario? La verdad es que es bien poco creíble su declaración.
Por otro lado, el tener que publicar esa declaración jurada es uno de los principales obstáculos para poder atraer a gente exitosa del sector privado a que apoye, al menos temporalmente, al Estado, ya que al cumplir con esa obligación y hacer público el valor de su patrimonio terminan siendo candidatos al secuestro.
Así que, al final de cuentas, lo que tenemos es un requisito que parece correcto pero que no está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado y, más bien, se ha convertido en un gran inconveniente para poder lograr la colaboración en el aparato estatal de profesionales independientes y empresarios.
Sin duda, es absurdo. El honesto que cumple con informar se está exponiendo, mientras que el corrupto –con este procedimiento tan laxo– nunca va a ser identificado.
Por ello, sería importante que la Contraloría revise el procedimiento y asegure que toda la información es realmente proporcionada para que sea de verdadera utilidad la declaración jurada. Caso contrario, mejor que dejen de solicitarla y se salven los bosques que se están desperdiciando.
En realidad, se debe de estar talando miles de árboles al año para que políticos y empleados cumplan con desgano con una obligación proporcionando al paso información incompleta que no sirve para lo que el requisito fue diseñado. Considerando la poca utilidad actual del ejercicio, deberíamos dejar esos bosques intactos.
Recordemos que el objetivo de la declaración jurada es poder determinar si ha ocurrido un injustificado incremento patrimonial durante el ejercicio de una función pública o a lo largo de una determinada gestión. Sin embargo, muchos de ellos encuentran excusas procesales o recovecos legales para no proporcionar la información completa.
Por ejemplo, esta semana tuvimos el caso del congresista Cenzano, uno de los mayores deudores tributarios del país, cuyas empresas le deben a la Sunat más de quinientos millones de soles y que, sin embargo, lo único que declaró tener ese señor es su sueldo de parlamentario. No tiene ninguna otra renta ni es propietario de ningún bien sobre la tierra. ¿Cómo hará para sobrevivir si no es reelegido parlamentario? La verdad es que es bien poco creíble su declaración.
Por otro lado, el tener que publicar esa declaración jurada es uno de los principales obstáculos para poder atraer a gente exitosa del sector privado a que apoye, al menos temporalmente, al Estado, ya que al cumplir con esa obligación y hacer público el valor de su patrimonio terminan siendo candidatos al secuestro.
Así que, al final de cuentas, lo que tenemos es un requisito que parece correcto pero que no está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado y, más bien, se ha convertido en un gran inconveniente para poder lograr la colaboración en el aparato estatal de profesionales independientes y empresarios.
Sin duda, es absurdo. El honesto que cumple con informar se está exponiendo, mientras que el corrupto –con este procedimiento tan laxo– nunca va a ser identificado.
Por ello, sería importante que la Contraloría revise el procedimiento y asegure que toda la información es realmente proporcionada para que sea de verdadera utilidad la declaración jurada. Caso contrario, mejor que dejen de solicitarla y se salven los bosques que se están desperdiciando.
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